30-01-2018 La cárcel como estrategia política ya está entre nosotros y es un fenómeno cada vez más extendido y preocupante. En Chihuahua, el gobernador Javier Corral la ha convertido en un instrumento proselitista vía el cual hace campaña, pero por el que se mete un día sí y el otro también en problemas.
Apenas este fin de semana el gobierno del estado hizo una denuncia pública de que el gobierno federal se quería llevar a una prisión federal al dirigente del PRI, Alejandro Gutiérrez, preso por una acusación casi inverosímil (no porque lo sea el que existan recursos ilícitos en las campañas sino por el mecanismo supuestamente utilizado para ello), quien acusa a su vez a la fiscalía estatal de someterlo a torturas. Una investigación absolutamente politizada y cuestionable, en la que las presiones contra supuestos testigos e inculpados es constante, lo que ya está investigando la propia CNDH. Pero más allá de eso resultó que no había ninguna conjura para trasladar a Gutiérrez sino que había sido la propia fiscalía que denunció la misma, la que había pedido ese traslado al gobierno federal. Un capítulo más de una historia llena de equívocos y de justicia politizada.
En Quintana Roo, la prisión de Roberto Borge ha llevado también a la de muchos de sus colaboradores. No dudo de que muchos de ellos lo merezcan, pero no deja de llamar la atención que la cárcel haya llegado hasta a quien fue rival en la contienda electoral de Carlos Joaquín, el ex presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora, un hombre que tenía fama de honesto. ¿Es justicia o ajuste de cuentas?
Llama la atención que ahí mismo, en Quintana Roo, mientras tanto, otros personajes notablemente sospechosos no sólo estén libres sino incluso a punto de tener fuero. El líder del Partido Encuentro Social en Quintan Roo es Greg Sánchez, aquel ex presidente municipal de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, acusado de narcotráfico. Greg estuvo preso, quedó en libertad, fue a hacer negocios a Argentina, y allí fue detenido acusado de lavado de dinero por la compra de unos terrenos en el norte de ese país. Fue enviado a México, estuvo nuevamente detenido y ahora convertido en pastor evangelista es también el líder del PES en el estado. Su esposa, Niurka, quiere ser candidata a senadora por la alianza Morena-PES-PT y tiene el visto bueno de la dirigencia morenista.
Pero Niurka, de origen cubano, no es mexicana por nacimiento, como lo exigen las leyes para cargos de elección popular. Familiares de Niurka, que tuvieron el control de la seguridad pública de Cancún durante la administración de Greg, están detenidos por el asesinato del general del ejército Mauro Enrique Tello Quiñones, que el mismo día en que fue presentado como secretario de seguridad pública del municipio, fue secuestrado, torturado y asesinado en forma brutal. La tortura y el asesinato se realizaron dentro de la propia cárcel local por funcionarios del reclusorio y de la policía municipal. Esa cárcel de Cancún tenía fuertes contratos y lazos casualmente con Nicolás Mollinedo, aquel famoso chofer de Andrés Manuel (Nico) en la época en que el candidato de Morena era gobernante de la ciudad.
Pero esa es otra historia. La pregunta es qué pueden aportarle estos personajes con un pasado tan turbio a una candidatura, a cualquiera.
Sin embargo, el manejo de la seguridad y la justicia para fines políticos no se acaba ni remotamente allí. El reciente caso del joven Marco Antonio que estuvo desaparecido unos días en la Ciudad de México es casi paradigmático al respecto. El joven fue detenido por la policía porque cuando se lo interrogó en actitud sospechosa, huyó y se saltó los molinetes del metro para tratar de escapar de los policías. Fue detenido y llevado ante el ministerio público; allí fue liberado y apareció dos días después, otra vez detenido pero en un ministerio público de Tlalnepantla por una pelea en un lugar público. Volvió a ser liberado, pero para entonces ya la familia y un nutrido grupo de activistas habían divulgado que había sido secuestrado y desparecido por la policía. Su familia distribuyó una foto de Marco Antonio de hace algunos años, muy diferente a su imagen en la actualidad pero que reforzaba la idea de que un jovencito había sido objeto de una terrible injusticia. El juzgado en Tlalnepantlatardó casi 48 horas en saber que ese joven que había estado en barandilla y había sido liberado, estaba siendo buscado por supuesta desaparición. Finalmente Marco apareció deambulando por las calles y, afortunadamente ya está de regreso con su familia. Pero en el camino, en medio de legítimas preocupaciones sociales, hubo una intensa campaña en contra de las autoridades capitalinas cuyo objetivo era evidentemente político.
Usar la justicia y la seguridad con objetivos políticos y electorales no sólo es un error, es un peligro para la gobernabilidad de cualquier país. Una vez más, el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer lo tenemos en Brasil. El ex presidente Lula Da Silva difícilmente podrá presentarse a las elecciones de octubre, donde es el favorito, porque está acusado y condenado a 12 años de cárcel por un caso de supuesta corrupción. La presidenta Dilma Roussef fue destituida de su cargo, su sucesor el presidente Michel Temer también está acusado; más de la mitad del congreso enfrenta procesos judiciales por casos de corrupción. Los jueces dictan la política en Brasil y ya están identificados, también, como partidarios: los hay opositores al PT de Lula y los hay partidarios, y cada uno de ellos demanda a sus rivales. La clase política está destrozada, y en los comicios de octubre terminarán con candidatos populistas de izquierda o derecha, pero con una catarata de juicios una vez que muchos legisladores dejen de tener fuero.
Nadie sale ganando de ello. Pero es una gran tentación recurrir a la cárcel y la justicia para hacer proselitismo. Y la campaña apenas comienza.