11-01-2016 El lunes, poco antes de que se realizara la junta para el Acuerdo entre el gobierno federal y los sectores productivos, se reunieron los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Si en la reunión del Acuerdo, la Coparmex, con razones válidas, pero también con un fuerte contenido ideológico, decidió no firmar y alejarse del Acuerdo, la reunión de la Conago terminó sin que hubiera siquiera un vocero oficial de los gobernadores, en un encuentro donde estuvieron presentes sólo 21 de ellos.
Los gobernadores no quieren intervenir en el tema de los subsidios y de los precios a las gasolinas (sean del PRI, el PAN o el PRD) por una razón muy sencilla: en buena medida sus administraciones viven de los recursos que se recaudan a partir de los impuestos a las gasolinas.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el impuesto especial que se aplica a las gasolinas, hace subir la carga fiscal de las mismas al 43 por ciento de su precio de consumo. Ésa es una de las causas centrales, no la única, del diferencial de precios entre lo que pagamos en México y otros mercados, como Estados Unidos. La disminución de un peso en el precio de las gasolinas implica, dijeron ayer fuentes de la Secretaría de Hacienda, 60 mil millones de pesos menos de recaudación fiscal, que se destinan preferentemente a los estados del país. Han sido esos recursos los que han hecho tan poderosos a los gobernadores, unido a la autonomía cada día mayor de la que gozan respecto al gobierno federal, misma que no se revirtió con el regreso del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos. Hoy que sólo 19 mandatarios estatales provienen del tricolor, esa dependencia política es aún más laxa.
Por eso no hubo apoyo de la Conago a las medidas relacionadas con el aumento de los combustibles, pese a que todos los partidos a los que pertenecen esos gobernadores votaron en favor de la medida en los presupuestos del 2017.
En la actual coyuntura política hay dos rubros que no son ajustables: uno es el gasto electoral y dentro de éste el de los partidos políticos (para los partidos habrá poco menos de 5 mil millones de pesos este año, sólo en el ámbito federal y sin contar las enormes prerrogativas de las que gozan, como los miles y miles de anuncios para ellos gratis que asumen los medios de comunicación), y el otro es el presupuesto de los gobernadores, que proviene en una parte muy importante de los IEPS, incluyendo en forma muy destacada el que se carga a las gasolinas.
No deja de ser una paradoja que mientras el impuesto que se cobra a las gasolinas va en muy buena parte a los gobiernos estatales, ninguno de éstos haya salido a defender o explicar ese aumento e incluso, más de uno de ellos haya tolerado los actos de saqueo y vandalismo para no verse comprometido en la “represión”. Cuando se habla de los aparatos partidarios del PRI, del PAN o del PRD, se sigue pensando que los mismos, sobre todo en los estados, se involucran directamente en tratar de que sus respectivos partidos ganen todos y cada uno de los comicios en los que se ven involucrados. Para algunos puede ser verdad, pero para otros, la experiencia ha demostrado que viven mejor en la oposición que en el oficialismo, que sus costos son menores y sus beneficios, políticos y económicos, mayores. Y los gobiernos centrales, desde la época de Zedillo hasta ahora, no han sabido ni podido cambiar ese círculo vicioso.
Uno de los costos que ha pagado la administración Peña ha sido, precisamente, no haber utilizado su margen de poder para poner límites a algunos gobernadores que, evidentemente, se habían apartado de las normas mínimas de respetabilidad. Por lo menos un año y medio antes de la elección de Veracruz, Manlio Fabio Beltrones, entonces presidente nacional del PRI le propuso al gobierno federal apartar a Javier Duarte del gobierno estatal, porque era evidente que mantenerlo en esa responsabilidad sería electoralmente incosteable. Ya sabemos cuál fue la decisión.
El presidente Peña (como antes Ernesto Zedillo, Vicente Fox o Felipe Calderón) no pudo o no quiso mover un solo gobernador, incluso cuando hubo acusaciones muy graves contra algunos de ellos, cuando, por ejemplo, de una u otra forma, en la administración Salinas, fueron removidos, cambiados o llamados a otra posición 19 de ellos. Esa inmovilidad no fue entendida como un gesto de equidad entre poderes sino como una demostración de debilidad del gobierno federal, y más allá de declaraciones, los gobernadores de todos los partidos lo están haciendo patente en estos días.
En una entrevista que transmitiremos hoy y mañana en el programa Todo personal en Proyecto 40 a las nueve de la noche, dice Salinas, basándose en su experiencia, que ante los cambios muy profundos “los que resultan afectados son adversarios inmediatos y, como los beneficios tardan, los beneficiarios son aliados tardíos”. Algo de eso es lo que está sucediendo hoy entre los gobernadores y la administración Peña que tiene adversarios inmediatos y aliados tardíos.