01-11-2017 Es verdad. Nuestro sistema de procuración de justicia funciona prácticamente sin cabezas. En la PGR, el procurador Alberto Elías sigue como interino. No se ha dado la transformación de la PGR en Fiscalía General a pesar de estar aprobada hace ya más de tres años. Tampoco tenemos un Fiscal Anticorrupción y el propio sistema funciona sólo parcialmente. Ya sabemos la crisis en que puso a la Fiscalía de delitos electorales, la ligereza de su anterior titular, Santiago Nieto.
La pregunta es porqué se da esta situación y la respuesta es sencilla: porque los partidos lanzaron por la borda los acuerdos que habían alcanzado en el Pacto por México y se lanzaron a una lucha por espacios de poder, pensando en qué le correspondería a cada uno en el 2018. En el camino, todas las decisiones sobre designaciones de funcionarios del sector (pero también todo lo relacionadas con las áreas de seguridad y justicia) han quedado canceladas, en la congeladora o, cuando se han dado, han sido cuestionadas.
El punto de inflexión fueron los comicios del 2015, que, con el triunfo del PAN en la mayoría de los estados en disputa, generó un nuevo equilibrio político. Desde entonces, y ahora vemos que erróneamente, la dirigencia panista en torno a Ricardo Anaya pensó que sólo tenía que administrar la batalla política para ganar la presidencia de la república en el 2018: el PRI estaba acabado, el PRD sólo tenía futuro si iba a atado a una coalición con el PAN y su único rival eran López Obrador y Morena. Rompieron entonces puentes.
El pacto por México estaba acabado desde antes pero fue después de esas elecciones que el PAN de Ricardo Anaya decidió romper con los acuerdos pendientes para lanzarse a la búsqueda del poder. Ello se reflejó incluso en la vida interna del partido, en el bloqueo a Margarita Zavala y a Rafael Moreno Valle, pero también en el congreso, donde estalló primero la ruptura interna, y luego se agrietó la agenda legislativa.
No hay fiscalía general de la república porque el acuerdo en el que se basó su creación se rompió. Primero, porque como un efecto de coyuntura, no se dio el paso de la creación de la PGR en Fiscalía para no favorecer a Jesús Murillo Karam, en medio del tema Ayotzinapa. La reforma entró en la congeladora y no se la sacó de ella durante la gestión de Arely Gómez en la PGR. Cuando fue designado Raúl Cervantes estaban dadas todas las condiciones para la transformación (Cervantes fue elegido en el senado como procurador por 83 votos contra 3) pero repentinamente la dirigencia del PAN, causando incluso divisiones en el grupo parlamentario del partido, convirtió a Cervantes en el “fiscal carnal”, en una lucha por desacreditar al hombre que ellos mismos habían votado para que se quedara en esa posición.
La estrategia, además de una confrontación de Ricardo Anaya con el PRI, tenía otra razón de ser: avanzar en el frente ciudadano con el PRD y MC y hacer suya la agenda de una serie de grupos y personajes que se presentan como independientes, aunque no lo son, y que cuentan con incierta representatividad pero con importantes espacios de repercusión pública. Por eso se opusieron a Cervantes como fiscal. Era para abrir una posición para alguna de esas personalidades “independientes”. El gobierno y el PRI tuvieron en ese caso el tino de no morder el anzuelo, envalentonados ellos también porque el triunfo en el estado de México los había vuelto a poner en la pelea electoral para el 2018.
Hoy esos personajes dizque independientes ya están trabajando su incorporación en el frente PAN-PRD-MC, lo que es legítimo, pero demuestra también que, como todos, jugaban con sus propias cartas y agendas políticas.
Se quejan de que no hay fiscalía pero no se ve el menor esfuerzo porque la misma salga adelante. Los que clamaban contra “el pase automático”, jamás aprobaron la propuesta del presidente Peña de acabar con ese transitorio de la constitución que habían aprobado todos los partidos años atrás y que esos mismos opositores desconocieron y ocultaron, cuando era un compromiso legal que habían asumido. Ahora ya no sólo quieren cambiar el sistema de elección del fiscal sino incluso el diseño de la fiscalía. Que nadie se queje entonces si en ese proceso nos pasamos algunos años, los mismos que se tardó en llegar a un acuerdo para crearla.
Algo similar sucede con la fiscalía anticorrupción. Lo único que falta es ponerse de acuerdo en un nombre. Pero ese acuerdo no es viable porque los puentes están dinamitados. Y lo mismo sucederá con el nuevo titular de la Fepade, a lo que se suma la necedad de querer votar en forma abierta un nombramiento, el de un fiscal, que la lógica y los reglamentos indican que debe ser elegido en votación cerrada, secreta.
Que nadie se engañe. Tenemos un sistema de justicia desarticulado y sin la mayoría de sus cabezas porque los partidos han trabajado conscientemente para que así sea. Porque no han querido poner a las instituciones por encima de sus ambiciones de poder. Y porque los acuerdos que habrían permitido avanzar fueron rotos después de los comicios del 2015, demasiado tiempo antes de los comicios del 2018.