16-04-2018 Soy de los que están disconformes con la decisión del Tribunal Electoral respecto a la autorización al registro de Jaime Rodríguez El Bronco, pero creo que hay que ir mucho más allá para explicarla y colocarla en contexto.
Son muchos los que celebraron la liberación de la secuestradora Florence Cassez a pesar de que estaba comprobado que había secuestrado y abusado de sus víctimas, lo mismo que Israel Vallarta, el jefe de la banda y pareja de Cassez, al que muchos otros ahora también presionan para que se lo libere (inexplicablemente Jorge Volpi acaba de ganar el premio Alfaguara con un texto en el que se relata su caso y lo pone como un ataque del Estado contra un hombre inocente, el resultado de “un capricho del presidente”, una barbaridad premiada).
Cassez no fue liberada como muchos dicen porque fuera inocente: está acreditado que es responsable de los crímenes de los que se la acusó, ahí están, además, los testimonios de sus víctimas y de sus cómplices. Su caso pasó por tres tribunales hasta llegar a la Suprema Corte y en todos fue considerada culpable. Fue dejada en libertad por una resolución que encabezó en la Corte, Olga Sánchez Cordero (ahora candidata al senado y a la secretaria de Gobernación por Morena) en la que se decía que en su detención hubo faltas al debido proceso, o sea que no se respetaron algunos de sus derechos. Con base en el nuevo sistema de justicia penal, a pesar de que el delito se había cometido con anterioridad, se consideró que al haber faltas al debido proceso debía ser dejada en libertad, aunque se hubiera acreditado su participación en los secuestros.
En realidad lo que se tendría que haber hecho era reponer el proceso, volver a procesar a Cassez eliminando las pruebas o elementos indebidamente presentados en él. Pero esa interpretación de la Corte en el caso Cassez ha sido asumida como la correcta y son innumerables, aproximadamente 20 mil, los presuntos delincuentes, muchos de ellos procesados o condenados por crímenes atroces, que han terminado en libertad por faltas al debido proceso.
Ahora bien, lo que hizo el Trife en el caso de Jaime Rodríguez fue exactamente eso: aducir faltas al debido proceso cometidos por el INE en contra de El Bronco, respecto a la revisión de las firmas que éste presentó para registrarse como candidato independiente. Como se habían negado derechos a Rodríguez en el proceso de revisión (sobre todo el derecho de audiencia) se consideró que el proceso estaba viciado, que se había violado el debido proceso y por ende se otorgó el registro a Rodríguez como años atrás se le dio la libertad a Cassez y a otros miles de delincuentes en los últimos años.
A mí me parece que es una barbaridad que se le haya otorgado la libertad a Cassez cuando se había acreditado que era una secuestradora, tanto como que se le dé el registro a El Bronco sin que se termine de certificar todo el proceso de recolección de firmas y cuando se estima que miles de ellas son falsas o fueron recogidas indebidamente. Pero resulta que muchos de los que defendieron a Cassez y celebraron su liberación son los mismos que atacan ahora al tribunal por el caso de El Bronco. Pero ambas resoluciones se dieron aplicando el mismo concepto legal: un concepto, el de las faltas al debido proceso que no debería repercutir en una liberación automática del acusado sino en la reposición del proceso.
Si Cassez hubiera sido vuelta a procesar sacando del juicio el tema de la detención para la televisión o las horas que pasaron antes de que se comunicara con el consulado francés, hubiera vuelto a ser condenada, porque las pruebas en su contra eran abrumadoras. Si el caso de El Bronco, se hubieran revisado nuevamente las firmas, respetando su derecho de audiencia, probablemente se hubiera quedado sin candidatura. Pero lo que se debe modificar es la consecuencia jurídica, legal, de las faltas al debido proceso: se deben reponer los procesos, no anularlos. Lo que sucede es que cada vez más se quiere una justicia política que se tuerza de acuerdo a los intereses de coyuntura de ciertos actores. Lo que era bueno para Cassez es malo para El Bronco.
Algo similar ocurre, con toda la distancia del caso con la actitud ante la CNTE, que se ha cansado de cometer delitos de todo tipo durante años, los que sigue cometiendo con absoluta impunidad. Ahora, supuestamente legitimados porque López Obrador les da su apoyo y porque el candidato de Morena quiere echar para atrás la reforma educativa en acuerdo con ella, la Coordinadora ha vuelto a movilizarse bloqueando calles en la ciudad de México y tratando de reventar en forma violenta un mitin de José Antonio Meade en Puerto Escondido. Que cualquier grupo de otro partido hubiera intentado algo similar en un mitin de Morena hubiera sido para ese partido escandaloso, pero cuando es el mitin de uno de sus adversarios, Andrés Manuel simplemente se deslinda, dice que él no fue, pero no lo condena ni lo rechaza. Se quiere, cada vez más, unapeligrosa justicia selectiva.