22-02-2017 “Es más fácil descomponer
un átomo que un prejuicio”
Albert Einstein
La persistencia en la negativa a sacar adelante la ley de seguridad interior y la de mando mixto de las policías (que en realidad tendría que ser una ley que regule y haga homogéneo los cuerpos policiales en el país) en el Congreso de la Unión es inadmisible, tanto como los argumentos falaces que se utilizan para bloquearla.
Llevan tres sexenios los legisladores regateando la aprobación de esa ley de seguridad y dos sexenios sin querer definir un verdadero modelo policial homogéneo y obligatorio para todas las entidades. Dos leyes que, además, deben complementarse.
El esquema político utilizado se ha convertido en una trampa para las instituciones: los soldados y marinos tienen que ocuparse de la seguridad interior porque las policías locales y la federal no son suficientes para contener la delincuencia y en muchas ocasiones las primeras están intimidadas o compradas por los criminales. Los soldados y marinos deben estar en esa responsabilidad mientras se forman cuerpos policiales eficientes en estados y municipios, para no existe ley alguna que obligue a esas autoridades a formarlos.
Por eso los gobernadores, salvo alguna honrosa excepción, no hacen nada por crear esos cuerpos y piden, ante cualquier situación de inseguridad, la presencia del ejército y la marina, pero al mismo tiempo reciben enormes presupuestos para la seguridad (el llamado Fortaseg, antes Subsemun, repartió el año pasado 6 mil millones de pesos a municipios de “alto riesgo”), que no siempre, casi nunca, se utilizan en la creación de nuevas policías.
Todos lo gobernadores, de todos los partidos, quieren que haya tropas en su territorio para solucionar sus problemas de seguridad, pero esos mismos partidos de esos mismos gobernadores, en el Congreso, no les dan respaldo, apoyo y protección jurídica a soldados y marinos. Tampoco aprueban leyes que obliguen a los gobernadores a crear sus propias policías homologadas.
Es el mundo perfecto para mantener un esquema de impunidad, recibir recursos poco verificables y chantajear políticamente a las fuerzas federales, al no darles un adecuado cobijo legal para su accionar. Como no votan la ley de modelo policial no hay policías y debe estar el ejército, pero como tampoco votan ley de seguridad interior el ejército actúa sin protección legal, y por eso es objeto de todo tipo de acusaciones infundadas, mientras algunas ONG’s y analistas, se preocupan terriblemente porque son más los delincuentes muertos que los soldados y algún candidato clama por las masacres que en realidad no existieron.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, ya ha dicho que se le pondrá un plazo a estados y municipios para que, con ley de seguridad y policial o sin ellas, el ejército se comience a retirar de tareas de seguridad interior. Es una medida de presión necesaria, pero que quizás estados y municipios ignoren pensando en el costo que tendría ello en términos de seguridad cotidiana para el propio gobierno federal. Pero tampoco puede seguir existiendo este mecanismo de chantaje que afectó ayer al gobierno de Felipe Calderón y hoy al de Enrique Peña, y que, más allá de los gobiernos, afecta a la población y daña las instituciones
Pero no estaría mal, como hicieron los paisanos en Estados Unidos, aplicar aquello de un día sin soldados y marinos como alguna vez imaginó el general Salvador Cienfuegos. ¿Qué harían sin las tropas estados como Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, buena parte del estado de México, y muchos otros estados del país? ¿quién se encargaría de la seguridad cotidiana, quién realizaría los operativos de alto riesgo? ¿qué policía, más allá de una Policía Federal que no tiene elementos para desplegarse en todo el territorio o la de la Ciudad de México, que tiene el modelo que no se quiere aplicar en el resto del país, podría realizar esa tarea?
Hay estados y municipios que simplemente en un día perderían la gobernabilidad y el control. No se trata de militarización, derechos humanos o letalidad: se trata de gobernabilidad, de ejercicio del poder y de control territorial. De esa soberanía de la que algunos políticos hablan un día sí y el otro también, sin saber cómo se ejerce. Es hora de que los partidos, todos, abandonen la mezquindad para atender el interés nacional ¿y qué refleja más el verdadero interés nacional que la seguridad interior?
Hablando de seguridad. El INEGI acaba de publicar una encuesta en la que muestra que cada persona gasta en protección doméstica, para proteger su seguridad, dos mil 300 pesos por año, lo que equivale a unos 300 mil millones de pesos al año, un poco más que el subsidio a las gasolinas que tantos dolores de cabeza ha causado. De ese tamaño es el daño que le infringen a la sociedad quienes no quieren legislar para garantizar su seguridad.