26-09-2017 Los sismos del 7 y 19 de septiembre han derrumbado los tiempos de la sucesión presidencial, y la han colocado, además ante otro escenario. No habrá, salvo el de Morena que siempre estuvo designado, candidatos a la presidencia, a la ciudad de México o a los estados que tienen elecciones, tampoco para el congreso, antes del año próximo y no me imagino a funcionario alguno renunciando voluntariamente a su cargo en forma anticipada en plena tarea de reconstrucción.
En estos días el presidente Peña anunciará sus programas de reconstrucción para los estados afectados por el sismo. También Miguel Ángel Mancera anunciará su proyecto de reconstrucción de la ciudad y por supuesto que aspirará a avanzar lo más posible en él antes de dejar el cargo para buscar una hipotética candidatura…si es que finalmente decide buscarla. Nadie puede reclamar que se espere hasta diciembre del 2018 para iniciar la reconstrucción.
En los estados que tendrán elecciones el próximo año, los desastres naturales obligan a redimensionar la política y las campañas e incluso el perfil de los aspirantes puede cambiar de acuerdo con la situación. Habrá elecciones en la ciudad de México, pero también en Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Morelos (también en Guanajuato, Jalisco, Yucatán y Campeche, pero allí no hubo afectaciones). Seis estados que han tenido graves daños por sismos, huracanes y lluvias. Estados con un alto padrón electoral y con necesidades específicas que demandarán, sobre todo, candidatos que puedan asumir una reconstrucción que vaya más allá que restaurar los daños causados por los fenómenos naturales. Estados donde habrá demandas legítimas y no, pero que tendrán que tener respuesta material y política de sus autoridades y donde los partidos tendrán que presentar candidatos emprendedores, que no sólo jalen votos sino que generen certeza de que allí llegará ayuda, apoyo, presupuesto e inversión privada. Sin esos cuatro elementos difícilmente se podrá salir adelante.
Lo federal cruza esa realidad. Si alguien pensaba que el presidente Peña iba a designar candidato en octubre o principios de noviembre, se ve difícil hoy que ello ocurra antes de bien entrado enero, y lo mismo sucede en los estados.
Los sismos, han generado una crisis, pero hay que recordar que la crisis también es sinónimo de oportunidad. Y nadie dejará pasar la oportunidad de abocarse de lleno a las tareas de reconstrucción para ser juzgado por el desempeño que tenga en esa labor. Será una suerte de competencia prelectoral, de partidos, gobernantes y aspirantes: vamos a ver, en los hechos, su forma de trabajar y de cumplir con sus compromisos desde antes de la elección.
En esto por supuesto que habrá demagogia y guerra sucia, ya la estamos viendo, pero quizás como nunca se puede enfrentar a las mismas con hechos. Por supuesto que de aquí a enero o febrero no alcanzará para reconstruir, pero por lo menos sabremos de qué están hechos algunos gobernantes y cómo apuestan los partidos (o no) a la reconstrucción: se necesitarán candidatos presidenciales o a gobernador que puedan garantizar un trabajo eficiente y sin corrupción, apoyo presupuestal y que generen la suficiente confianza empresarial para que lleguen recursos e inversiones privadas, nacionales y extranjeras, al país y a los estados. Sólo así serán competitivos.
Ya lo estamos viendo con los recursos públicos que los partidos reciben año con año. Para el 2018 deberían ser poco más de 11 mil millones de pesos, un monto que crece geométricamente año con año, por una desafortunada ley electoral que, para complacer a López Obrador, transformó desde 2007 el escenario electoral en una feria de dispendios, con dirigencias partidarias ricas que disponen de recursos y espacios mediáticos con exclusividad y como les place.
Qué bueno que los partidos piensen desprenderse de parte de los recursos que les tocan. Hace bien el PRI en decir que esos recursos, muchos o pocos, se queden en Tesorería para que se apliquen directamente a la reconstrucción. Está bien lo que propone el Frente de reducir drásticamente los recursos partidarios. Pero lo de Morena es una forma más de manipulación: darle el dinero a sus “intelectuales” de cabecera para que ellos lo repartan a la gente es lo mismo que darle el dinero público al cacique en turno para que lo reparta entre sus campesinos y trabajadores. Entregar dinero público para un beneficio personal o partidario es un delito.
Pero lo del dinero partidario, lo de los enormes recursos destinados al INE, debe llevarnos a otra cosa: hay que cambiar y liberalizar nuestro sistema electoral. Hay miles de normas que simplemente no se pueden cumplir y no se cumplen. No puede existir tanto recurso destinado a las elecciones, no tiene sentido que a los medios se les confisque millones de horas de trasmisión para pasar spots, no puede ser que un ciudadano o un grupo, una organización, no pueda anunciar sus preferencias electorales y que esa atribución no quede siquiera en manos de los militantes de un partido sino de las burocracias partidarias. La actual ley electoral no sirve. Lo del dinero de los partidos, simplemente, lo ha puesto de manifiesto.