04-08-2016 Todo empezó un 26 de mayo del 2009, cuando la Policía Federal, entonces al mando de Genaro García Luna, llevó a cabo un operativo en Michoacán, en el que detuvieron, entre otros importantes personajes del gobierno local, incluyendo sus mandos de seguridad, a 12 alcaldes por sus vínculos con el crimen organizado. Fue el célebre michoacanazo.
Con ese golpe se desmembraba buena parte de la red de protección política que La Familia había logrado crear en el estado. Había pruebas documentales contra la enorme mayoría de los detenidos, desde testimonios de testigos protegidos hasta intercepción de llamadas telefónicas, así como también confesiones de delincuentes detenidos previamente. Los partidos, en particular el Partido de la Revolución Democrática que gobernaba, es un decir, el estado con Leonel Godoy, protestó duramente por la detención de los alcaldes y de otros funcionarios estatales. También, se había iniciado proceso contra uno de los hermanos del gobernador, Julio César, candidato a diputado federal, cargo al que días después fue electo.
Las presiones partidarias, la increíble inconsistencia de los jueces y, seguramente, otro tipo de “acuerdos”, lograron que con el paso de los meses todos los acusados estuvieran en libertad. El caso de Julio César fue una de esas historias de la infamia que deberían avergonzar a sus actores. El hermano del gobernador Godoy, sobre el que pesaba una orden de captura, fue ingresado a la Cámara de Diputados en la cajuela del automóvil de una legisladora perredista, escondido durante dos días en las oficinas del entonces coordinador de los diputados del PRD, Alejandro Encinas, y así se logró que eludiendo la acción de la justicia, Godoy rindiera protesta como diputado federal. El gobierno federal inició una acción de desafuero contra el legislador y en ese contexto, entre otras pruebas, se divulgó una grabación de una de las pláticas que Servando Gómez La Tuta, mantuvo con Godoy, brindándole apoyo y recursos. Finalmente, Godoy fue desaforado con el voto de 435 legisladores, pero le dio tiempo de escapar y, hasta el día de hoy permanece prófugo.
El desastre del gobierno de Godoy le dio paso al gobierno priista de Fausto Vallejo. Siempre hubo indicios de que Vallejo y, sobre todo, su principal operador, Jesús Reyna, tenían relaciones con el narcotráfico. Fueron beneficiados, también, con apoyo de esas organizaciones criminales porque éstas no querían de ninguna forma que llegara al gobierno Luisa María Calderón y tampoco el perredista Silvano Aureoles tenía sus simpatías. Ganó Vallejo y ya sabemos lo que sucedió: se tuvo que intervenir el estado con Alfredo Castillo, muchos presidentes municipales fueron detenidos, otros exhibidos en sus relaciones y reuniones con Los Templarios, Reyna está en prisión y, también, lo estuvo uno de los hijos de Vallejo. Se tuvo que volver a desarticular la misma red, aunque las personas fueran otras, que se había roto en 2009 y que con la liberación de los detenidos entonces, se reconstituyó con mayor fuerza aún, la fuerza que otorga el sentimiento de impunidad.
Ahora el presidente municipal de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue, está procesado por su presunta participación en el secuestro, asesinato e incineración de diez personas en Cuitzeo. Este personaje, iba a ser candidato por el PRD, pero había sospechas en el gobierno federal de que tenía relación con el cártel de Los Templarios, se le informó al sol azteca y no obtuvo la candidatura, pero lo rescató el PT, que lo hizo candidato y ganó la alcaldía. Ahora la dirigencia local del PT y el propio Arreygue, dicen, como cuando fue el michoacanazo, que se trata de una venganza política. Ni entonces ni ahora es verdad: los testimonios en contra del presidente municipal son contundentes, provienen de los otros participantes en el crimen que son, además, policías municipales (Arreygue fue, antes que presidente municipal, jefe de Seguridad Pública en el municipio). La administración de
Silvano Aureoles hizo muy bien en operar rápido contra el alcalde y, también, el nuevo Sistema de Justicia Penal local sirvió para que en horas, el alcalde pudiera estar tras las rejas.
Pero más allá de eso, los partidos tienen que aprender que la seguridad no puede ser un tema de política coyuntural. La seguridad pública, al igual que la nacional, demandan una visión y una lógica de Estado.
LOS EMPRESARIOS Y LA CNTE
No se debe minimizar o ignorar el profundo descontento de los empresarios, sobre todo, los de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, y de áreas de la Ciudad de México, con las acciones impunes de la Coordinadora. Desde hace semanas se suceden los bloqueos de carreteras, calles, centros comerciales y centros de distribución; los secuestros e incendios de camiones, autobuses y tráileres; el robo de mercancías. La demanda penal presentada por los empresarios contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la amenaza de comenzar a presentar declaraciones en ceros en las áreas afectadas, son sólo una expresión de ese malestar social, de ese daño económico, que debe ser tomado en cuenta.