31-08-2017 ¿Las acusaciones sobre el patrimonio de Ricardo Anaya tienen relación con la designación del fiscal general de la república? Puede ser, en todo caso es Anaya quien debe contestar esas acusaciones y, en todo caso quien debe hacerse responsable de sus denuncias.
La información sobre Anaya, como él asegura, puede provenir de alguna instancia gubernamental pero la verdad es que no parece ser nada que se haya tenido que descubrir en los sótanos del poder. Es información pública que cualquier medio podría haber obtenido o incluso puede ser parte de fuego amigo. Pero eso no es lo importante: insistimos eso es algo a lo que debe responder Anaya y está, creo, en condiciones de hacerlo.
Lo que no puede hacer es colocar a todo su partido en su defensa y declararle una guerra al PRI y al gobierno que muchos panistas, incluyendo legisladores y gobernadores de ese partido, no quieren asumir porque simplemente creen que ese no puede ser un objetivo partidario.
El PRI claro que está enfrentado con Anaya. Lo está desde la elección del año pasado, cuando el PAN ganó siete gubernaturas y sintió el poder al alcance de la mano. Esa noche, en un debate televisivo, Anaya ganó el debate pero también rompió relaciones con el PRI e incluso fue particularmente rudo con el entonces presidente priista, Manlio Fabio Beltrones, que no se esperaba una derrota tan amplia (en realidad Ricardo tampoco esperaba ganar más de tres o cuatro estados, jamás los siete que obtuvo el PAN). Desde entonces la relación entre Anaya y el PRI (y el gobierno federal) no hizo más que deteriorarse, mientras que Ricardo cometía el error de pensar que el ganador de esos comicios era él en lo particular, no adelantaba el método para comenzar a procesar la selección de candidatos del 2018 y resultaba evidente que aspiraba a saltar de la presidencia del partido a la candidatura presidencial. Desde entonces comenzaron sus problemas y las divisiones internas, que ya existían, se agudizaron.
El tema del fiscal general se relaciona con esa historia. La negociación del sistema nacional anticorrupción y de la transformación de la PGR en una fiscalía general se basó, en buena medida, en acuerdos entre el PAN y el PRI en los que también participó el PRD. Cuando se aprobaron esas reformas se estableció en los transitorios de la misma que cuando entrara en funciones la fiscalía general quién estuviera a cargo de la PGR se haría cargo de ella. Además,hay que recordar que el procurador general de la república es una propuesta del ejecutivo que debe ser aprobada por el senado. Raúl Cervantes, como senador, fue una figura clave para la negociación tanto del sistema nacional anticorrupción como de la transformación de la PGR en fiscalía. Esas leyes y transitorios fueron aprobados por casi todos los legisladores, incluyendo a Ricardo Anaya que entonces era dirigente del partido y diputado.
El trabajo de Cervantes fue ampliamente reconocido por el resto de los legisladores. Cuando dejó su escaño poco después, algunos pensaron que estaría incluido en las ternas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en realidad regresó como propuesta para la PGR, en reemplazo de Arely Gómez. Su designación fue aprobada en el senado también por una muy amplia mayoría. Y todos los que lo votaron sabían que, haciendo cumplir la ley que se había aprobado más de un año atrás, Cervantes se convertiría en fiscal general cuando se diera esa transformación institucional. Ese era, además, un acuerdo político del gobierno y el PRI con Ricardo Anaya y el PAN.
Pero después de las elecciones de junio del año pasado, la dirigencia panista rompió ese acuerdo y comenzó a plantear que no podía haber un fiscal “a modo”, descalificó a Cervantes y pidió un cambio en la ley que le impida asumir la fiscalía general. Pero un amplio número de senadores panistas sin embargo le dieran en su momento su apoyo para convertirlo en procurador.
En el PRI y en el gobierno esa decisión de Anaya fue entendida como la ruptura de un acuerdo, y Anaya fue visto como un político que no respetaba su palabra, más aún cuando esa postura fue echa suya por un grupo de organizaciones civiles y por el PRD como parte de los acuerdos de los dos partidos para formar un frente de cara al 2018.
La confrontación con Anaya se inscribe en ese contexto. Esta semana un grupo de 12 senadores panistas y varios gobernadores del partido anunciaron que no comparten la posición de Anaya que ha impulsado también la Comisión Política del partido blanquiazul, mientras se profundiza la división interna en el PAN y los enfrentamientos sobre un tema decisivo para el futuro de la justicia en el país.
El ministro de la ley Kumamoto
Alberto Pérez Dayán volvió a ser un ministro clave en las decisiones de la Suprema Corte. Ahora fue el principal impulsor para ratificar la constitucionalidad de la llamada ley Kumamoto para reducir el financiamiento público a los partidos, una vía idónea (prácticamente la única viable en la actualidad) para disminuir la obscena cantidad de dinero que reciben año con año los partidos políticos.