15-12-2015 Concluirá hoy en la noche el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y si esta vez no hay cambios notables, deberá quedar aprobada la ya en dos ocasiones aplazada Reforma del Distrito Federal que se convertirá en el estado 32 con el nombre de Ciudad de México.
Es un logro político muy importante para Miguel Ángel Mancera que le dará una configuración nueva, distinta, a la ciudad y en la cual el mayor desafío será que la misma funcione como tal, con servicios centralizados y eficientes en seguridad, agua, electricidad, basura, movilidad, sin que las delegaciones, convertidas ahora en municipios, terminen balcanizando la ciudad. El gran cambio puede ser, por el contrario, un manejo de la ciudad con la lógica de un estado, que en términos presupuestales y de programas desde sociales hasta de infraestructura, pueda gobernarse con mayor autonomía y políticas públicas sustentables.
De todas formas, el desafío de crear un nuevo estado, de establecer con claridad su Constitución y de especificar los mecanismos que le permitan conservar la sede de los poderes de la Unión, con la responsabilidad y obligaciones que conlleva, serán algunos de los grandes temas de la asamblea constituyente, cuyos integrantes se tendrá que elegir en junio próximo.
Es un gran tema para cerrar el periodo ordinario de sesiones luego de la elección efectuada la semana pasada de los ministros Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández. Ambos iniciaron su periodo de 15 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual concluye el 10 de diciembre de 2030. No puedo comprender la lógica de quienes han descalificado a los dos nuevos ministros: ambos tienen décadas de experiencia, se han especializado en áreas muy específicas de la labor judicial, han trabajado a lo largo de los años con distintas administraciones tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo, Laynez en particular ha asesorado al propio Congreso para sacar adelante complejos temas fiscales y jurídicos. ¿Qué querían esos críticos? Su cuota partidaria, colocar a alguno de los suyos, a pesar de que han repetido tanto aquello de que no querían cuotas ni cuates.
Son, paradójicamente, casi los mismos que defienden a Santiago Nieto en la Fepade y que no ven ningún conflicto de interés en que el fiscal haya ocultado el que haya sido asesor de un partido político o que haya violado garantías en una averiguación previa. Me parece que tenemos una buena Suprema Corte, con una configuración diferente a la del pasado, en el sentido de que existen en ella menos figuras (en el mejor sentido de la palabra), pero más especialistas en diferentes áreas.
Concluye el año también con la primera evaluación magisterial en la que han participado 132 mil maestros. Es un muy buen primer paso de la Reforma Educativa que constituye, a su vez, una demostración de la debilidad real de la Coordinadora y de su incapacidad de operar de alguna forma distinta que no sea a través de la fuerza y la violencia. Sus actos de violencia han costado hasta muertos (provocados por ellos mismos), pero no han dejado una sola propuesta de debate o mejora. Quizás lo más importante es eso: que los maestros quisieron participar y lo hicieron en forma masiva a pesar de amenazas y agresiones.
Es un gran primer paso para la reforma más importante aprobada en los últimos años y que se deberá agigantar en el año próximo. No es, como ha dicho, quizás matizándolo mucho más, el nuevo rector Enrique Graue, una simple reforma administrativa porque hasta ahora implica la evaluación y el control de las plantillas de maestros: es la base para cualquier transformación, una que la propia Universidad Nacional Autónoma de México, también, tendrá que recorrer, como en buena medida lo hizo durante la administración de José Narro Robles, un cambio que no se puede interrumpir.
Este cierre del año político nos encontrará, también, sin haber avanzado en el tema de un salario mínimo digno. Hay economistas que insisten en que en realidad nadie, o casi nadie gana el salario mínimo en el país y que la mejora de la calidad de vida dependerá, sobre todo, de la productividad. En parte es verdad, pero también lo es que no podemos tener un salario mínimo, aunque para muchos sea formal, que está por debajo del nivel de ingresos que pone la Coneval para cubrir las necesidades básicas de una persona. El aumento del salario mínimo no distorsiona las variables económicas y es una exigencia que se deberá convertir en realidad más temprano que tarde. En el Congreso se tiene que legislar sobre el tema sobre una base: el salario mínimo no puede estar por debajo de los ingresos de la línea de pobreza establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Por cierto, termina esta legislatura sin que se haya presentado, mucho menos analizado, la necesidad de una ley que le dé certidumbre a las Fuerzas Armadas en la lucha por la seguridad interior. Y tampoco se ha legislado sobre el modelo policial, con o sin mando único. Son algunos de los muchos pendientes de la próxima legislatura.