12-12-2017 Se supone que hoy tendrá que ir a comisiones del senado la minuta de la ley de seguridad interior, si es que se quiere tener la ley aprobada antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, este próximo viernes a la medianoche. Y así tendría que ser porque es una demanda política y legal que lleva años en la congeladora legislativa y argumentar ahora que se quiere discutir lo que se boicoteó durante 15 años parece ser bastante poco serio.
Que me perdone ese gran actor y buena persona que es Diego Luna (la voz que más repercusión, con pocos argumentos, ha tenido entre los opositores a la ley), pero está equivocado. No pasará, con la aprobación de la ley, nada grave en el país. Lo grave es que no tengamos esas normas básicas después de ser propuestas durante tres sexenios consecutivos. La ley, como han explicado muchos, no faculta a ninguna autoridad militar a realizar acciones de policía ni confunde las acciones de seguridad pública con las de seguridad interior. No pone en riesgo los derechos humanos porque ante cada declaratoria de intervención se debe notificar a la CNDH. Por la ley no se pueden suspender garantías individuales. La ley prohíbe expresamente en su artículo 8 la intervención militar contra cualquier protesta social que se realice en los marcos establecidos por la Constitución (¿alguien considera represivo o fuera de la ley intervenir ante un levantamiento realizado fuera del marco constitucional, por ejemplo ante un intento de golpe del signo que sea?). La regulación del uso de la fuerza no está incluida en la ley, existen protocolos específicos para ello en cada fuerza de seguridad del país y aceptados por instancias internacionales. No existe confidencialidad en las declaratorias de intervención: solamente se especifica que la misma puede ser reservada temporalmente en el marco de la ley de transparencia y las normas del INAI. Las declaratorias de intervención tienen temporalidad de un año y si se quiere ampliar se debe emitir una nueva.
Lo que sí hace la ley es obligar a estados y municipios a fortalecer sus policías y a rendir cuentas de los recursos destinados a ellos. Las tareas de inteligencia son inherentes a la intervención de las fuerzas armadas en los marcos legales existentes, y por ende debe ser lícita y con respeto a las leyes y normas. Pero, además, la aplicación de la ley está sujeta al control del Congreso, de la Suprema Corte, de la CNDH, del sistema nacional anti corrupción, entre otras instancias nacionales e internacionales. Su campo de acción está claramente determinado: amenazas a la seguridad nacional con origen en territorio nacional; desastres naturales y emergencias; epidemias y contingencias de salud o falta de colaboración de municipios y Estados en materias de seguridad nacional.
Ningún actor político ha logrado rebatir estos principios de la ley. Sin duda se pueden realizar ajustes o cambios en la medida en que las normas comiencen a funcionar, pero lo argumentos en contra presentados hasta ahora o simplemente tergiversan la realidad o no han leído siquiera la iniciativa. En medio hay mucho ruido político y poca sustancia (aderezada por ignorancia o mala fe).
Es un poco desconcertante que en su discurso del domingo Ricardo Anaya la haya emprendido contra dos gobiernos del que él de una u otra forma fue parte y que fueron ganados por su partido (Calderón lo trajo al gobierno federal, fue subsecretario de estado y no se recuerda que jamás haya criticado entonces ni a Calderón ni a Fox), pero resulta inconcebible que vaya en contra de una ley de seguridad interior que propuso su propio partido (el corazón de la iniciativa de ley es la que propuso Roberto Gil Zuarth hace ya algunos años, en este sexenio, mucho antes de la ruptura entre Anaya y los llamados senadores rebeldes). Resulta increíble que en su programa de gobierno López Obrador proponga la ley de seguridad interior y el mando único policial pero que sus legisladores lo rechacen cuando no están en el gobierno (pero ¿qué se puede creer de López Obrador cuando ahora sale Alfonso Romo a decir que el candidato no dijo lo que dijo aunque lo haya dicho y repetido una y otra vez, sobre los militares y la amnistía a los narcos? No es un problema de interpretación, es un dato duro).
Ayer la mayoría de los gobernadores le dieron luz verde a la iniciativa como antes se la había dado la CNDH. Miguel Ángel Mancera propuso revisar los artículos 11 y 16 porque consideraba que otorgaban poderes demasiado amplios al poder ejecutivo federal. No creo que sea así, pero en todo caso, si de lo que se está hablando es de ajustar normas y procedimientos, como se interpreta de lo dicho por el jefe de gobierno, eso se puede revisar una vez que se apruebe la ley. Porque si la misma no sale en este periodo ordinario, tampoco saldrá en lo que resta de esta legislatura y cuando asuma la siguiente en septiembre del 2018 pasarán muchos meses y tal vez años, antes de que tengamos un marco legal que los partidos y los legisladores nos deben desde hace ya tres lustros.