02-11-2018 La jurisprudencia asentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al uso lúdico de la marihuana nos deja en el umbral de la plena legalización de la hierba en el país. Es una decisión para muchos controvertida, que quizás no tiene el respaldo de la mayoría de la población, pero que se ha ido abriendo paso en los últimos años de la mano con la creciente liberalización de la droga en Estados Unidos y Canadá, pero también por la sensación de fracaso que ha generado el combate al narcotráfico.
Siempre he pensado que la legalización o no de la marihuana (o de otras drogas) se debe decidir, prioritariamente, desde una visión de salud pública y desde allí se deben establecer todos los demás parámetros de análisis.
En el ámbito de la salud pública de nuestro país no existe demasiado entusiasmo por la legalización de esa droga, no tanto por sus efectos y daños en la salud, que por supuesto los tiene, como todas las drogas, legales o no, sino por la falta de preparación de nuestro sistema de salud para todo el andamiaje que requerirá su legalización. No tenemos, salvo los Centros de Integración Juvenil y otras instancias importantes pero menores, un verdadero sistema de atención a las adicciones, ni mucho menos tenemos un sistema estricto de control de la venta de productos controlados.
Cualquier joven puede acceder sin mayor problema a alcohol y tabaco y así será con la marihuana. Es verdad que también la oferta del mercado ilegal es hoy tan amplia que los jóvenes pueden abastecerse de la hierba sin mayores dificultades, salvo la que intenta evitar la legalización: ser descubiertos cometiendo un acto considerado ilegal que termine con ellos en la cárcel.
Si como todo lo indica, en los próximos meses tendremos un mercado legal de marihuana (es probable que la legislación respectiva sea parte del primer paquete de iniciativas que enviará el próximo ejecutivo al congreso) la exigencia debe ser el establecimiento de un estricto control público de su producción, distribución y venta, pero también hacer accesible a todos un sistema de atención de adicciones con altos presupuestos destinados específicamente a ello.
Se deberá contemplar incluso el esquema fiscal bajo el que sostendrá el mecanismo de legalización. Es muy interesante por ejemplo lo que hace Canadá que distribuye los recursos fiscales provenientes de su venta entre municipios, provincias y la federación, conpreeminencia de los primeros, lo que va de la mano también con una legislación amplia que le permite a cada municipio o provincia adecuar la normatividad de acuerdo a su realidad o intereses locales. Un ejemplo: la venta de marihuana no puede tener normas iguales en Chalco que en San Pedro Garza García, en Baja California Sur que en Chiapas, en las zonas turísticas que en las más deprimidas del país. Deben exigirse condiciones específicas para ampliar o disminuir la oferta y sus respectivas restricciones.
También se debe poner el acento en otro tema que no es menor: la hipotética legalización de la marihuana no detendrá la violencia derivada del narcotráfico por la sencilla razón de que éste continuará existiendo, porque el crimen participa obviamente de la venta de marihuana ilegal pero sus principales negocios parten de la venta de drogas duras, de la extorsión, el secuestro, el robo de combustibles y muchas otras actividades que están generando los mayores índices de violencia.
En realidad, más allá de que pueda considerarse un capítulo más de las libertades individuales el derecho que cualquiera puede tener de consumir lo que quiera y hacer lo que considere con su propio cuerpo, respetando los derechos de los demás, lo cierto es que el beneficio real de la legalización está en un punto: no criminalizar a los consumidores respetando sus derechos.
Pero se debe asumir que ésta no es una decisión sin costos y que no se puede instrumentar inmediatamente sin tomar todas las previsiones necesarias. México no es Uruguay ni Portugal, tampoco Canadá: la legalización para uso lúdico de la marihuana en nuestro caso debe contemplar muchas más variables que en cualquiera de esas naciones. De salud pública, económicas, sociales, fiscales y de seguridad. Por lo pronto bienvenida la decisión de la SCJN.
Aeropuerto
Son tantos los inconvenientes y limitaciones de Santa Lucía, donde no existe siquiera un proyecto ejecutivo, que alguien en el equipo del presidente electo tendría que reconsiderar una propuesta que se ha puesto una y otra vez sobre la mesa: la de que el aeropuerto sea concluido con recursos privados. Así no sólo no se utilizarían recursos públicos en el aeropuerto de Texcoco, sino que tampoco se gastarían en Santa Lucía, una aventura que inevitablemente terminará mal.
Por cierto, el nuevo director de ese proyecto, es José Samaniego, un cercanísimo colaborador de Rioboó, cuya profesión y especialidad es la de ingeniero agrónomo, egresado de Chapingo. El dirigirá la construcción de Santa Lucía.
Azteca
Ricardo y Benjamín Salinas han ratificado su confianza en el futuro de la televisión abierta que sigue siendo con mucho la que tiene los mayores índices de audiencia y han logrado para Azteca la renovación de sus tres canales nacionales, el uno, el siete y ADN40 por los próximos 20 años. Enhorabuena.