13-11-2015 El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acusó a los exgobernadores Ángel Heladio Aguirre y Rogelio Ortega de la terrible situación de inseguridad, violencia y falta de gobernabilidad que vive Guerrero. El nuevo gobernador, Héctor Astudillo, dice que las instituciones en el estado están desmanteladas, que sencillamente no funcionan. Tienen razón, tanto el secretario de Gobernación como el gobernador, pero mientras tanto Aguirre y Ortega se pasean tranquilos sin ser molestados ni investigados sobre el manejo del patrimonio del estado, su participación y responsabilidad en diversos crímenes, incluyendo, en el caso de Aguirre, el de Iguala.
Hablando de responsabilidades, el perredista Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, líder de Nueva Izquierda y encargado por su partido de Guerrero durante las pasadas administraciones locales, defiende a Aguirre y a Ortega, dice que ellos no fallaron, que “lo que falló fue el Estado mexicano”. Por cierto, a nadie le resulta extraño que 25 de sus alcaldes denuncien que han sido extorsionados por grupos criminales, cuando nadie de los otros partidos dice haber sufrido la misma presión. Lo único cierto es que el alcalde perredista de Cocula fue detenido departiendo, compartiendo alcohol y droga con el líder del cártel de Guerreros Unidos, Adán Zenen Casarrubias. Pero “lo que falló fue el Estado”.
Mientras tanto, en un palenque, el fin de semana, en una pelea de gallos clandestina, un tiroteo deja 12 muertos. Hay más en Acapulco, incluyendo exjefes policiacos y, además, se secuestra a la familia de un mando policial: los siete son asesinados, incluyendo dos niños, uno de meses y otro de siete años. Unos 50 asesinados se suman apenas el fin de semana pasado.
El miércoles, otra vez, un grupo de normalistas de Ayotzinapa (lo de normalistas es un decir, porque hace ya más de un año que no hay clases de ningún tipo en esa escuela, nadie estudia nada aunque el presupuesto de unos 50 millones de pesos anuales sigue llegando), que se trasladaban en siete camiones secuestrados, cerraron la autopista Chilpancingo-Tixtla para robarse una pipa con 40 mil litros de combustible. Como la policía trató de impedir que se llevaran la pipa, se enfrentaron con ella y hubo siete detenidos. En la noche, los dirigentes de los normalistas y sus grupos afines pedían la liberación de “los presos políticos” y explicaban que necesitaban los 40 mil litros de combustible que se querían robar con la pipa para los autobuses en los que se movilizan, varias decenas, todos robados, que tienen secuestrados dentro de las instalaciones de la normal.
Por cierto, la normal está custodiada por supuestos policías comunitarios, en realidad integrantes de grupos armados, sobre todo del ERPI, que utiliza armas de alto poder, en forma ostensible rifles de asalto, prohibidos por la ley. El gobernador Aguirre se los entregó a grupos, a los que describía como “buenos muchachos, con buenas intenciones”. Su sucesor, Rogelio Ortega, los fortaleció amnistiando a los líderes de los grupos armados que estaban presos, condenados por secuestro y asesinato. Pero el gobernador Astudillo, como mecanismo para reducir la violencia, le propone a los normalistas rentarles camiones para sus traslados, “de que de tal forma ya no los secuestren” (sic).
Muchos piensan, comenzando por los empresarios, que en realidad los buenos muchachos (Aguirre, dixit) de la normal venden la gasolina clandestinamente, de la misma forma que comercializan muchos de los productos y enseres que roban cuando secuestran tráilers o camiones de reparto. También han sido acusados por los sicarios detenidos de Guerreros Unidos, de proteger entre sus filas a integrantes del cártel de Los Rojos (enfrentamiento que está en el corazón de las muertes de la noche de Iguala), a lo que se sumó la grabación divulgada por Milenio en la que se escucha a dirigentes de la escuela reconociendo el peligro de que otro cártel, Los Ardillos (aliado a Guerreros Unidos), secuestre a estudiantes que son de Los Rojos y eso afecte su imagen pública.
Pero el subprocurador de derechos humanos de la PGR, Omar Betanzos, quien por alguna extraña razón se encargara de la investigación del caso Iguala, dice que “no hay indicio alguno” de que haya penetración del narcotráfico en la escuela de Ayotzinapa. No sé si habrá indicios, lo que hay son acusaciones, lo que debería ser más importante para la PGR. Pero mientras Betanzos dice que no, la SEIDO, la cual, aunque usted no lo crea, también pertenece a la PGR, dice que sí, que sí están investigando las relaciones de grupos criminales con la normal de Ayotzinapa.
En torno a Cocula e Iguala siguen apareciendo fosas clandestinas: se multiplican los cuerpos encontrados (mucho más del centenar) aunque se estima que en la zona hay entre 500 y 600 desaparecidos. La economía del estado, mientras tanto, se derrumba. Radiografía de Guerrero, un estado fallido.