31-10-2017 El final del ex fiscal Santiago Nieto estaba escrito: el viernes simplemente desistió de seguir buscando su reinstalación porque las pruebas de que había violado la ley, de que había divulgado información de una investigación en curso, de que no le había permitido a un acusado acceso a su expediente, de que había mentido, eran tan abrumadoras que hacían no sólo insostenible su situación sino que, además, lo tenían legalmente pendiente de las acusaciones que en su contra presentó Emilio Lozoya y la propia visitaduría de la PGR.
Lo insólito no es que Nieto haya abandonado el vano intento por ser reinstalado, sino el desprecio por la ley de los partidos que lo defendieron y trataron de forzar su reinstalación ante evidencia tan abrumadora. No entiendo como el PAN, PRD y Morena pudieron hacer una apuesta tan alta en un caso perdido. Como pudieron politizar tanto una decisión que quizás no era oportuna pero que resultaba de hechos incontrovertibles. No se entiende cómo tantos analistas jugaron con esa carta, victimizaron al ex fiscal sin tomarse un minuto para observar su conducta y los ilícitos que había cometido.
Eso se aplica incluso al tema que dominó la semana pasada el senado: si la votación sobre la reinstalación del fiscal debía ser abierta o cerrada. No hay tema para debatir: las normas del senado establecen que debe ser cerrada y eso tiene toda la razón de ser. Si es elegido un fiscal en forma abierta se sabrá quién votó por él y quién no, y ello conllevará en un sentido o en el otro, sospechas sobre su parcialidad, porque además, como sucedió cuando fue elegido Nieto, los cargos electorales se terminan decidiendo por cuota partidaria. El propio Nieto no tendría que haber sido elegido porque al momento de su designación era asesor legal del PRD, lo que invalidaba sus posibilidades. Pero se decidió que esa era una cuota del PRD y así llegó al cargo. La ley no importó.
Pero el caso del ex fiscal no es excepción, es la regla. Lo que está sucediendo con el PT es incalificable: la red de corrupción de ese partido no fue ni siquiera disimulada. Los recursos públicos entregados por el gobierno de Nuevo León para estancias infantiles, cien millones de pesos y sólo de esa iniciativa (habrá que revisar el presupuesto de egresos federal para saber cuántas más por el estilo existen), se depositaron en la cuenta personal de la esposa de Alberto Anaya y nunca llegaron a su destino.
Que el PT es un partido impresentable ya lo sabemos, por eso resulta inadmisible que el PRI le haya salvado el registro con la última elección federal extraordinaria en un distrito de Aguascalientes, pero más aún la férrea defensa que hace del PT, Andrés Manuel López Obrador, viejo aliado de ese partido y esos dirigentes que le han sido enormemente funcionales en el congreso y en las campañas. Favor con favor se paga, pero que nadie nos hable de honestidad y menos de valentía. A Andrés Manuel la ley, el fraude, la corrupción, no le importa si se trata de los suyos. Lo que importa es el poder.
Lo demostró una vez más el fin de semana en Sonora, con la defensa abierta del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, prófugo en Canadá desde hace años. Dijo ante un grupo de sus seguidores que cuando llegue a la presidencia regresaría a Napoleón a México y a la dirigencia del sindicato minero. Gómez Urrutia está prófugo porque fue acusado de llevarse, él y un grupo de dirigentes mineros, 55 millones de dólares que eran parte de lo que les correspondía a sus trabajadores como liquidación de la mina de Cananea. Está en Canadá cobijado por empresas mineras de ese país con amplia participación en México. Se supone que las órdenes de aprehensión en su contra están canceladas. ¿Por qué entonces Gómez Urrutia sigue en Canadá? ¿Por qué necesita “traerlo de regreso” su nuevo aliado político, López Obrador? ¿A un candidato que dice representar los intereses de los pobres no le causa conflicto que el PT se robe 100 millones de pesos de estancias infantiles o defender a un hombre acusado de llevarse 55 millones de dólares de los trabajadores de Cananea? No importa la ley, lo importante es el poder.
El CNTE y la violencia
En Oaxaca los miembros de la sección 22 de la Coordinadora tienen, nuevamente, ahorcado al estado, dificultando incluso el proceso de reconstrucción. En Chiapas, los maestros están organizados en dos secciones, la 7 y la 40. Por segunda vez ocasión consecutiva, la Coordinadora ganó la 7. El Congreso se efectuó sin contratiempos. La planilla única, de la Coordinadora, fue la ganadora y una comisión del CEN del SNTE, que encabeza Juan Díaz, le tomó protesta al nuevo Comité en un ambiente de tranquilidad.
Sin embargo, en la sección 40, que tendrá su congreso en los próximos días, la Coordinadora no quiere democracia interna. Sus grupos violentos, encapuchados, han recurrido incluso a acciones humillantes como a rapar y hostigar a maestros que se atreven a disentir de sus posturas. Las capuchas que usan para ocultar su identidad ante estas agresiones los delata como lo que son: violentos, armados, intolerantes. Una vez más: no importa la ley, lo que importa es el poder.