28-10-2016 Renato Sales Heredia, uno de los mejores funcionarios del actual gobierno, viene cumpliendo una buena labor al frente de la Comisión Nacional de Seguridad, en un contexto difícil, complejo, donde muchos de los esquemas institucionales tuvieron que ser reacomodados luego de un inicio incierto, en ese ámbito, de la administración Peña.
Pero Renato hace un mal diagnóstico en una reciente entrevista en El Universal sobre el por qué de la situación de inseguridad. Destacar que hace seis años, la cifra de asesinatos era de 22 por cada cien mil habitantes y ahora es de 17 por cada cien mil, con la volatilidad que todos sabemos que tienen esas cifras, no dice nada a la población, como tampoco lo hace el insistir en que la gente tiene una percepción de mayor inseguridad que no se condice con los números duros.
Es lo mismo que se dice desde que comenzó la espiral de violencia en el 2004, por la ruptura de los grupos criminales que se dio ese año, lo que coincidió con un relajamiento de la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos (que volcó todos sus esfuerzos de seguridad en el combate al terrorismo internacional) y con la decisión del presidente George W. Bush de liberar la venta de todo tipo de armas en la Unión Americana, lo que alimentó como nunca antes los arsenales de los grupos criminales.
Ha habido avances en seguridad en muchas plazas muy importantes, mientras que otras se ha deteriorado en forma notable y, como consecuencia de ello, el balance sigue siendo una percepción de inseguridad que lo números duros, sobre todo cuando sirven más para la estadística que para la vida cotidiana, no modifican. Por eso mismo es desafortunado decir, cuando la administración Peña lleva ya cuatro años en el poder y no ha habido cambios sustantivos reales en la estrategia de seguridad, que hoy, en ese tema, se pagan los errores de la administración Calderón. En cuatro años, a pesar de los esfuerzos reales que se han realizado, como los hizo en su momento la pasada administración, no han cambiado ni los índices de inseguridad, ni la percepción, ni la terrible impunidad que es la que alimenta esos fenómenos.
Patear el bote hacia delante y responsabilizar a los de atrás, es un viejo mecanismo de nuestra cultura política. Disfraza las cosas pero no soluciona los problemas. En seguridad nuestros problemas y deficiencias son muy concretos, el principal es que no tenemos un modelo institucional de seguridad para el país.
Desde hace tres sexenios, las fuerzas armadas vienen reclamando una ley de seguridad interior que establezca con claridad los márgenes de la actuación de soldados y marinos en sus labores de seguridad pública. No hay normas legales claras y los partidos no parecen dispuestos a sacarlas adelante. El sexenio pasado salió del senado un engendro que fue parado en la cámara de diputados que de ser aprobado hubiera dislocado, por completo los mecanismos de seguridad nacional. En los hechos se diluía con autorizaciones legislativas y políticas, la autoridad presidencial como comandante en jefe de las fuerzas armadas.
El desgaste del que habló el general Salvador Cienfuegos no es psicológico ni operativo, se da por los vacíos legales y la indefensión en que se deja el accionar militar al no otorgarle un cuerpo legal claro sobre los límites y posibilidades de su accionar.
Las cosas tampoco han cambiado porque seguimos sin tener un modelo policial para el país. Se hacen cambios de secretarías, adscripciones, se discute si la seguridad debe depender de Gobernación o no, y se pierde de vista que esa es una decisión menor. ¿Qué policía queremos? ¿qué cadenas de mando? ¿qué tipo de formación de oficiales? ¿qué márgenes de centralización? El actual modelo está absolutamente rebasado desde hace diez años. La creación de la Policía Federal fue un avance que ha llegado ya a su límite porque no se han hecho cambios institucionales que permitan avanzar.
La discusión sobre el mando único o mixto está estancada porque son demasiados los intereses que no quieren que el modelo cambie, precisamente porque al ser ineficiente, no permite controles y tampoco una operatividad centralizada que le quitaría poder a instancias políticas locales. Pero no hay otra forma de tener una policía funcional y eficiente que centralizar esfuerzos y mandos. Nuestro problema no es que falten policías, sobran, pero con el actual modelo la mayoría de esas policías locales son tan corruptas como coaccionadas e ineficientes.
Hay vacíos inocultables. Se deben crear policías investigadoras en todos los estados y a nivel federal, pero también se debe establecer (otro debate que se arrastra desde hace años) qué atribuciones tienen en ese esquema las policías, desde la federal hasta las estatales y municipales. Pero cómo este modelo no se define tampoco se puede definir su rol investigador.
Ese es el verdadero desafío en seguridad y sin resolverlo simplemente se seguirá pateando el bote hacia delante y responsabilizando a los de atrás.