25-10-2017 No deja de llamar profundamente la atención la parcialidad con que se analizan casos similares. El fiscal Santiago Nieto violó la ley al divulgar, por enésima ocasión, casos judiciales que estaban en su escritorio, y que ameritaba absoluta secrecía, en los medios.
No es diferente lo que hizo Santiago Nieto a lo que realizó en su momento Pablo Chapa Bezanilla, el tristemente célebre fiscal de los casos Colosio y Ruiz Massieu. El fiscal decidía primero quién sería el culpable, luego armaba el caso en torno a esa decisión y todo, absolutamente todo, se litigaba en los medios. Cuando escribimos con Joaquín López Dóriga el libro Domiro, donde el general Domiro García Reyes, al que Chapa Bezanilla quería responsabilizar del asesinato del candidato priista, exponía su historia en la campaña y desmontaba la trama que había construido Chapa Bezanilla para meterlo a la cárcel, el fiscal a los que amenazó con la cárcel fue a López Dóriga y a un servidor, supuestamente por obstaculizar la justicia.
Como Santiago Nieto, el entonces fiscal Chapa Bezanilla era, cuando fue designado, un investigador calificado para la responsabilidad que le fue otorgada, pero el protagonismo, la decisión de convertirse él mismo en figura (le gustaba que lo compararan con Elliot Ness) y, en su caso, la pérdida completa de ética profesional, llevaron las investigaciones al desastre y al descrédito más absoluto. Acabó él mismo en la cárcel. El fiscal Nieto no cometió tropelías de la magnitud de Chapa Bezanilla pero la suma de éstas, y de las decisiones parciales en sus investigaciones, divulgadas además, sistemáticamente en los medios, lo descalifican para ese cargo.
Pablo Hiriart describía ayer un buen ejemplo de ello: hizo bien Nieto en iniciar una investigación y pedir orden de captura contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte porque supuestamente utilizó la nómina estatal para recaudar fondos para la campaña estatal, pero no ha hecho absolutamente nada contra Delfina Gómez, por hacer exactamente lo mismo en Texcoco, con la diferencia de que en su caso no existe la presunción sino documentos firmados por la entonces presidenta municipal ordenando ese descuento para las actividades de Morena. Como ese, hay innumerables ejemplos de decisiones parciales de Nieto que se suman al delito (porque es un delito que se castiga con prisión de cuatro a diez años) de divulgar indagatorias en curso.
Debemos insistir en un punto: no se trata de filtraciones, no se trata de que una carpeta con información o un correo electrónico anónimo llegó a las manos de un medio. Estamos hablando, como sucedía con Chapa Bezanilla, de declaraciones del propio fiscal, donde además, por lo menos en el caso Odebrechet-Lozoya, miente, como quedó demostrado con la divulgación de la carta que le envió Lozoya en agosto pasado y que el fiscal calificó como una “amenaza” a su persona.
Con un agravante: bajo el nuevo sistema de justicia penal, la faltas al debido proceso (y esa declaración del fiscal lo constituye) puede terminar con la liberación de un inculpado, haya cometido o no el delito por el que se lo acusa. Así han quedado en libertad desde asesinos, hasta secuestradores y narcotraficantes.
Es inoportuno su cese cuando está comenzando el proceso electoral, pero es mucho más dañino no reparar el daño que le hace este protagonismo y esta forma de hacer justicia a ese mismo proceso electoral. Con Chapa Bezanilla pasaron meses y se tuvo que llegar hasta el ridículo de que el fiscal contratara brujas, enterrara restos humanos de una persona para tratar de identificarlos como de otro, tuvieron los jueces que comenzar a desentrañar investigaciones sustentadas en dichos y elucubraciones para que finalmente fuera destituido de su cargo y procesado. Fue muy tarde: la procuración de justicia nunca se recuperó del desprestigio que sufrió en esos meses. El daño político del accionar de Chapa Bezanilla todavía lo estamos sufriendo.
No podemos esperar que las elecciones más conflictivas, más competidas, probablemente más duras de la historia contemporánea de México tengan en el centro un fiscal que mide con distinta vara y que además, litiga sus casos en los medios. El grado de contaminación del proceso puede acabar con su legitimidad.
CNDH y Nochixtlán
La Comisión Nacional de Derechos Humanos contestó con una carta que se publicó el lunes mi columna del viernes pasado sobre su recomendación del caso Nochixtlán. Es una pena, pero la CNDH no entiende que no entiende lo que se le reclama. Lo que está en el centro de la crítica es que no toma en consideración el contexto en el que se dan los hechos, que la gente siente que la Comisión defiende a los criminales y no a sus víctimas, que es insensible (en este caso) a la agresión que sufrieron policías que fueron emboscados a balazos, que sufrieron amputaciones de dedos a machetazos, que fueron secuestrados. Acusa a las fuerzas policiales de no haber previsto un operativo especial en ese lugar cuando en todos los demás puntos se había actuado de la misma forma y no había habido contratiempos. Debieron haber previsto, dicen en su carta, que las cosas en Nochixtlán podían ser diferentes. ¿Cómo se puede prever lo impredecible? ¿Cuándo un grupo de policías es emboscado por un grupo de personas armadas, en Nochixtlán o donde sea, los responsables son los policías porque no previeron que los iban a emboscar? Es absurdo.
La respuesta de la CNDH, como la recomendación del caso, se da desde la formalidad de los escritorios y de leyes de las que respeta su letra pero no su espíritu. ¡Qué diferencia con aquella CNDH que encabezaron Jorge Carpizo o Jorge Madrazo!
Heroína y consumo en EU
La DEA, con toda razón, está muy preocupada porque se ha triplicado, dicen, la producción de heroína en México. Pero no toma en cuenta un punto central: lo que se ha cuadruplicado es el consumo de esa droga en los propios Estados Unidos, sobre todo en estados como Ohio. Si aumenta el consumo aumenta la producción, como con cualquier producto. Y esa droga llega a ese mercado desde México, desde China, vía Canadá o desde donde sea necesario. Son las propias autoridades de la Unión Americana las que deben romper con la cadena de consumo, con la demanda, si quieren reducir la oferta. Es simple: son leyes económicas.