23-10-2017 La remoción del fiscal para delitos electorales, Santiago Nieto es un capítulo más de esa historia que en Brasil algunos han llamado el gobierno de los jueces y en la cual todo indica que estamos a punto de sumirnos de lleno.
Santiago Nieto no es un fiscal que se haya distinguido por una labor muy destacada. Es difícil recordar alguna decisión de real trascendencia en su gestión, pero tampoco ha sido malo en su labor. Pero sin duda será recordado por esa compulsión de convertir su desempeño judicial en un espacio abierto para los medios. Al ahora ex fiscal Nieto le gustan los medios y le gusta difundir su labor en ellos.
En esta ocasión su cese se dio por divulgar al periódico al que suele confiarle sus averiguaciones previas, detalles del caso de Emilio Lozoya en relación con la investigación de Odebrecht. Una carta enviada en agosto, donde el ex director de Pemex pedía a través de sus abogados que se le informara sobre su situación legal, la convirtió Nieto en amenazas y presiones en su contra. No es inédito. Hace unos años, se metió de lleno en otro caso polémico, la designación de Arturo Escobar como subsecretario en Gobernación, iniciando una acción penal contra el dirigente del Verde que llevó a su renuncia, pero que obligó al fiscal a desistirse, por lo infundada de esa acusación e incluso a disculparse ante el juez que tomó el caso. En ese momento Nieto podría haber sido, sin mayor trámite, separado de su cargo, pero no pasó nada.
En esta ocasión, con su declaración a los medios, Nieto ha logrado un nuevo momento de protagonismo, pero también ha violado las normas y paradójicamente le puede haber dado una enorme ayuda al propio Lozoya por haber violado su derecho a un debido proceso. No se trató de una simple filtración, fue una declaración del propio fiscal. Por bastante menos que eso, muchos de los mismos que ahora exigen que el fiscal sea reinstalado en su cargo, reclamaron la libertad, y la obtuvieron, de la secuestradora Florence Cassez. Desperdicié tres horas este fin de semana viendo el documental de Kate del Castillo sobre el Chapo y Sean Penn. Un desastre total (¿qué le pasa a Epigmenio Ibarra? Antes se podía estar o no de acuerdo con la línea de sus trabajos pero eran, en su mayoría, impecables, ahora terminan entre el panfleto y el humorismo involuntario, hasta la vida sexual de Kate del Castillo es presentada como una conspiración de Estado), pero más allá de eso, durante más de media hora Epigmenio y sus cercanos colaboradores morenistas pontifican en el documental sobre la supuesta violación a los derechos humanos de la actriz porque se difundieron sus correos electrónicos con el Chapo. A todos les pareció terrible y una demostración de cómo se linchó a la pobre Kate que sólo quiso hacer negocio, dice ella, con Sean Penn y el Chapo. Pero ahora que estamos no ante una filtración, sino ante una declaración de prensa del propio fiscal que daña una de las principales investigaciones judiciales que tenemos en curso y donde se ha pedido a todo el aparato judicial extrema secrecía, resulta que se trata de una violación de los derechos pero no del investigado, en este caso Lozoya, sino del fiscal Nieto.
No se trata de defender a Lozoya y apoyar a Nieto. En este mismo espacio hemos insistido en la necesidad de llegar hasta el fondo en el caso Odebrechet y en otros despropósitos que se cometieron en Pemex como la compra de plantas de fertilizantes inservibles. Pero cuando los jueces y fiscales se quieren convertir en protagonistas, cuando tienen una participación política y mediática que va más allá de las necesarias para su función, los resultados son fatales. No necesitamos otro Pablo Chapa Bezanilla, aquel fiscal de los casos Colosio y Ruiz Massieu que tanto daño hizo al sistema de justicia (y a la vida política del país) politizando sus investigaciones a un grado tan extremo que primero tenía a un culpable y luego veía como construir una investigación para inculparlo.
No digo que Nieto haya llegado a esos extremos, pero ante una elección como la que viene el año próximo lo último que necesitamos es un fiscal electoral con ambiciones políticas y protagónicas. No vamos a tener, porque no podemos tenerlos, fiscales puros, que no tengan opiniones e incluso carreras ligadas a la política (Nieto, por ejemplo, es un hombre cercanísimo a Jaime Cárdenas, una pieza central del equipo de López Obrador, lo cual no lo descalificó para ser fiscal), pero lo que no puede ser es que los fiscales litiguen en los medios y violenten los procesos haciéndolo, rompiendo el secreto de las indagatorias.
Quizás la decisión del procurador Alberto Elías Beltrán haya sido políticamente imprudente, pero legalmente fue impecable. No es descabellado pensar que en el senado las distintas fuerzas opositoras logren reinstalar en su cargo al ex fiscal Nieto e incluso, como han dejado trascender este fin de semana, que bloqueen la aprobación del paquete económico con esa coartada. Pero a nadie le conviene partidizar y mediatizar la justicia. Es un error que puede tener costos altísimos, políticos e institucionales.