04-04-2016 Hemos estado más de un año dando vueltas en círculo con lo sucedido la noche de Iguala para llegar, como no podía ser de otra manera, al mismo punto de partida. Como lo confirma el tercer peritaje, ese que pidió y ahora rechaza el tristemente célebre grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (el GIEI), los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, fueron secuestrados por policías municipales de Iguala y Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre, fueron entregados a sicarios del cártel de Guerreros Unidos, fueron interrogados por esos criminales (casi todos ellos ya detenidos y confesos), asesinados y la mayoría de sus cuerpos incinerados y arrojados a un río. De ese río se recuperaron parte de los restos y por lo menos dos fueron plenamente identificados por el laboratorio de Innsbruck.
Todo eso fue hecho público por la PGR, en la que ha sido la investigación más importante realizada por esa procuraduría en su historia, desde hace un año. A algunos no les gustó que en un desliz se la calificara como la verdad histórica, pero es la verdad a secas. No gustó porque la investigación confirmaba que no se trataba de ningún acto de represión política, sino de una venganza de un grupo criminal que controlaba el municipio perredista de Iguala, sus policías y las de Cocula. Había conflictos políticos entre la normal de Ayotzinapa y los funcionarios de Iguala porque correspondían a dos corrientes de izquierda enfrentadas pero también porque lo primeros tenían relaciones con el Cártel de los Rojos mientras las autoridades municipales eran de Guerreros Unidos. Los jóvenes de Ayotzinapa fueron secuestrados y eliminados en esa lucha entre los dos cárteles de la misma forma que unas 600 personas en la zona, antes que ellos. Así mata el narco: secuestra, ejecuta, incinera y hace desaparecer los cuerpos. No fue el Estado. Fue el narcotráfico y sus capacidades de captación de autoridades (en este caso de quienes gobernaban el municipio y el estado de Guerrero), contra grupos que consideraba enemigos en la lucha por el control territorial, de la zona que produce casi la mitad de toda la heroína que se consume en Estados Unidos.
El GIEI, que en estos días se despedirá de México, no sin escándalo (porque han confundido voluntaria y concientemente el papel de un organismo coadyuvante en una investigación con la pretensión de transformarse en un tribunal supranacional), no ha aportado absolutamente nada a la investigación. Bueno, en realidad sí ha aportado pero a la confusión, el desconcierto y la mentira. Su peritaje, realizado por un ignoto investigador peruano, José Torero, que se limitó a estar en la escena del crimen durante 20 minutos, seis meses después de los hechos, puso en entredicho el trabajo de cientos de peritos de la PGR y de otras instituciones públicas y privadas que establecieron con claridad cómo fue la incineración de los cuerpos. Desconoció el testimonio de los propios autores materiales que con todo detalle y sin contradicciones serias han contado cómo fue todo el proceso desde que se secuestró a los jóvenes hasta que se dispersaron sus cenizas en el río en bolsa de basura.
El objetivo era tirar la investigación de la PGR para imponer la de “fue el Estado”. Por eso primero aceptaron que se realizara un tercer peritaje internacional, del que participaron, pero cuando supieron que los expertos nacionales e internacionales no le darían la razón al peritaje de Torero, rápidamente dijeron que éste no era necesario, y después aseguraron que tenían fotos satelitales que demostraban que ese día no hubo un incendio en Cocula. El problema es que jamás las exhibieron y que los propios especialistas de la NASA aclararon que, como ese día estaba nublado, era imposible saber que sucedía en ese lugar en superficie. Es más, se sabe que uno de los satélites que el GIEI dio como fuente de esas fotos, hace tiempo que está ya desactivado. Ahora rechazan el nuevo peritaje porque no estuvieron avisados del momento en que se daría a conocer. Pero resulta que los expertos del GIEI que tanto han presionado para que se les renueve el contrato de un millón de dólares semestrales, sí conocían los resultados pero da la casualidad que se habían ido de vacaciones…con los tres millones de dólares que llevan cobrados por esta “investigación”. Por lo pronto se irán de México, entre otras cosas, a responder a las acusaciones penales que tienen en su contra algunos de ellos en sus países de origen o para seguir trabajando para gobiernos africanos (mientras cobraba aquí) como otro de sus integrantes.
La muerte de los jóvenes de Iguala fue en el basurero de Cocula, donde fueron incinerados por los sicarios que están detenidos y confesos hace más de un año. Y la causa fue una venganza, injusta, brutal, desproporcionada, de un cártel del narcotráfico contra otro. Por cierto, aún falta indagar los nexos de toda esta historia con dos personajes que fueron gobernadores de Guerrero.