08-02-2018 La sucesión de hechos violentos en varios lugares del país,determinan una geografía plena de focos rojos de cara a las elecciones del próximo primero de julio. Los muertos en un palenque de Chihuahua, los sacerdotes asesinados en la carretera Taxco-Iguala, el candidato priista a alcalde en Cuautitlán Izcalli asesinado en la puerta de su casa, son sólo parte de un escenario muy complejo donde, más allá de las tensiones que derivan, siempre, de una campaña electoral, todo debe ser valorado, sopesado por candidatos y partidos para no fomentar una violencia que está a flor de piel.
Entrevistamos ayer, hoy saldrá la segunda parte, en Todo Personal (ADN40, 21 hs), al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida sobre estos temas y decía que con el operativo policial que se lanzó días atrás lo que se intentaba entre otras cosas, era, primero, evaluar las verdaderas capacidades de las fuerzas policiales federales en coordinación con las estatales; y segundo, que no sólo fuera un operativo de contención sino que se investigaran crímenes y se castigaran, que se comenzara a acabar con la impunidad, porque hoy, cerca del 98 por ciento de los delitos que se cometen quedan impunes, sin ningún tipo de castigo para los responsables. Esa tendencia es que la que tiene que comenzar a cambiar si se quiere modificar todo el cuadro.
Recordaba con Navarrete Prida su anterior paso por la secretaría de Gobernación, en 1994, con el secretario Jorge Carpizo (Alfonso fue su particular y un importante operador del secretario) y la inevitable analogía que se puede hacer de ese año tan convulso con este 2018 que ahora estamos viviendo. Hay similitudes: ambiente de crispación, una decisión estratégica sobre el futuro del país, la violencia derivada del levantamiento zapatista y de los secuestros por grupos guerrilleros de prominentes empresarios, la división interna en diferentes partidos, la sensación de que el país se podía ir de las manos. Hubo una elección en buena medida ejemplar, pero llegaron después meses terribles de violencia, crisis y desconcierto.
En este 2018, la violencia no proviene de un levantamiento de grupos armados y sociales, sino de grupos criminales. Se podía estar radicalmente en desacuerdo con los postulados zapatistas, pero se tenía que reconocer que sus reivindicaciones eran sociales (los secuestros como el de Alfredo Harp y Ángel Lozada son sencillamente indefendibles, como algunas acciones de los zapatistas,sobre todo contra militares, antes del levantamiento armado) y por lo tanto podían tener una respuesta social y política.Ahora lo que tenemos es a grupos criminales que están expoliando a la sociedad vía secuestros, extorsiones, asesinatos, narcomenudeo. En ese sentido importa poco si se trata de grandes cárteles o de pequeñas bandas, las consecuencias para la gente es la misma: esa seguridad cotidiana es la que se tiene que comenzar a recuperar. Y no hay margen para negociar acuerdos políticos con los delincuentes.
Y el proceso electoral debería ayudar en ese sentido si los partidos y candidatos asumen la magnitud del desafío y le dan el verdadero valor que tienen a las instituciones que se han creado en los últimos 24 años.
Pensemos en todas las instituciones electorales, en las fiscalías, en los mecanismos de control, en las instancias ciudadanas, en la pluralidad no sólo electoral sino también la reflejada en el poder: todos los partidos que participan en estas elecciones han tenido espacios importantes de poder, desde la presidencia de la república, hasta gubernaturas, desde el gobierno capitalino hasta la coordinación legislativa de ambas cámaras. Incluso en el ámbito de la seguridad tenemos instancias que no teníamos entonces, como una policía federal con 43 mil elementos, procuradurías y fiscalías más sólidas.
Decía Navarrete, y tiene razón, que estos no son momentos para diagnosticar sino para ejecutar. Que más allá de las opiniones y de lo que se pueda construir, lo importante para su oficina no es, por ejemplo, establecer si se requiere un mando único o no en los estados, sino que se debe llegar a donde hay problemas de seguridad graves y actuar en forma coordinada con las fuerzas locales. Se debe trabajar con lo que hay y con eso dar resultados.
Lo mismo sucede en lo electoral. El avance desde aquel 1994, es notable. Claro que podríamos tener un sistema mejor. Las reformas electorales del 2007 y sobre todo la del 2013-14, han sobreregulado el sistema, lo han hecho complejo, difícil de predecir y de cumplir con normas un poco, o un mucho insensatas, le ha dejado a la dirigencia de los partidos el control de las candidaturas, de los recursos y de los spots y queda la ciudadanía como simple espectadora de un juego en el que no puede participar. Todo eso es verdad y debe ser modificado, pero también lo es que las instituciones que se crearon funcionan y son las que dan el marco legal al proceso y ese marco es hoy infinitamente más equitativo que el que teníamos en el pasado.
Nos podríamos ahorrar como país mucho desgaste simplemente exigiéndole a todos, más allá de las pasiones electorales, que apostaran por aprovechar y respetar las instituciones. Nadie quiere que se repita otro 1994.