10-12-2015 La insistencia por querer ser políticamente correcto desde el poder suele llevar a una disminución del propio poder en aras de esa supuesta corrección. No se puede gobernar sin asumir posiciones claras, sin defenderlas, sin confrontarse, sin tener que chocar contra intereses creados.
Hay temas en los que ser políticamente correcto termina generando costos muy altos. Un ejemplo es la investigación del caso Iguala. La Procuraduría General de la República, en época de Jesús Murillo Karam, hizo una muy importante investigación sobre el caso: detuvo a más de cien personas relacionadas con el secuestro y asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, entre ellos a doce autores materiales y a prácticamente todos los autores intelectuales, quienes además confesaron cómo y por qué mataron e incineraron a los jóvenes. En el lugar se encontraron restos humanos calcinados y dos de ellos fueron identificados por su ADN en el instituto de Innsbruck, como los de jóvenes que fueron desaparecidos ese día.
Se supo también cuál era la causa de fondo de estos hechos: la corrupción y el control por parte de un grupo delincuencial, Guerreros Unidos, de los municipios de Iguala y Cocula (y de por lo menos otros diez de la zona), y el enfrentamiento de éstos contra el cártel de Los Rojos, con presencia en la Normal de Ayotzinapa. Ese enfrentamiento ya había producido más de 600 muertos y desaparecidos antes de los hechos del 26 de septiembre. Ambos cárteles, con sus respectivas influencias políticas, se disputan el control de la zona que produce el 42% de la heroína que se consume en Estados Unidos.
Todo eso y mucho más se sabe desde hace un año. Pero se quiso ser políticamente correcto y no “victimizar” a los jóvenes a pesar de la creciente cantidad de ilícitos que han cometido en los últimos años y que han quedado impunes (como la muerte del trabajador de la gasolinería de Chilpancingo ocurrida hace exactamente tres años). Se dio a conocer pero no se defendió ese capítulo central y resultó que, en una evidente manipulación informativa, el culpable de las muertes no fueron grupos criminales con socios políticos en el municipio y el gobierno estatal, en la Normal y las policías locales (todos provenientes de fuerzas de izquierda), sino “el Estado”.
En otra vuelta de tuerca políticamente correcta, “el Estado” aceptó la coadyuvancia externa de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al que generosamente se le ha pagado ya dos millones de dólares, designados por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, donde la presencia de personalidades con una agenda muy identificada con los grupos de Ayotzinapa tampoco era ninguna novedad. Los expertos no han aportado hasta ahora un solo dato diferente al de aquella investigación de la PGR, salvo decir que en el basurero de Cocula no fueron incinerados esa noche los cuerpos de los jóvenes, basados en un peritaje de un experto peruano, que vive en Australia, que está especializado en la prevención de incendios forestales y que estuvo cinco minutos en Cocula, ocho meses después de ocurridos los hechos.
Pues bien, en lugar de defender su investigación, la PGR decidió ser aún más políticamente correcta, sacó de la investigación a la Seido, se la dio a la subprocuraduría de Derechos Humanos (algo inédito) y amplió el contrato (de eso se trata) del GIEI por seis meses más, les volvió a pagar otro millón de dólares y establecieron un acuerdo de diez puntos donde lo único importante es que se iba a organizar un nuevo peritaje en Cocula para determinar si hubo o no incendio y si se pudieron o no incinerar los cuerpos en ese paraje.
Cuando está a punto de iniciar ese tercer peritaje, el GIEI informó que ya no lo quiere, que no es necesario porque obtuvo fotos satelitales que demuestran que ese día no hubo incendio en Cocula, sí en otro lugar de Guerrero que no dio a conocer. Tampoco ha divulgado las fotos ni sus fuentes para obtenerlas. El problema es que, como dicen los verdaderos expertos en fotos satelitales, si está nublado o lloviendo (ese día en Cocula ocurrieron a diferentes horas las dos cosas) simplemente no se puede saber a través de ese tipo de fotos si hubo o no un incendio: no se pueden observar ese tipo de fenómenos. También el GIEI le reprocha al gobierno que la PGR haya interrogado a militares del batallón que está en Iguala, sin que ellos participaran. Pues resulta que desde el inicio la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que sus elementos están a disposición del MP federal y de las autoridades, pero no de una instancia sin fuero alguno para realizar interrogatorios de ese tipo. El GIEI no tiene por qué interrogarlos.
El GIEI, en un año de trabajo, ha tenido un solo hallazgo significativo en el caso Iguala, pero ha contribuido, eso sí, a manipular la investigación. Y por lo pronto, en forma bastante poco políticamente correcta, sigue cobrando millones de dólares que salen del dinero de los contribuyentes.