07-09-2017 Será muy difícil, casi imposible, que Raúl Cervantes pueda convertirse en el próximo fiscal general de la república. Tiene los merecimientos y la carrera como para serlo. Desde el senado, tuvo un papel protagónico en la elaboración de las reformas que dieron cuerpo legal a la nueva fiscalía general y al sistema nacional anticorrupción. Cuando fue designado procurador general de la república tuvo el respaldo de casi todos los senadores y ahora, como procurador, ha realizado un esfuerzo importante no sólo para avanzar en el enjuiciamiento de personajes políticos acusados de corrupción, la mayoría de ellos del PRI, sino también en la modernización de la PGR de cara, sobre todo, a complementarla con la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
El ahora llamado pase automático del procurador para convertirse en fiscal general, es parte de la reforma aprobada, en el Pacto por México, desde 2013, a través de un transitorio en la constitución que establece que, al momento de aprobarse las leyes secundarias de la fiscalía, el procurador pasaría a ser fiscal. Quien envió con su firma esa reforma al ejecutivo para que fuera promulgada fue el presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados, Ricardo Anaya. Un año después, esas leyes secundarias fueron aprobadas con el apoyo entusiasta del PAN (y de todos los demás partidos) mientras el presidente interino del PAN era Ricardo Anaya, quien dio instrucciones precisas a sus diputados de aprobar esa minuta. La misma fue enviada al senado de la república. Si la cámara alta la hubiera aprobado entonces, Jesús Murillo Karam se hubiera convertido automáticamente en el nuevo fiscal.
Era a fines del 2014. Pero unas pocas semanas antes había ocurrido la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y el entonces presidente de la comisión de justicia del senado, Roberto Gil, decidió no presentar la minuta, dejarla en la congeladora hasta ver cómo evolucionaba la investigación de los hechos de Iguala. Recibió por ello reproches de Anaya.
Dos años después, cuando organizaciones civiles (no el PAN) reclamaron por el llamado pase automático del procurador, el presidente Peña, en noviembre del 2016, envió al congreso una iniciativa para eliminar ese transitorio. En el siguiente periodo ordinario de sesiones, la nueva presidenta de la comisión de justicia (fue designada en febrero del 2017) la senadora Pilar Ortega, una legisladora muy cercana a Ricardo Anaya, decidió mantener en la congeladora la iniciativa presidencial para eliminar el pase automático. La única forma de pasar una iniciativa es quequien encabece una comisión presente a la misma esa iniciativa para que la dictamine y pueda pasar al pleno. La senadora Ortega no lo hizo ni su partido le demandó hacerlo.
El trámite legislativo hubiera sido sencillo: retomar la iniciativa presidencial que estaba en la comisión de justicia y llevarla a votación: se antoja imposible pensar que el PRI hubiera votado en contra de una iniciativa presidencial que, con el apoyo del PAN, se hubiera aprobado sin problema. Eso nunca sucedió.
Cuando en el último día de agosto se dio el proceso de elección de presidente de la cámara de senadores, el PRI se hubiera podido quedar, tenía los votos como para hacerlo, tanto con la presidencia de la mesa como con la junta de coordinación política. Aceptó el PRI un acuerdo con los otros partidos para que un panista fuera presidente del senado y propusieron a Ernesto Cordero. El coordinador panista, Fernando Herrera, lo rechazó e incluso le mintió a su bancada cuando le digo que el PRI lo único que demandaba era que la coordinación recayera en una mujer. Propuso a dos senadoras para que estuvieran seis meses cada una. El PRI rechazó esas propuestas y le dio dos nombres a Herrera: Mariana Gómez del Campo (considerada calderonista) y Pilar Ortega, la anayista presidenta de la comisión de justicia. Herrera no sólo lo rechazó sino que además le ocultó a su bancada la propuesta de Ortega. Para salvar in extremis la integración de la cámara, se regresó a la propuesta de Cordero, que fue apoyada por el PRI, el PRD, por los senadores de Morena y del PT, los de Verde, Nueva Alianza y un grupo de senadores panistas.
Anaya desde entonces ha argumentado que ese acuerdo se dio para aprobar el pase automático del procurador. Es mentira: el tema no estaba en la agenda legislativa, el instrumento para evitarlo lo tenía en sus manos la presidenta de la comisión de Justicia, Pilar Ortega, que además se hubiera podido convertir en presidenta de la cámara alta, lo que Anaya y Herrera no aceptaron.
También hubieran podido presentar una iniciativa en diputados y hubieran podido llevarla en horas al senado para que no hubiera pase automático. Pero decidieron bloquear la integración de la cámara de diputados (algo que no ocurría desde la revolución hace más de un siglo), lo mismo que intentaron en el senador, poniendo en riesgo, incluso, el futuro económico del país, a unas horas de que se presente el paquete económico del 2018.
El tema nunca fue el fiscal. Fue la candidatura de Anaya, el frente sin abrir las candidaturas y bloquear las cámaras. Una venganza personal de Anaya. Al diablo con las instituciones.