22-11-2017 Octubre ha sido el mes más violento en muchos años y el 2017, si todo continúa con el actual ritmo, lo que es más que probable, será el año con mayor número de asesinatos, incluso mayor que en el momento más álgido de la administración Calderón.
La violencia abarca todo el país, incluyendo Baja California Sur, hasta hace muy poco uno de los estados más tranquilos de la república. Ayer, en BCS fueron asesinados el presidente de la comisión de derechos humanos del estado y su hijo. En el fin de semana fue muerto en el estado de México uno de los más altos directivos de Televisa, Adolfo Lagos, en un intento de asalto (aunque el tema debe ser investigado mucho más, por el errático comportamiento de sus custodias, incluyendo el hecho de que el disparo que acabó con la vida de Lagos fue realizado por uno de ellos). Y los hechos de violencia se acumulan. Se disparan las cifras de secuestros, de robos.
La pregunta es por qué ocurre y las respuestas que se dan son lamentables. Con el asesinato de Lagos, cuando aún no habían iniciado las investigaciones, se dijo que esa muerte confirmaba, por ejemplo, que hay que volver a separar Gobernación y Seguridad Pública. También se ha hablado de falta de estrategia para atender la seguridad. Las dos cosas tienen algo de verdad, pero la realidad indica que en las condiciones institucionales en las que estamos viviendo es imposible mejorar los índices de seguridad.
Para sus opositores y ahora vemos que también para algunos panistas, la lucha librada contra el narcotráfico durante el sexenio pasado fue “la guerra de Calderón”. No hubo nunca la más mínima solidaridad política con una batalla que cobraba miles de vidas, que socavaba las bases institucionales del país y que demandaba una respuesta común. No es verdad que la mayoría de los gobernadores, como se insistió entonces, estuvieran ligados o comprados por el narcotráfico, simplemente no intervenían, depositaban en las fuerzas federales y cada vez más en los militares, los esfuerzos y ellos se quedaban con los recursos destinados a fortalecer los órganos de seguridad local.
En el ámbito federal, en el primer año del gobierno de Peña Nieto, se creyó que la inseguridad respondía a la incapacidad política del gobierno anterior y que cambiando el discurso y la comunicación se podían restaurar la misma, lo que se sumó a la desconfianza mutua que existió entre la administración entrante y la de Barack Obama en términos de inteligencia. Pero desde el 2014 las cosas cambiaron. El Ejército y la Marina han redoblado sus esfuerzos, la policía Federal, ya con la división de Gendarmería incluida, opera con amplitud (aunque es urgente que crezca en el número de sus elementos y su distribución territorial), la inteligencia parece volver a estar coordinada y, por ejemplo, la enorme mayoría de los objetivos (los personajes del crimen organizado) fijados por las autoridades han sido detenidos o abatidos. ¿Por qué entonces crece la inseguridad?
Y es porque no tenemos un andamiaje amplio y sustentable en todo el país para garantizarla. Necesitamos una ley de seguridad interior que no sólo norme la participación de las fuerzas armadas y les otorgue seguridad jurídica sino que también establezca las obligaciones y los espacios que deben cubrir los estados y municipios. Sin esa piedra angular decir que falla la estrategia no tiene sentido porque no puede haber estrategia integral. Este lunes el general Salvador Cienfuegos volvió a insistir en esa necesidad ineludible y otra vez lo único que tenemos es el silencio. Es cínico que los partidos suelan pedir a los soldados y marinos para garantizar su seguridad y la de sus estados pero que en casi 15 años no hayan realizado el menor esfuerzo político para sacar adelante una ley de seguridad interior.
Tampoco avanzaremos sin una ley sobre el modelo policial. El tema del mando único y de la profesionalización de las policías también lo venimos discutiendo (es un decir porque nadie se atreve realmente a discutirlo) desde el inicio del gobierno de Calderón. Entonces se propuso como un nuevo modelo policial acompañado de un mando único a nivel federal, tomando como ejemplo el modelo colombiano y de otros países. No se lo aceptó, y se cambió entonces a una propuesta que mantuviera el modelo pero garantizando el mando único policial en cada uno de los estados con una coordinación a nivel federal. Tampoco pasó. Después de los hechos de Iguala, donde fue evidente que los policías municipales trabajaban para el narcotráfico y que fueron responsables directos del asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa, el presidente Peña, apoyado por los gobernadores de la CONAGO, volvió a plantear la reforma al modelo policial incluyendo el mando único estatal. Han pasado los años y no se ha avanzado nada. Algunos, otra vez como coartada, plantean el mando mixto, que no es más que mantener las cosas como están ahora; otros quieren sacar leyes policiales sin la ley de seguridad interior. Los hay que quieren atar (para dar en una y quitar en la otra) ambas leyes.
Lo cierto es que sin esas leyes no habrá avances en la seguridad del país, ni tampoco se podrá establecer una estrategia de largo plazo. Es fácil señalar culpables, pero es muy difícil asumir corresponsabilidades.