10-04-2018 Hay políticos que durante toda su carrera exhiben discursos en los que se colocan ellos mismos como paradigma de la ley, la moral y por lo tanto continuamente descalifican a sus adversarios e incluso a los miembros de su partido para demostrar su grandeza. En el camino olvidan eso de que son parte de un sistema democrático y de división de poderes porque se creen a sí mismos como los auténticos defensores del pueblo. Es el caso de Javier Corral.
El gobernador de Chihuahua ganó en buena lid la contienda electoral que le dio la oportunidad de encabezar su estado, cuando muchas pensaban, me incluyo, que sus posibilidades eran escasas. Ese triunfo electoral lo tendría que haber convencido de las bondades del sistema democrático, de las oportunidades que se le abrían y lo podrían haber sacado de un discurso de antagonismo constante no sólo contra sus adversarios, sino muchas veces también contra los suyos. No fue así, a Corral le gusta ser juez y parte, tener, vaya paradoja en quien se queja una y otra vez de ello, una justicia a modo. Una vez en el palacio de Gobierno de Chihuahua, Corral se ha lanzado a una carrera de descalificaciones, agresiones, encarcelamientos e incluso de protección de acusados de crímenes graves (ahí está el caso de altos funcionarios de su gobierno presuntamente involucrados en el asesinato de la periodista Miroslava Breach) que lo muestran involucrado de lleno en el sistema de justicia de su estado.
La consecuencia es un estado mucho más vulnerable y donde el narcotráfico ha vuelto a sentar reales, una polarización política inédita y un gobernador que pareciera estar gobernando mucho más para la capital del país y sus disputas político-electorales, que al gobierno cotidiano de los suyos. Una de las cosas que mayor molestia causaron desde el inicio de la administración Corral fue la manipulación del poder judicial local, destituyendo con una ley a modo, al presidente del Tribunal de Justicia simplemente porque había sido designado durante el gobierno anterior.
El presidente destituido Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes inició un proceso contra el poder ejecutivo y el legislativo local que terminó hace una semana con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó al Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua convocar a una sesión extraordinaria para elegir a un nuevo presidente, luego de que declaró la invalidez del artículo transitorio del decreto aprobado por el Congreso del Estado y publicado el 11 de noviembre de 2016, por el cual fue destituido el magistrado y elegido como presidente el magistrado Julio César Jiménez Castro.La Corte resolvió que la destitución del presidente del Tribunal Superior fue inconstitucional. Para los ministros, las reformas impulsadas por Corral en noviembre de 2016 para modificar el funcionamiento del Poder Judicial local, vulneraron los principios de división de poderes, autonomía e independencia judicial. El máximo tribunal del país determinó de forma unánime la destitución inmediata del actual magistrado presidente del Tribunal Superior, Julio César Jiménez, para que sus integrantes puedan elegir libremente a un nuevo presidente.
Días después un tribunal colegiado federal decidió que el caso de Alejandro Gutiérrez pasara de un tribunal local a la justicia federal. Gutiérrez, es un verdadero rehén político del gobernador de Chihuahua, porque no hay razón alguna para que continúe encarcelado en un caso donde ni siquiera hay acusaciones en firme en su contra y por el cual, legalmente, podría seguir el caso en libertad. El cambio de adscripción se dio porque el gobierno local no colaboró con las autoridades judiciales federales.
El gobernador (alterado además por un presunto atentado en su contra donde murieron tres de sus custodias, en un marco de creciente violencia en el estado) denunció un complot, una conjura del presidente Peña con el poder judicial y la Corte, anunció que no aceptará las decisiones legales y demostró, como le dijo ayer la Secretaría de Gobernación, que como titular del poder ejecutivo local no tiene idea de cómo funciona la división de poderes y cuáles son las atribuciones de los tres niveles de gobierno. Es un gobernador que cree que en sus atribuciones está controlar el poder judicial y que no acepta que la Suprema Corte o los máximos tribunales colegiados puedan fallar en su contra y exhibir sus errores o abusos.
El caso de Corral demuestra, una vez más, que los populistas, se digan de derecha o de izquierda, lo que proponen es gobiernos autoritarios, donde ellos mismos hacen las leyes y controlan los poderes constitucionales.
Los hijos de El Ojos
El cártel de Tláhuac sigue siendo desmantelado por las autoridades, incluyendo la captura, el viernes, del hijo de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, muerto hace algunas semanas en un enfrentamiento con la Marina. El que sigue libre pese a todas las evidencias en su contra es el delegado Rigoberto Salgado que, además, tendrá fuero como diputado federal de Morena. Es candidato plurinominal, no le dejan a la gente siquiera decidir si quiere que un personaje como éste nos represente.