15-08-2017 La información publicada por el periódico O Globo de Brasil sobre los supuestos sobornos por diez millones de dólares pagados a Emilio Lozoya, poco antes de que fuera designado director de Pemex y durante su gestión en esa empresa, es una denuncia que no puede ni debe ser desechada con que simplemente el ex funcionario diga que es falsa.
Puede ser, no sería ni la primera ni la última vez, que un personaje acusado de un delito, como ocurre con quien era el director de Odebrecht en México, haga acusaciones sin sustento legal, para salvarse a sí mismo de una condena opara ajustar otro tipo de cuentas. Pero también es verdad, que en muchas otras ocasiones esas confesiones develan secretos que, de otra manera, seguirían ocultos.
El caso Odebrecht ha tenido costos altísimos en todos los países de la región, porque en todos se han pagado sobornos para que la empresa brasileña, la mayor beneficiaria de contratos durante la época de Luis Inácio Lula da Silva, obtuviera todo tipo de obras. Ese solo hecho, y el que la investigación sobre el tema esté en manos de la fiscalía brasileña, pero también de la justicia de Suiza y de Estados Unidos deberían obligar a ser excesivamente exigentes con la investigación en el país. La PGR ya la había iniciado hace meses e incluso en febrero el procurador Raúl Cervantes estuvo en Brasil para conocer el expediente pero aún no se han entregado a México las conclusiones de esa misma investigación en el país sudamericano.
En el caso de Lozoya, la investigación tiene un componente adicional: parte del soborno, dicen en Brasil, se pagó antes de las elecciones del 2012. Eso exige que la investigación penal en México pueda quedar desahogada antes de las elecciones del 2018 porque si no se convertirá ineludiblemente en un tema de campaña, más allá de que la corrupción en sí misma lo será sin duda alguna. Exigiría al PRI, del que Lozoya fue uno de sus dirigentes en aquella época, también adoptar medidas preventivas desde ya, para deslindarse, de cara al futuro, de esa carga.
Pero hay que destacar, además, que Lozoya fue un pésimo director de Pemex y que muchas de las principales operaciones que se realizaron durante su gestión son sospechosamente malas, con costos financieros inadmisibles para la empresa a la que José Antonio González Anayaencontró prácticamente en quiebra y a la que con mucho esfuerzo está tratando de limpiar y volver a encarrilar.
Hay negocios incomprensibles y cerrados al ojo público. En enero de 2014, Lozoya decidió que Pemex comprara dos empresas de fertilizantes, una abandonada y la otra casi en quiebra. Pagó por ellas 11 mil millones de pesos, pero desde fines del año pasado Pemex está tratando de deshacerse de ellas porque no sólo no rinden beneficios sino que su producción incluso disminuyó considerablemente. Cuando Pemex Fertilizantes compró en 2014 estas dos empresas tenían una pérdida de 26 millones de pesos. En 18 meses la pérdida acumulada había crecido un mil 185 por ciento y era superior a los 500 millones de pesos.
Eso sin contar el costo de las empresas en sí mismo al ser compradas. Una de ellas, Agro Nitrogenados (que había sido privatizada en 1990) fue comprada en la friolera de 475 millones de dólares a Altos Hornos de México a pesar de que estaba prácticamente cerrada. Un año después se compró Fertinal, propiedad de Fabio Covarrubias, en 255 millones de dólares (una compra que la Comisión Federal de Competencia públicamente desaconsejo realizar a Pemex)con la intención, se dijo, de reducir las importaciones y tener control del mercado de fertilizantes y derivados. El hecho es que no se llegó ni a la mitad de la producción esperada que hoy es un 5 por ciento menor a la que tenían esas empresas antes de la compra. La nueva administración de Pemex, de González Anaya, está tratando ahora de deshacerse de esas empresas y volver a colocarlas en el sector privado. Por lo pronto sólo en esas compras Pemex perdió más de 500 millones de dólares.
Al mismo tiempo que se hacían los negocios de fertilizantes, se produjo el caso de Oceanografía. Amado Yáñez, su propietario, efectivamente había realizado un fraude financiero con Banamex, pero la intención de Lozoya, ante ello, fue la de quedarse con la empresa, la principal contratista de Pemex, asociada a su vez con muchos otros contratistas privados, ofreciéndola a distintos empresarios que terminaron distanciándose de ese negocio y provocando un daño enorme al sector, más allá de los delitos que hubiera cometido Yáñez.
Incluso, en plena caída de Oceanografía, Lozoya se reunió con uno de los acreedores, los del banco holandés Rabo Bank, para tratar de forzarles a entregar la flota que habían rentado a Oceanografía. Tuvo que intervenir directamente el gobierno holandés ante Los Pinos para evitar que se obligara a esa empresa a entregar su flota.
Lo que ha ocurrido con Pemex durante la gestión de Lozoya debe ser objeto de una profunda investigación y si se encuentran delitos deben ser castigados. Pero todo indica que la atención no debe ponerse sólo en el caso Odebrecht. Hay otros, como los citados sobre Oceanografía y Pemex Fertilizantes, en los que también debe ser indagada su responsabilidad, recordando, además, que la incapacidad es también, en muchas ocasiones una forma de corrupción.