04-07-2018 El presidente Peña se quedó con muy pocas cartas para buscar contrapesos en el largo proceso de transición gubernamental. Serán cinco meses muy difíciles de convivencia entre el presidente en funciones y el electo que se agudizarán a partir de septiembre, cuando inicie la próxima legislatura donde López Obrador tendrá amplia mayoría simple y, con acuerdos muy puntuales puede conseguir incluso una mayoría calificada para introducircambios constitucionales.
Tres temas son centrales en esta transición. Por una parte, el presupuesto y la ley de ingresos. La amplia mayoría legislativa le permite al próximo presidente sacar el presupuesto que quiera, pero no tiene sentido trabajar sobre el que enviará la administración saliente cuando desde ya se pueden sentar quienes manejarán la economía y finanzas del país y enviar al congreso un presupuesto con los requerimientos del nuevo mandatario.
López Obrador quiere duplicar la pensión para los adultos mayores e implementar el plan de becas o apoyos para jóvenes desde la preparatoria, a partir del primero de diciembre. Eso requiere, por una parte, muchos recursos y por la otra actualizar e incluso crear padrones, establecer con claridad los mecanismos de pagos, sobre todo si la intención es que antes de fin de año personas mayores y jóvenes reciban esos apoyos. Y eso no se puede hacer sin la colaboración, desde ya, del gobierno federal saliente.
El presupuesto, dicen, es política concentrada, en él se manifiesta cómo se quiere gobernar y para quiénes, y es evidente que López Obrador quiere mostrar desde el primer día cuál es el sentido del cambio de rumbo que plantea, lo que, por otra parte le ampliará el bono democrático entre los millones de beneficiarios de esa política. Pero nada es indoloro en el manejo financiero. Es imprescindible manejar con mucho cuidado las partidas presupuestales ya que se ha planteado, además, que no se recurrirá al endeudamiento ni se aumentarán los impuestos “en términos reales” (el domingo, por primera vez, López Obrador matizó el tema, ya que hay cargas fiscales que están indexadas a la inflación u otras variables y que se moverán en forma automática). En otras palabras, habrá que ver cómo se manejan los recursos para abrir espacio a esas nuevas partidas presupuestales utilizando los mismos recursos de hoy. Evidentemente lo que se gaste en ellas tendrá que ser recortado de otros ámbitos. Y ese recorte o mejor dicho redistribución, tendrá que ser, según ha dicho el presidente electo, de por lo menos 500 mil millones de pesos. Son cantidades enormes en un presupuesto que tiene un margen relativamente pequeño para hacer modificaciones. Por eso el presupuesto terminará siendo elaborado por el equipo Hacienda junto con el de transición, encabezado por Carlos Urzúa y Alfonso Romo.
Otro tema es el de la renegociación del TLC. Ya ha pedido López Obrador que se incorpore su gente, encabezados por Jesús Seade, a las negociaciones. Es otra petición que se antoja sensata, se reactive esa negociación en septiembre como dijo Larry Rubín o en realidad hasta noviembre como sostuvo Donald Trump. El equipo negociador mexicano está notablemente bien preparado y Seade no es ningún improvisado, así que la integración sería natural y serviría también para establecer planes de gobierno mucho más aterrizados dadas las repercusiones que tiene la renegociación en muchos aspectos económicos.
Hay un tercer capítulo que tendrá que ser analizado a partir de hoy. A pesar de que López Obrador no es aún presidente electo (no lo será hasta que el INE y el Tribunal califiquen las elecciones y se realice la declaratoria correspondiente) un tema pendiente es desde cuándo se comenzarán a compartir los informes de seguridad interior y nacional con el presidente electo. No es un tema sencillo ni menor. Por ejemplo, Felipe Calderón y Enrique Peña no recibieron esa información hasta septiembre, una vez calificada su elección. Ambos, pese a las posiciones que habían ocupado antes, de alguna forma se sorprendieron ante el escenario cuando tuvieron la información detallada y confidencial en sus manos. López Obrador conoce el territorio nacional mejor que sus antecesores, lo ha recorrido una y otra vez, pero no conoce, no puede hacerlo, los entresijos de la situación de seguridad del país, con toda la información de inteligencia que de allí se deriva, incluso para establecer sus propias estrategias en el sector.
Y quizás en ese ámbito es donde menos conocimiento real tiene el próximo presidente. Una cosa es prometer reconciliación y paz, la otra lograrlo; una cosa es hablar de la desaparición del Estado Mayor Presidencial o del Cisen y otra cosa dejar al Estado mexicano sin organismos de inteligencia y prevención. Una cosa es conocer los desafíos a ras de tierra y otra tener una visión ampliada, conjunta y a profundidad de los mismos. Ese será un capítulo central en la transición y allí interviene desde la voluntad política hasta los términos legales que no pueden ser vulnerados. López Obrador debe tener esa información antes de tomar decisiones.
La transición está en marcha desde ayer al mediodía, pero aún le falta un largo camino por recorrer. Esperemos que sea sin graves obstáculos.