20-10-2017 Para nadie es un secreto que el legítimo uso de la fuerza pública en México ha quedado en entredicho ante la sociedad desde los sucesos del 2 de octubre de 1968. Han pasado décadas y cada vez que se utiliza la fuerza pública la reacción suele ser negativa, incluso cuando esa acción de la fuerza púbica es reclamada por la misma sociedad ante bloqueos, sabotajes, manifestaciones violentas que afectan seriamente a terceros.
Son, por ejemplo, centenares los camiones, autobuses, tráileres, que han sido secuestrados, quemados, saqueados, robados, por manifestantes de todo tipo, pero sobre todo por los ligados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de grupos como los de Ayotzinapa. Parece ser normal que cuando alguno de esos atacantes es detenido, se redoblen esas acciones o que se secuestre policías o simples empleados públicos para “canjearlos” por los detenidos. Y siempre toda ello se hace con absoluta impunidad.
Leo la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Nochixtlán, y como en muchas de las que ha emitido la propia comisión sobre este tipo de casos, se observa una visión tan parcial de los hechos que termina distorsionándolos. Es verdad que la CNDH se encarga de violaciones a derechos humanos cometidas por instituciones públicas, pero no puede ignorar el entorno en el que se han dado, ni tampoco al conjunto real de víctimas.
Dice el documento de la CNDH que en cuatro de los enfrentamientos en esa comunidad oaxaqueña se encontraron balas que coinciden con la que portaban elementos de la policía local; dice que hubo un accionar descoordinado de las fuerzas de seguridad; que con el uso excesivo de la fuerza se violaron gravemente los derechos humanos de los manifestantes. Es probable, pero el contexto de la recomendación no es el real.
En Nochixtlán hubo una agresión contra las fuerzas de seguridad que estaban levantando un bloqueo que llevaba semanas impidiendo la comunicación entre la ciudad de México y la de Oaxaca, organizado por la sección 22 de la CNTE. No fue un evento aislado, en otros puntos del estado en esos días se levantaron numerosos bloqueos que tenían cerrada la comunicación. En todos esos casos, los bloqueos se levantaron sin demasiados problemas, hubo reacciones menores. ¿Por qué se organizaría una acción diferente en Nochixtlán? No se inició ni siquiera como un operativo con características especiales, pero cuando policías locales y algunos federales comenzaron a levantar ese bloqueo, aparecieron personajes en la misa del pueblo pidiendo a la gente que se levantara porque estaban los policías matando, violando y secuestrando a la gente, lo que era falso. Ni siquiera los policías habían entrado a esa ciudad. Se hicieron sonar las campanas de la iglesia y al mismo tiempo, los policías que estaban levantando el bloqueo fueron agredidos a tiros, mientras grupos de manifestantes se abalanzaban contra ellos. Eso fue cerca de las ocho de la mañana. Ahí hubo tiroteos y hubo heridos entre los policías y entre los manifestantes.
Las fuerzas de la Gendarmería llegaron hasta las 10:45 de la mañana cuando el escenario estaba ya desbordado y continuaban los enfrentamientos (que se prolongaron hasta bien entrada la tarde). Los Policías Federales también fueron atacados con cohetones (artefactos que pueden perforar hasta el chaleco y el escudo que suelen portar en estos eventos los policías, causando graves daños y hasta la muerte), con disparos, con machetes y puñales. Algunos policías fueron secuestrados, rociados con gasolina y amenazados con ser quemados vivos. Hubo 126 policías, hombres y mujeres, heridos y algunos de ellos de suma gravedad: hubo conmocionados, baleados, quemados, policías con miembros amputados. Doce de esos policías son considerados víctimas en el proceso judicial del caso, porque simplemente lo fueron por grupos extremadamente violentos y armados.
En medio de ese enfrentamiento, los miembros de la Gendarmería no utilizaron nunca sus armas. Las personas que resultaron muertas con disparos, que fueron según la CNDH cuatro, tuvieron heridas de armas de corto calibre que portaron aparentemente dos patrullas de la policía local. ¿Hubo falta de coordinación? Evidentemente sí, pero nadie esperaba una agresión como la sufrida: nadie esperaba que los policías que fueron a quitar el bloqueo fueran emboscados y recibidos a balazos. Probablemente algunos de ellos respondieron los disparos, quizás hicieron uso excesivo de la fuerza y las cosas se salieron de cauce.
Pero el sólo hecho de que haya policías gravemente heridos, con disparos, con miembros amputados, quemados, secuestrados, ¿no le permite a la CNDH reconocer que esos policías también tienen derechos? ¿que cuando se está en un enfrentamiento contra personas armadas, no se puede actuar de la misma forma que ante manifestantes pacíficos? ¿no descubrieron en su investigación que todo comenzó con una emboscada contra los policías locales? Aparentemente no. Y es que cuando la vida se ve desde detrás de un escritorio, y se quiere ser políticamente correcto, todo es diferente, muy diferente a como la ven quienes están recibiendo disparos, machetazos y cohetones.