09-03-2018 Ricardo Anaya acaba de presentar una de las propuestas que más daño podría ocasionar a nuestro sistema político y de justicia. Propuso crear una fiscalía independiente con “asistencia internacional” que indagaría temas de corrupción.
En realidad, la propuesta no es de Anaya sino de uno de sus más recientes aliados, Emilio Álvarez Icaza, el ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y antes ombudsman de la ciudad de México que se la vendió al candidato presidencial. Es la idea que le vendieron desde la CIDH y Derechos Humanos de la ONU, al gobierno de Guatemala, durante la presidencia de ÁlvaroColom, con un mandato que refrendó y extendió su sucesor, el presidente Otto Pérez Molina. Originalmente esa comisión serviría para ayudar en casos derivados de la represión durante los gobiernos militares y para desmantelar cuerpos represivos y paramilitares. Se extendió a casos de corrupción y terminó convirtiéndose en una suerte de tribunal supranacional.
Esa comisión, de la mano con una fiscalía especializada, está integrada por especialistas extranjeros, encabezada por un colombiano, el ex juez Juan Velázquez, para investigar en Guatemala, ha terminado deteniendo a Colom, a Pérez Molina, a su vicepresidenta, a la familia directa del actual presidente, y ha generado una crisis de insondable profundidad en el país vecino por la sencilla razón de que la justicia la está impartiendo un ente extra constitucional y dirigido desde fuera del país. Para algunos será una forma de hacer justicia, para otros es simplemente un intervencionismo inaceptable.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es un equivalente pero multiplicada muchas veces por sí misma, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que llegó a México, vendida de la misma forma que sus homólogos en Guatemala, para coadyuvar en la investigación del caso Ayotzinapa y terminó queriendo reemplazar al ministerio público y las autoridades judiciales, con un protagonismo insólito de sus integrantes. Si el gobierno de los jueces es inadmisible y el mejor ejemplo lo tenemos en Brasil (donde los jueces incluso ya pertenecen a distintas corrientes que investigan a sus oponentes) el crear instituciones de justicia donde el Estado y la sociedad de un país no tienen capacidad de intervención e integrada por personajes a quienes nadie eligió, resulta intransitable para una democracia representativa.
Necesitamos, sin lugar a dudas, una nueva fiscalía que funcione eficientemente, y para eso están los partidos y el Congreso: para diseñarla (ya ha sido diseñada por cierto y ahora quieren darle marcha atrás a lo que se aprobó hace apenas unos años sin que pudiera siquiera terminar de implementarse) y designar a sus integrantes, pero la idea de hacer un ente absolutamente independiente, internacional, que no sea parte del juego y equilibrio entre los poderes, y más aún que, de una u otra forma, esté manejado desde el extranjero, es pésima, ha demostrado que no funciona, diluye la soberanía de un país y termina convirtiéndose en un instrumento judicial que no está en manos del Estado.
Anaya siempre ha jugado a redoblar las apuestas, pero en esta ocasión se equivoca, porque alguien que realmente aspire a la presidencia de la república no puede comenzar dejando en manos y poderes foráneos la administración de justicia en el país. Hay ideas que suenan políticamente correctas pero se olvida que el país real no es el de la corrección política. Es el que se basa en sus propias leyes e instituciones.
Mujeres
En el Día Internacional de la Mujer hemos realizado en México muchos homenajes, se han pronunciado muchas palabras y se ha hecho muy poco. Hemos quedado fuera de la iniciativa más interesante de la que participaron muchos países, de una suerte de huelga de mujeres este 8 de marzo,para demostrar su peso e importancia en la sociedad. En España y otros países las movilizaciones han sido multitudinarias.
Con buenas intenciones, muchos medios, por ejemplo, le dieron roles protagónicos a las mujeres este jueves pero,en lo personal, me parece muhco más significativo, como se hizo en España o Argentina, que las mujeres pararan para refrendar sus derechos. Ninguno de nuestros medios de comunicación podría salir adelante sin el trabajo de las mujeres. Hay periódicos donde un porcentaje altísimo de sus trabajadores son mujeres, sin ellas simplemente no saldrían al público.
Pero en naciones como las nuestras, las demandas de equidad de género tendrían que partir de una base, de un dato, que no deja de asombrarme que ayer estuvo casi ausente: el 29 por ciento de los hogares del país es mantenido por una mujer. Una de cada tres familias, haya o no hombres en ella, viven de lo que una mujer aporta a la casa, al hogar. Ese solo dato tendría que servir para construir programas políticos y sociales, económicos y de seguridad. Trabajando sobre él, reconociéndolas y haciéndole la vida más fácil a esas mujeres que sostienen solas su hogar, se podría construir un discurso y una nueva realidad.