13-01-2015 Se pregunta en su columna en La Razón ese gran tipo, amigo y mejor periodista que es Javier Solórzano que porqué el Estado no se aplica de la misma forma en que lo hizo para detener al Chapo en saber el verdadero destino de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre del 2014, para esclarecer ese caso y dejar atrás, dice, la verdad histórica, refiriéndose a la investigación que realizó la PGR cuando estaba bajo el mando de Jesús Murillo Karam.
El problema es que eso ya se hizo y el resultado de esa investigación ejemplar, la más amplia que se haya realizado sobre un caso similar en México, es precisamente la llamada verdad histórica: sabemos quiénes secuestraron a los jóvenes y porqué; están detenidos más de cien involucrados incluyendo los responsables intelectuales y materiales, que están confesos; sabemos (lo sabemos desde que el padre Solalinde lo dijo pocos días después de los hechos y por eso los grupos que manipulan a los familiares le impidieron incluso ofrecer una misa por los jóvenes) que fueron asesinados e incinerados; los restos de por lo menos dos de ellos, encontrados en el basurero de Cocula, fueron identificados por el instituto de Innsbruck; sabemos que en el fondo de esta tragedia está la lucha entre los cárteles de los Rojos y los Guerreros Unidos, ambos con fuertes relaciones políticas en Guerrero y en Morelos; sabemos que los municipios de Iguala y Cocula eran (¿eran) manejados por Guerreros Unidos y que personajes de la normal de Ayotzinapa tenían relaciones con los Rojos.
Queda muy poco por saber del caso Ayotzinapa. Lo que sucede es que la investigación, por razones políticas, ha sido deslegitimada, los padres manipulados y el gobierno se equivocó al no poner desde el primer momento esas muertes en su contexto correcto, pese a que se sabía que el corazón del conflicto no estaba en la lucha política sino en el narcotráfico y más concretamente en el control de zonas claves para la producción de goma de opio. La enorme mayoría de esos jóvenes eran peones sacrificables de un juego del que ni siquiera sabían que participaban. Y detrás de toda la descalificación de la investigación sobre el destino de los 43 se ha montado una maquinaria política cuyo objetivo está muy lejos de castigar a los culpables de ese crimen, porque el suyo es simplemente responsabilizar “al Estado”, no al narcotráfico. El objetivo es que todo se transforme en un crimen de Estado.
Imagínese usted que se hubiera investigado y perseguido al Chapo Guzmán teniendo detrás una comisión coadyuvadora, formada por “expertos” internacionales que tienen agenda política propia (¿qué le parece que en este caso, en lugar de la CIDH, fueran de la DEA, el FBI, el DAS colombiano y la Interpol?): un grupo de expertos que asegurarían que ellos tienen, por ejemplo, fotos satelitales, aunque estuviera nublado y no se pudiera ver en tierra, que demuestran que el Chapo no fue detenido en Los Mochis y que tampoco cometió crimen alguno, apoyados en un experto peruano que visitó Badiraguato durante unos minutos y no encontró droga alguna. Además habría una comisión de familiares (en este caso serían del Chapo, coordinados por sus hijos Iván y Alfredo y por la señora Emma Coronel) que en realidad estarían ligados con los propios investigados.
Y todo ello apoyado por un grupo de operadores de redes sociales encabezadas por alguien del mundo del espectáculo, podrían ser Kate del Castillo y Sean Penn, aunque quien maneja de verdad maneja esas redes en el caso Ayotzinapa, también del mundo del espectáculo, es mucho más sagaz para eso temas que el actor que colabora con Rolling Stone y la protagonista de La reina del sur.
Si fuera así, ahora se estaría pidiendo un debate, abierto, del Chapo con el presidente Peña y con todos su antecesores (o sea de Salinas en adelante) porque en realidad, como dice Guzmán Loera en la entrevista con Penn, él tuvo que meterse en el narco porque “en la tierra en la que nació no había otra forma de sobrevivir”. El culpable, pues, “es el Estado”. El Chapo sería una víctima del sistema.
La investigación seria, de fondo, sobre los 43 ya se realizó, mi querido Javier Solórzano, y fue una investigación tan precisa como la que terminó con la detención de El Chapo. Lo que sucede es que sus resultados no quieren ser aceptados porque son políticamente incorrectos.
Por cierto, ¿no les resulta paradójico que los mismos que casi nos linchan por presentar la película La Noche de Iguala con una profunda investigación sobre la participación del narcotráfico en ese terrible crimen de los 43, sean casi los mismos que defienden el derecho de Kate del Castillo y Sean Penn a hacer una película y unos reportajes apologéticos y asociados con el Chapo?. La que, con perdón de Tom Wolfe, se podría llamar La hoguera de las vanidades, donde la actriz quiere ser narca, el narco quiere ser actor y el actor quiere ser periodista.