26-11-2018 Para mi amigo Jorge Sandoval, con un abrazo solidario.
Si con el tema de aeropuerto y de las comisiones bancarias, el próximo gobierno había abierto dos frentes de confrontación con los sectores empresariales (paliados con los encuentros posteriores del propio presidente electo con muchos empresarios, notable en ese sentido la reciente visita a Azteca), con el tema de los superdelegados se ha abierto la primera confrontación política abierta con los gobernadores, no sólo de oposición, sino también con los surgidos de Morena.
La reacción de los gobernadores panistas y sobre todo de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, ha sido dura y se ha centrado en dos cosas en las que, hay que decirlo, tienen razón: primero, los superdelegados no pueden tener la coordinación de la fuerza pública en los estados, tampoco de las federales, esa intención lisa y llanamente viola la letra y el espíritu de la Constitución. Pero también se viola el sentido político cuando los superdelegados, designados desde el centro, son personajes nacidos del mismo estado y aspiran a gobernarlo.
La idea de concentrar delegaciones federales en un solo funcionario no es mala, porque además continuarán como subdelegados todos aquellos que tengan alguna responsabilidad de atención al público (desde Relaciones Exteriores donde se expiden los pasaportes hasta el SAT, para ver cuestiones fiscales), pero se ahorrará, en promedio, unas 70 posiciones federales por cada estado. También es una forma de concentrar los recursos y evitar que se vayan “dispersando” por el camino antes de llegar a los verdaderos destinatarios. Pero lo que genera la reacción es que sean personajes de su mismo estado. Es verdad que antes había delegados, y muchos, pero primero no tenían el poder concentrado, incluso de manejo presupuestal, que tendrán los llamados superdelegados, pero, además, no eran en general originarios de su estado, precisamente para evitar conflictos con el gobernador en funciones.
Una situación que se vuelve crítica en los estados, muchos, donde los gobernadores no tienen mayoría propia en el Congreso, y sobre todo si ese Congreso local tiene mayoría de Morena. En el estado de México, el gobernador podrá ser Alfredo del Mazo, pero si Delfina Gómez que fue su rival en las pasadas elecciones y aspira a ganar el gobierno en la próxima, es la superdelegada, trae el control de los recursos federales, se le quiere dar también control sobre las fuerzas de seguridad federales en la entidad y,además, Morena tiene mayoría en Congreso local y los municipios ¿quién cree usted que detentará el poder y será en los hechos la gobernadora, mucho antes de volver a ser candidata?
Pero el problema, hoy con los gobernadores surgidos de todos los partidos de oposición, se amplía a los que provienen también de Morena. En Chiapas ya existe un fuerte conflicto con el gobernador electo, Rutilio Escandón, y el superedelegado José Antonio Aguilar Castillejos, los dos de Morena, pero compitiendo ya por el poder real en el estado. Y esas diferencias se ampliarán notoriamente cuando inicie el nuevo gobierno local el 8 de diciembre próximo. Hoy Morena gobierna pocos estados, pero es previsible que con el paso de los meses tenga muchos más gobernadores que tendrán que sufrir la presencia de superdelegados de su propio partido que les competirán por el poder desde el día uno.
La solución no requiere más que una decisión política del presidente electo y desde el sábado constitucional: mantener la figura porque es parte de su diseño de gobierno, pero designar personajes que no sean originarios de ese mismo estado. Si Aguilar Castillejos fuera delegado en Tabasco, por ejemplo, sería muy diferente a que si lo es en Chiapas; si Delfina fuera delegada en Jalisco el efecto sería diferente a que si lo es en el estado de México. ¿Cómo pretenden que Enrique Alfaro, que sí tiene control del Congreso local, pueda aceptar a quien fue su rival en las elecciones de julio, Carlos Lomelí, como superdelegado? Lo debe entender como una agresión política.
En muchos sectores de Morena, abrumados ante su propia victoria electoral, parecen pensar que no se necesita más que esa legitimidad otorgada por los votos para evitar cualquier control o contrapeso. Se equivocan. El presidente López Obrador tendrá que trabajar con gobernadores y presidentes municipales, tendrá que tener no sólo una relación institucional sino también política y operativa, en muchos temas. Los superdelgados pueden ser muy útiles, pero no debe darles la coordinación de la seguridad y tampoco pueden ser oriundos de un estado que, sin tener el voto popular, desde esa posición, piensan gobernar.
AMLO con militares
Con su encuentro ayer con soldados y marinos, el presidente electo creo que ha descubierto plenamente la institucionalidad y lealtad de las fuerzas armadas con su comandante en jefe. Y que en esas instituciones es en donde podrá encontrará mayores equilibrios y capacidad de operación. Por algo les pidió que “se hicieran cargo de la defensa nacional, de la seguridad nacional e interior y también de la seguridad pública, para todo eso los necesitamos los mexicanos”.