22-04-2016 El nuevo paradigma nacional en el tema de las drogas está ahí: comienza en forma gradual pero, por la forma en que fue presentado, su único objetivo es y será la legalización, por lo menos, de la mariguana.
El acto de ayer, particularmente las intervenciones del secretario de Salud, José Narro Robles y del presidente de la Conago, el gobernador Gabino Cué, y sobre todo la participación del padre de la pequeña Grace, fueron el marco idóneo para que el presidente Peña Nieto anunciara esa nueva política concentrada en una iniciativa para modificar la ley general de salud y el código penal federal que, en resumidas cuentas, legaliza el uso medicinal de la mariguana, incluyendo el registro y la importación de medicamentos realizados con base en la cannabis; se autoriza, por ende, también la investigación con ese producto. Se aumenta la cuota de posesión personal hasta los 28 gramos por persona, nadie podrá ser detenido por portar esa cantidad o una menor de mariguana. Adicionalmente y en una suerte de amnistía sobre el tema, se ordena la liberación de todas las personas que estén detenidas por portar esa cantidad o una menor de esa droga, independientemente de que pueda ser juzgada por otros delitos.
Lo decíamos en estos días y hay que reiterarlo: esas medidas me parecen justas, lógicas, tienen consensos, si bien no necesariamente popular, sin duda sí entre un alto porcentaje de especialistas y logran dos cosas que son importantes: por una parte, garantizan el derecho individual de cualquier adulto de consumir el producto que considere conveniente mientras no afecte a los demás, y descriminaliza ese mismo acto. Ningún consumidor, tampoco ningún adicto, debe ser considerado un delincuente simplemente por consumir un producto.
Me parece, sin embargo, que quedan varios puntos por analizar que no han tenido respuesta, por lo menos en la intervención presidencial. Primero, ¿qué sucederá con la producción de marihuana y su distribución?¿se darán permisos especiales, para su producción, ya sea en términos individuales o empresariales?. Y en este sentido ¿cuáles serán los márgenes de distribución y comercialización de la propia marihuana medicinal?¿se podrá recetar la mariguana como en algunos estados de la Unión Americana o sólo se autorizarán productos derivados de ella?. En esto no pueden quedar zonas grises debe haber absoluta claridad sobre qué sí es legal y que no lo es.
Esto se relaciona con otro tema: se supone que se despenaliza la portación para uso individual de la marihuana, pero ¿qué pasará con quien la venda o la produzca en pequeña escala?. Me imagino que se tendrá que avanzar, ya en la ley reglamentaria, en la autorización para poder ser propietario de alguna cantidad de plantas para uso individual, o que habrá, como en California, expendios medicinales de la droga y productores autorizados. De otra forma se deja a los consumidores a expensas de su dealer.
Respecto a quienes serán liberados por portación de cantidades de droga menores a 28 gramos, me imagino que se tendrá ya una suerte de lista de beneficiarios, evitando abusos que dejen en la calle no a consumidores sino a traficantes, en grande o en pequeño. Prácticamente todos los personajes relacionados con el crimen organizado al ser detenidos portan alguna droga, para uso personal o para traficar con ella. Se debe deslindar con precisión quiénes son consumidores o adictos a la marihuana (no se habló de otras drogas) injustamente encarcelados y quiénes son delincuentes que cometieron otro tipo de delitos independientemente de que consumen drogas.
Este escenario me hace pensar que se deberá, bajo ese nuevo paradigma como lo denominó el presidente Peña, establecer una norma legal que terminará siendo muy similar, seguramente con algunas restricciones adicionales, a la que presentó el panista Roberto Gil Zuarth en el senado días atrás.
Todo eso puede estar muy bien. Me preocupa que en ningún momento el presidente se haya referido a la seguridad pública (sí lo hizo Narro Robles) garantizando que todas estas medidas deben ir de la mano con un fortalecimiento de las instituciones del Estado, sobre todo de las policías y los jueces: sin cuerpos policiales fuertes, sin tribunales sólidos, limpios, sin corrupción, todo esto servirá de poco y puede ser hasta contraproducente, puede convertirse en una escenificación, una pantalla para un negocio tan criminal como ahora pero aparentemente legalizado.
En este sentido debemos seguir insistiendo en un punto central: me parece inconcebible que el ejecutivo, el legislativo y el judicial, lo mismo que muchos personajes públicos, festinen estas decisiones (que, insisto, son en sí mismas positivas) mientras se tienen en la congeladora legislativa todas las iniciativas relacionadas con la construcción de cuerpos policiales eficientes, modernos y con una estructura coherente y cohesionada, o mientras la reforma del sistema de justicia penal, que debe echarse a andar en julio, esté aún, en muchos estados, en pañales.