19-10-2017 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según un documento presentado al senado al mismo tiempo que informaba de su renuncia por el ahora ex procurador Raúl Cervantes, financiará con 80 millones de dólares la creación de la nueva Fiscalía. No sé si son recursos suficientes para un proyecto tan amplio, pero sin duda demuestran el interés que se tiene en ello.
Ayer el presidente Peña, en la plática que tuvo con periodistas, insistió en que nunca tuvo la intención de designar un fiscal a modo y le reclamó a los partidos y actores políticos que la reforma aprobada hace ya tres años haya quedado de alguna forma en la congeladora, que no se hubiera podido implementar plenamente, porque ellos mismos no se pusieron de acuerdo en hacerlo. Vamos, no aprobaron, cuando ya estaban reclamando en contra del pase automático de procurador a fiscal (algo que habían aprobado en el congreso tres años atrás sin implementarlo), ni siquiera la iniciativa presidencial que anulaba esa disposición constitucional. Y fue presentada por Peña Nieto hace ya un año.
Tiene razón el presidente Peña cuando dice que en el actual ambiente de crispación política parece difícil encontrar a ese personaje apartidario, independiente, capacitado para ser designado como nuevo fiscal. La declaración de Alejandra Barrales respecto a que la decisión de que renunciara Raúl Cervantes era “política” y que lo que había que discutir era tener un fiscal realmente autónomo en una nueva fiscalía, refleja absolutamente bien ese ambiente y la insensatez que existe en torno a este nombramiento y a la propia fiscalía. Primero porque la fiscalía ya está diseñada constitucionalmente desde hace tres años y todos los partidos, incluyendo el PRD que preside Alejandra, lo aprobaron, como aprobaron en su momento la designación de Cervantes como procurador (con 83 votos a favor y tres en contra) en el senado del que forma parte Barrales, sabiendo que podría tener pase automático.
No hay que diseñar una nueva Fiscalía. El diseño de la Fiscalía ya está en la Constitución. Tampoco hay que establecer nuevos requisitos para el futuro fiscal. Los mismos también ya están en la Constitución.
Lo que sucede es que nadie va a encontrar a alguien que pueda cubrir esos requisitos y que sea, a la vez, políticamente impoluto. No lo habrá porque sencillamente no se llega a esas posiciones que son “políticas” sin haber estado alguna vez en la política, en un partido o no, sin ideas y convicciones políticas. Cervantes fue rechazado porque era miembro del PRI, pero ya hay quienes proponen a Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno de la ciudad de México (y quien aspira legítimamente a ser candidato presidencial), para la fiscalía. Cervantes me parecía un muy buen prospecto para esa posición. Mancera sería un fiscal impecable, lo demostró en su paso por la procuraduría capitalina, pero que nadie diga que Mancera no es político ni tiene posiciones partidarias. Eso no lo descalifica, como tampoco lo hacía a Cervantes, para ser fiscal. Pero no se puede medir una misma posición, unos mismos requisitos, con distinto racero.
Hay quienes proponen que el nuevo fiscal salga de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no impide que ese cargo se politice. Olga Sánchez Cordero, una mujer absolutamente respetable, salió de la Corte y ya está trabajando en el entorno de López Obrador y Morena. Me imagino que simpatizaba con esas posiciones, y estaba en su derecho, desde que era ministra.
También se ha propuesto para la Fiscalía a dos excelentes ministros de la actual Corte, José Ramón Cossío y Alberto Pérez Dayán. Pero lo que sucede es que quienes los proponen ignoran las leyes (como lo hacen con el propio tema de la fiscalía). Por ley, los ministros de la Corte no pueden tener ninguna actividad profesional relacionada con sus responsabilidades anteriores durante los dos años posteriores a la culminación de su mandato en la Suprema Corte, para evitar los conflictos de interés que se pudieran suscitar. Y entre haber sido ministro de la Corte y luego Fiscal General la posibilidad de esos conflictos son evidentes.
Por eso la ley les impide tanto a Cossío como a Pérez Dayán ser fiscales, por lo menos hasta dos años después de que terminen su responsabilidad. Lo mismo se aplica, por supuesto, en caso de que renuncien a su cargo antes de concluir su periodo legal.
Lo que se necesita para designar al nuevo fiscal es un acuerdo político que le otorgue a quien sea propuesto, y que cumpla con los requisitos legales, por lo menos, la mayoría de los votos en la cámara de senadores. Es tan sencillo y tan complejo como eso. Pero que nadie siga buscando puros y apolíticos para ese cargo porque sencillamente, si se quiere alguien también calificado y con experiencia, no se lo encontrará.
Por eso pensar que la decisión se irá hasta el 2018, para después de las elecciones, no es en absoluto descabellado. Habrá entonces nuevo juego y nuevas barajas.