29-01-2019 El presidente López Obrador ha apelado a la buena conciencia de la CNTE para que abandone los bloqueos de las vías férreas que unen los principales puertos del Pacífico con el centro del país porque, dice, él nunca reprimirá al pueblo. Sostiene además que los bloqueos son un problema que debe resolver el gobierno estatal de Silvano Aureoles y no la Federación. Por lo pronto ya le regalaron a la CNTE mil millones de pesos y cinco mil plazas de maestros. Y el bloqueo sigue porque la Coordinadora quiere, por lo menos cinco mil millones de pesos para levantarlos.
No se puede apelar a la buena conciencia de la CNTE porque sencillamente no la tiene. Es una organización que se creó para luchar contra la burocracia sindical y que muy rápidamente se transformó en una extraña mezcla de grupos muy radicales acompañados por oportunistas que han hecho del chantaje su forma de operación: la CNTE bloquea, toma, exige dinero y posiciones, luego se repliega, no cumple con sus compromisos y vuelve a iniciar el ciclo de bloqueo, toma y chantaje para aumentar sus espacios de poder y sus recursos. Así ha sido desde que se creó, en Chiapas y Oaxaca, en los años 80. Así está operando hoy en Michoacán, donde ha exhibido a lo largo de la historia algunas de sus versiones más violentas y agresivas. La diferencia es que ahora sabe que puede hacerlo sin costo alguno, porque cuenta con beneplácito oficial, y entonces puede redoblar su apuesta.
Se equivoca el presidente López Obrador: los bloqueos de la CNTE no son un problema del gobierno estatal, es un problema suyo, del gobierno federal y lo es por partida doble: primero, porque esa organización es parte de la coalición política que lo llevó al poder y por lo tanto tiene una responsabilidad aunque sea indirecta en tener control sobre sus acciones. Tan es así que la CNTE ha sido en estos dos meses beneficiada con recursos, amnistía a sus dirigentes (aunque estuvieran detenidos por delitos tan graves como el secuestro de niños) y posiciones políticas. Es también responsabilidad del gobierno federal porque la CNTE está bloqueando vías federales de comunicación, y con ello está paralizando la economía de todo el centro del país, ya seriamente afectada por el desabasto de gasolina. Se pierden por la acción de la CNTE unos mil millones de pesos diarios. No se puede apelar a la buena conciencia de la CNTE sin tomar acciones que garanticen los derechos de los miles de productores, trabajadores, comerciantes que son afectados por su accionar. El gobierno federal tiene una responsabilidad con todos que no puede ignorar y como tal debe asumirla.
Porque, además, la experiencia nos enseña que la Coordinadora se le convertirá en un problema endémico al nuevo gobierno, como ha ocurrido con todos los que le precedieron. No juega en equipo, juega con quien le conviene y cuando intuye debilidad simplemente avanza para pedir más. Así lo hicieron en el pasado y pasaron de ser una organización marginal a tener progresivamente el control de las plazas, el presupuesto y los programas de educación en Oaxaca y otros estados llevándolos a los peores índices de educación de todo el país. Perdieron parte de esos privilegios momentáneamente el sexenio pasado y ahora están a punto de recuperarlos vía el gobierno federal.
Con la Coordinadora, los costos siempre los paga la sociedad. Un gobierno no puede apelar a la conciencia de quien lo chantajea y boicotea, tiene que hacer política y actuar.
La sombra de Bancomer
La presidenta de la Comisión Federal de Competencia, Alejandra Palacios, violando las normas y responsabilidades de su cargo ha descalificado a Banco Azteca para cumplir la labor de la dispersión de los apoyos sociales del gobierno federal, defendiendo las posiciones del banco extranjero predominante en el país, Bancomer, y boicoteando así la apertura del sector financiero, que concentra en sólo cinco bancos, el 72 por ciento de todos los activos financieros.
Ningún banco tiene mayor presencia nacional que Azteca, ni mayor cantidad de sucursales que trabajan todos los días del año, incluyendo que es el único que opera en 170 municipios del país. Bancomer, cuyos intereses defiende Alejandra, ha dispersado en lo que va del año más de dos mil millones de pesos de recursos públicos. Su problema no es que ya no realice esa actividad, es que sus comisiones son mucho más altas que otros competidores que, como Azteca, se han incorporado a esa actividad en condiciones mucho más favorables para el gobierno federal y por ende para la sociedad. Lo que llama la atención es que la presidenta del órgano que tendría que fomentar la competencia se decante por impedirla.
Venezuela
México, como decíamos desde la semana pasada, ha quedado fuera de cualquier posibilidad de mediación e intervención en la crisis venezolana. Mientras la caída de Maduro es inminente, una suma de malas decisiones nos ha dejado aislados y sin posibilidades de intervenir en una crisis que, no nos equivoquemos, tiene repercusiones geopolíticas profundas en lo regional y global.