22-02-2019 Ayer concluyó la primera negociación legislativa real de la presente administración, que logró sacar adelante la Guardia Nacional, con un diseño donde el gobierno federal, los gobernadores, el oficialismo y la oposición han logrado parte de lo que querían y todos, al mismo tiempo, algo han tenido que conceder.
Que un tema tan debatido haya pasado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios se debe reconocer como un logro y también como el camino que tiene que recorrer el gobierno para encontrar, dentro de las profundas reformas que quiere imponer, vías de consenso que no lleven inevitablemente a la polarización.
Muchos han participado intensamente para sacar este acuerdo en la cámara de senadores que estuvo a punto de perderse en la de diputados. En forma notable, el director jurídico de la presidencia, Julio Scherer, que fue quien tuvo que cuadrar las posiciones antagónicas dentro del propio gobierno (incluyendo al presidente López Obrador que prefería una Guardia Nacional adscripta a la Sedena) con las de las oposiciones, pero también hubo intensa participación del subsecretario Zoé Robledo, de los coordinadores parlamentarios, sobre todo de Ricardo Monreal, de Morena y Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, que tuvieron un rol protagónico en la negociación final.
La clave del acuerdo son los transitorios cinco y seis. En el primero se establece que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto y mientras la Guardia Nacional “desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. Ese es el transitorio que quitó en diputados y que provocó la reacción del presidente López Obrador y de las fuerzas militares, porque sin él perdía sentido la reforma y la creación del nuevo cuerpo policial. Implica establecer, finalmente, la protección legal que desde hace años vienen reclamando las fuerzas armadas para seguir cumpliendo con tareas de seguridad pública.
El sexto transitorio, establece que durante esos cinco años en que estará en formación la Guardia Nacional, la Defensa y la Marina participarán para “establecer la estructura jerárquica de la Guardia, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades, tareas y servicios, así como las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, homologados a las propias fuerzas armadas“. En otras palabras, por lo menos durante este sexenio, las fuerzas armadas tendrán el control operativo completo de la nueva corporación, que tendrá un mando civil porque estará bajo la secretaría de seguridad y protección ciudadana, pero operativamente estará bajo control militar. De esa forma se cumplió con la demanda de la oposición y también con los objetivos del oficialismo.
La mayoría de los gobernadores apoyaron desde el inicio la Guardia Nacional y en el séptimo transitorio, obtuvieron lo que pretendían: en un máximo de 180 días presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el diagnóstico y el programa para fortalecer sus fuerzas estatales y municipales, y tendrán presupuesto para implementarlo. Fuera del texto, el acuerdo es que desde la secretaria de seguridad se pueda establecer, junto con los gobernadores, un modelo policial homogéneo para todo el país, basado, precisamente en una Guardia Nacional que, recordemos, tendrá despliegue permanente en todos los estados del país, replicando en cada uno de ellos, el modelo operativo, civil-militar, planteado a nivel federal.
La Guardia Nacional no se desmilitariza porque nunca fue un organismo netamente militar: estaba pensada desde elorigen como una fuerza policial, con origen militar. Los dos transitorios permiten que ese carácter civil de la Guardia no perdiera la conformación e integración militar que eran imprescindibles darle organicidad al nuevo cuerpo. Esos transitorios, como dijimos, le dan, también a soldados y marinos, la protección legal que requerían para continuar con las labores de seguridad pública mientras se termina de conformar y madurar la Guardia Nacional.
Las oposiciones actuaron de forma distinta en la coyuntura. Creo que la que más ganó fue la priista, tanto susgobernadores como sus legisladores, porque se mantuvo todo el tiempo en un plano de negociación que le dio interlocución hasta la última hora. El PAN se equivocó al endurecerse (incluyendo aquella reunión de gobernadorespanistas con el gabinete de seguridad en la que dejaron plantados a los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad) perdió interlocución. La negociación real terminó pasando por los gobernadores panistas disconformes con su dirigencia y sobre todo por el priismo. Movimiento Ciudadano, como siempre, jugó sus cartas, con la mente puesta en Jalisco, y el PRD, luego del golpe que significó la renuncia de sus nueve diputados para sumarse en los hechos a Morena, trabajó vía Miguel Mancera muy cerca de los priistas en el proceso de negociación.
Al final lo que tuvimos fue un triunfo, que ya se añoraba, de la política sobre la imposición. Ojalá se refleje en muchos otros ámbitos.