12-12-2016 No, evidentemente los soldados no son educados y entrenados para cumplir misiones policiales, como se han cansado de decir los titulares de la Defensa Nacional y sus homólogos de la Marina, cada vez que se aborda el tema de la creciente participación militar en tareas de seguridad pública. Tampoco es una tarea que disfruten, pero sí una tarea que cumplen y lo hacen en forma eficiente y entregada. Esa es la labor que vienen cumpliendo no desde hace diez años como se ha dicho en estos días, sino desde mediados de los 90, y con el creciente deterioro de las fuerzas policiales en los estados y municipios, esa participación es cada vez más intensa y más extendida.
Lo que el general Salvador Cienfuegos dijo con todas sus letras la semana pasada, y eso se viene repitiendo cada día con mayor firmeza (y enojo), es que para cumplir esa labor, los legisladores y políticos no les han dado el marco legal necesario para otorgarles seguridad jurídica en esa labor. Muchos medios y analistas destacaron que los militares “no quieren estar en las calles”, pero olvidaron decir porqué: porque las instituciones no han cumplido con su responsabilidad de otorgarles una ley de seguridad nacional que regule lo que sí está en la Constitución y es una de sus obligaciones: preservar la seguridad interior.
No sólo los han dejado legalmente desprotegidos: en términos políticos han sufrido una ofensiva en su contra en la que son muy pocos los actores que asumen su responsabilidad y han salido a defenderlos: eso es notable con el caso Tlatlaya o Iguala, donde han sobrado las acusaciones sin fundamento y las investigaciones se prolongan sin definiciones pero permiten una clara condena mediática.
Decenas de veces hemos escrito en este espacio sobre la necesidad de una ley de seguridad que regule y proteja jurídicamente a nuestros soldados y marinos. El único intento que se realizó el sexenio pasado para sacar adelante esa ley, era tan fallido que tuvo que ser detenido en la cámara de diputados porque, al contrario de lo que se buscaba, era un monstruo legal que hubiera desarticulado incluso hasta las cadenas de mando de la propia institución militar. Ahora dicen los senadores que, quizás, podrían tener un periodo extraordinario para evaluar esa ley, de la que no se tiene ni siquiera una iniciativa clara que impida que errores graves como los del sexenio pasado no vuelvan a producirse en ese cuerpo legal.
Lo que sucede es que todas las instituciones estatales y municipales piden la protección militar ante el deterioro de la seguridad, pero luego regatean los respaldos y apoyos políticos y legislativos. ¿Por qué lo hacen? Porque hay intereses muy fuertes, económicos y políticos, que hacen que los munícipes y algunos gobernadores, prefieran tener la seguridad local garantizada por militares en lugar de con policías con mando único en sus entidades, porque de esa forma siguen recibiendo fuertes recursos que se destinan a la seguridad, aunque no se apliquen en ella.
Por eso mismo, la ley de seguridad que regule la participación militar en tareas de seguridad interior, no puede separarse de la ley que homologue y desarrolle el nuevo modelo policial en el país. Sin policías capacitadas, formadas y homologadas, con un sólido sistema de mandos, será imposible ir retirando, aunque sea paulatinamente, a los militares de la seguridad pública.
Pero los legisladores llevan más de diez años sin resolver ese tema. Todos los que han declarado en estos días sobre los resultados de la última década de la lucha contra el crimen han obviado el punto central: entre las cosas que eludieron los partidos y legisladores fue precisamente dotar al Estado de policías y de un marco legal adecuados para asumir esa tarea. La administración Calderón se cansó de demandar la centralización policial, el mando único y dotó de enormes recursos a estados y municipios para la seguridad pública. Nunca le dieron esa ley y los recursos, en la mayoría de las ocasiones, se utilizaron para fines muy lejanos de la seguridad. La administración Peña comenzó tratando de utilizar otra óptica, pero la realidad le mostró muy pronto que sin esos instrumentos no se podía avanzar. Hace ya dos años que el presidente Peña presentó su propia iniciativa sobre modelo policial y ahí sigue en la congeladora legislativa. El debate no es mando único o mixto: es el modelo policial, que hoy es un modelo fallido en casi todo el país, un modelo que se deteriorará cada día más, con los consiguientes costos en la inseguridad, en la misma medida en que el nuevo sistema de justicia penal tampoco funciona eficientemente y muchos jueces lo han utilizado para dejar en libertad delincuentes indefendibles.
Lo que el general quiso decir es que ya basta de jugar con la seguridad de la gente, ya basta de no construir policías eficientes y homologadas y de utilizar al ejército y la marina para la seguridad sin darle el apoyo político, legal, mediático y jurídico que requieren para cumplir con esa labor.