21-02-2019 Al mismo tiempo que estamos llegando al día D para la aprobación de la Guardia Nacional, la situación de seguridad en el país sigue siendo grave, particularmente en algunos estados. Han despuntado nuevamente los secuestros, con un incremento notable de casi 50 por ciento, según Alto al Secuestro, una de esas organizaciones de la sociedad civil que no le gustan al presidente López Obrador, pero que desmiente con su labor cotidiana las razones que justificarían cualquier animadversión.
Se trata de un incremento notable, pero la cifra se dispara sobre todo en Veracruz. La inseguridad está al rojo vivo en el Golfo, con epicentro en Coatzacolacos, pero permea a todo el estado. Si con Javier Duarte las cosas estaban mal y empeoraron con Miguel Ángel Yunes, con la llegada de Cuitláhuac García, más allá de las buenas intenciones el nuevo gobernador, definitivamente se ha perdido el rumbo en ese terreno. En parte es comprensible por la llegada de nuevas autoridades que no tenían los hilos, e incluso de las complicidades, en un estado permeado profundamente por el crimen, organizado o no. Dice el propio gobernador que ello se debe a la inacción del fiscal Jorge Winckler. Pero sucede que más que en recomponer todo el sistema de seguridad, el esfuerzo político de la nueva administración se ha puesto en quitar a Winckler, un hombre cercano a Yunes, de la fiscalía estatal. Y para colmo no lo han logrado.
Puede o no ser el fiscal el idóneo para esa posición, no lo sé, pero no cabe duda que la crisis de inseguridad que vive el estado no pasa, por lo menos no centralmente, por su desempeño. El problema central es que las fuerzas de seguridad están rebasadas y tienen una profunda ineficacia para controlar lo que la propia administración federal identifica como los objetivos del sector: la delincuenciacotidiana, el secuestro, el robo, la extorsión. Pareciera que se está esperando que se apruebe la Guardia Nacional para que esa instancia se encargue de encauzar la lucha contra la inseguridad en el estado, ignorando que ya están ahí las fuerzas federales y no son suficientes, porque lo que no se haga a nivel local, estatal y municipal, no se podrá hacer desde el ámbito federal, por más que se canalicen esfuerzos, recursos y se creen nuevas instituciones.
Algo similar sucede en la ciudad de México, con la llegada de la administración de Claudia Sheinbaum. La inseguridad se ha disparado pese a que Claudia conoce muy bien la capital. Puede ser que, como se dijo ayer, en la pasada administración se hayan maquillado algunas cifras para disimular el número de delitos cometidos. Puede ser, no lo sé. Pero lo que no se puede negar es lo que está sucediendo ahora: masacres en Iztapalapa, ejecuciones cotidianas, emboscadas a policías, un aumento de 80 por ciento del número de asesinatos, 365 por ciento crecieron los robos en el metro, las denuncias de violación alcanzaron niveles históricos, no hay día en que no sepamos de robos saliendo de bancos, casi todos cometidos por adolescentes en motocicletas, de personas secuestradas o asesinadas en transportes públicos, robos a casas habitación, aparición pública del CJNG en la Gustavo A. Madero. El mes de enero ha sido para la ciudad de México el peor de la historia en términos de seguridad pública.
Aquí ni se aplica lo de la Guardia Nacional porque la ciudad de México tiene la policía más numerosa y mejor preparada del país, con casi el triple de elementos que la Policía Federal. Es verdad que se paga el precio, como en Veracruz, de la curva de aprendizaje. Pero en ambos estados y como sucede en otros temas, lo que también sucede es que en el afán de querer deshacerse de todo lo del pasado, se echa por la ventana el agua junto con el niño.
Si en Veracruz existe un vacío en los organismos de seguridad estatal, con o sin el fiscal Winckler, en la ciudad de México se deshicieron de un secretario de seguridad con experiencia y conocimiento como Raymundo Collins (y de su estructura de colaboradores) y colocaron a un hombre muy respetado en el ámbito administrativo de la seguridad (en el mejor sentido de la palabra), como Jesús Orta Martínez, pero sin experiencia operativa que, además, parece haber equivocado los nombramientos de algunos de quienes deben hacer funcionar a la policía en la capital del país. Y nada de todo esto se soluciona con la creación de la Guardia Nacional.
Buscar culpables siempre en el pasado deja de tener sentido cuando el presente se impone con toda su brutalidad.Eso también se debe aprender al llegar al poder.
El juez Porky
En la entrevista que tuvimos el lunes pasado con el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, en el programa Todo Personal, Zaldívar nos había adelantado que, además de los dos magistrados destituidos por “ineptitud y corrupción“ en Campeche, se seguiría limpiando el poder judicial federal. Ayer el tocó al que en los medios llamaron el juez Porky, Anuar González Hemadi, aquel que le dio un amparo y la libertad a uno de los jóvenes (los Porky’s) acusados de la violación de una joven menor de edad en Veracruz. Se fue acusado de “corrupción“ y de “cometer errores inexcusables“ en ese y otros procesos.