05-04-2019 El gobierno federal se enfrenta a varios conflictos, muchos de ellos surgidos lejos de sus posibilidades de solución, otros creados por su propia forma de ejercer el poder. Pero tres son claros focos rojos que pueden distorsionar su trabajo en el resto del sexenio.
No importa el orden porque los tres se interrelacionan. El presidente López Obrador se salió con la suya en el tema de la Comisión Reguladora de Energía y hasta se dijo contento de hacerlo, pero el costo político de haber designado como comisionados de la CRE a los mismos que habían sido rechazados en dos ocasiones por la cámara de senadores le generará costos políticos y acaba, en los hechos, con la autonomía de ese órgano regulador.
Dice Martí Batres que en realidad el conflicto no era sobre las personalidades sino ideológico, por la necesidad que tiene el gobierno de elegir personajes que fortalezcan a Pemex y la CFE en lugar de a las empresas privadas. Pero ese mismo razonamiento acaba con la razón de ser del organismo autónomo, nacido en 1992: la idea es que el mismo pueda regular, precisamente con autonomía del gobierno, el crecimiento del sector con participación pública y privada. Lo que está en el fondo es el rechazo del presidente, expresado públicamente, a los organismos reguladores autónomos, sobre todo en el área energética. No le gustan los contrapesos de los mismos, por la misma razón que no le gusta que el poder judicial o el legislativo jueguen ese papel. Y ese es precisamente el foco rojo que se enciende en la administración.
Debemos insistir en un punto: López Obrador ganó con el 53 por ciento de los votos, pero eso también significa que un 47 por ciento no votó por él ni necesariamente lo apoya. No se puede gobernar siempre en solitario. Por eso con la revocación de mandato y el referéndum no alcanzarán a tener los votos opositores para sacar esa reforma constitucional. No hay margen de acuerdo. Se trata de aceptar o no a López Obrador en la boleta del 2021. Ese es todo el debate.
Y eso se extiende a la reforma educativa: hoy habrá megamarcha de la CNTE y el gobierno tendrá que decidir qué hace. Si deja en la congeladora su reforma; si acepta el chantaje de la Coordinadora, y entonces la reforma no pasará, porque no tendrá los votos de la oposición. O si deja atrás a la CNTE y busca el acuerdo con la oposición donde tendrá los votos suficientes, pero tendrá que resignar parte de su discurso de confrontación con el pasado. Es un dilema político que no tendría que existir si simplemente se asume que la CNTE refleja sólo al 10 por ciento de los maestros del país.
El segundo foco rojo es el crecimiento económico. No se trata de apostar si se crecerá más o menos, lo importante es basarse en los datos duros. La principal variable es la inversión, y ni la pública ni la privada están creciendo. La primera, por lo ajustes realizados y quizás porque como todo nuevo gobierno no se sabe aún cómo gastar y con quiénes. No hay inversión privada porque sigue privando la incertidumbre. En esto hay también visiones enfrentadas: un gobierno para promover la inversión lo que hace es crear condiciones de inversión. En la actual administración la insistencia es para que se invierta en áreas que el gobierno considera prioritarias, como ocurre con el tren maya, pero que no lo son para la IP. El tema energético, el que mayores inversiones proporcionaría, es claro al respecto: se cancelan las opciones de inversión reales y se pide invertir en otras que no generan el mismo interés. Las empresas invierten en lo que a ellos les interesa, no necesariamente en lo que le interesa a los gobiernos. Hacer compatible lo primero con lo segundo es la labor de una administración. Sumemos a eso la incertidumbre sobre el T MEC o la situación fronteriza y se verá lo difícil de la coyuntura.
El tercer punto es la seguridad. En estos días se tendrán que dar a conocer los mandos y la estructura de la Guardia Nacional, piedra angular de la estrategia gubernamental. Ya existe un marco legal claro sobre su conformación y el origen de sus mandos. No entiendo ahora la confusión sobre si su jefe puede ser o no un militar en activo. Puede y me atrevería a decir que debe serlo, mientras mantenga su adscripción en la secretaría de seguridad y esté controlada por un órgano colegiado como el estado mayor en el que participarán distintas áreas. Integrar la Guardia Nacional ha sido uno de los éxitos del actual gobierno, desvirtuarla antes de que inicie labores sería un error. Y sin seguridad crecen la incertidumbre y el descontento social.