25-05-2018 La pretensión de que José Antonio Meade resigne su candidatura para apoyar a Ricardo Anaya y polarizar así los comicios del primero de julio con López Obrador, es una quimera. No habrá declinación simplemente porque no puede haberla sin que el PRI, el Verde y Nueva Alianza paguen un precio político altísimo no sólo en la elección presidencial sino también en las legislativas federales y en las numerosas elecciones locales (habrá comicios en 30 de los 32 estados, en nueve de ellos para gobernador). Puede haber acuerdos tácitos, como ocurrió en 2006 y 2012, pero no es concebible una declinación formal.
Pero ello tampoco se puede dar porque durante muchos meses Ricardo Anaya abusó de su lenguaje antipriista a un nivel tal que, para muchos en el tricolor, en la opción de elegir entre Anaya y López Obrador, podrían preferir votar por el tabasqueño. En realidad, si Anaya puede crecer con sus aliados y con electores independientes o indecisos y ser competitivo, lo mejor que le puede ocurrir es que el PRI mantenga sus votos, pensando no sólo en el presente sino también en el futuro.
Todo esto se complejiza más porque cuando Anaya y algunos empresarios están tratando de concentrar el voto útil como un alternativa contra López Obrador argumentando, entre otras cosas, que el candidato de Morena podría restringir libertades individuales, uno de los principales aliados de Anaya, el gobernador Javier Corral, se comporta en Chihuahua como un dictadorzuelo bananero,manteniendo como rehenes a dos ex funcionarios públicos y un ex dirigente del PRI, confrontándose incluso con la Suprema Corte de Justicia, con tal de no enviarlos, como un tribunal colegiado federal ha establecido, a un reclusorio federal para que puedan seguir allí sus procesos. El caso del exdirigente priista Alejandro Gutiérrez es particularmente grave, porque además de que no se le han podido acreditar los delitos de los que se le acusa, el detenido ha denunciado ante la CNDH y otras instancias los abusos y torturas a las que ha sido sometido.
Días atrás se presentó un evento gravísimo cuando Gutiérrez hubiera tenido que ser trasladado a un penal federal donde un tribunal federal le tendría que tomar declaración por los delitos por los que está acusado, y la policía estatal, haciendo uso de la fuerza, le impidió a las fuerzas de seguridad federales el traslado, a pesar de que era una orden de un tribunal colegiado. Policías federales y estatales estuvieron a punto de terminar a los tiros esa noche.
Ahora es la Suprema Corte la que ordena el traslado de Gutiérrez y los otros dos detenidos. Pero en un hecho insólito, el gobierno de Chihuahua se niega a acatar esa decisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por “notoriamente improcedente” el recurso de revisión quepromovió el mandatario estatal para no entregar a la justicia federal a Alejandro Gutiérrez así como a los otros dos detenidos. De acuerdo con el fallo de la Suprema Corte, las autoridades de Chihuahua cuentan con tres días para cumplirla sentencia del Tribunal Colegiado, que ordenó que los priistas sean juzgados por un juez federal.
A través de un acuerdo, la Corte estableció que el recurso que promovió el gobierno de Chihuahua es “notoriamente improcedente”, porque “las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en ejercicio de la competencia delegada por este Alto Tribunal no admiten recurso alguno y deben ejecutarse a la brevedad”.
Pero el consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, dijo que “impugnarán” la decisión de la Corte y sostuvo que los tres detenidos se quedarán en la entidad para enfrentar allí los cargos que se les imputan.
Alguien debería explicarle al gobernador y al consejero jurídico que las decisiones de la Suprema Corte no son impugnables y que si no entregan a los detenidos (virtuales rehenes del gobernador) estarán en desacato y, como ha sucedido ya con otros funcionarios públicos, pueden ser destituidos de sus cargos por la propia Suprema Corte.
Quizás es el camino que quiere recorrer Corral, siguiendo el que recorrió en 2005 Andrés Manuel López Obrador para victimizarse. Quizás está pensando que si Anaya es derrotado el primero de julio podrá tener a la mano lo que no obtuvo con los votos de los militantes en su momento: la dirigencia nacional del PAN y la proyección nacional que ambiciona.
Lo cierto es que si algo faltaba para que el priismo no vaya con la candidatura de Anaya, el gobernador Corral les ha dado el más poderoso de los argumentos: podría tomar venganza contra el PRI, contra el presidente Peña y contra otros políticos y funcionarios e incluso desconocer a las autoridades judiciales para lograrlo.
Estoy convencido de que no es la intención de Anaya ni mucho menos lo que le conviene en estos momentos, pero es a donde lo quieren llevar algunos de sus aliados, con la diferencia de que lo de Corral no son intenciones, son hechos con consecuencias políticas irreversibles.