09-04-2019 De una u otra forma, el presidente López Obrador ha reconsiderado, aunque no sea en forma pública, los evidentes desequilibrios derivados de la ausencia de un esquema de seguridad personal que se vivieron en los primeros días de su mandato. Un presidente tiene responsabilidades personales, políticas e institucionales, que obligan a atender su seguridad en forma precisa, estrecha.
Desde poco después de la toma de posesión, la seguridad del presidente López Obrador se ha ido incrementando en forma constante. Esa seguridad no se ve como en épocas del Estado Mayor Presidencial, pero es evidente: la principal diferencia es que está conformada por hombres y mujeres militares pero de civil que se entremezclan con sus diferentes auditorios pero que en los hechos conforman, como es común con un mandatario, los diferentes círculos de seguridad en torno suyo, el último siempre muy cercano. Ese esquema ha demostrado ser eficiente y en buena medida es controlado no por el área que trabaja en presidencia sino por la Defensa Nacional, donde recordemos se integraron la mayoría de quienes conformaban el EMP. No son ya los veinte civiles desarmados, de los que hablaba el presidente al inicio de su mandato, sino un número mucho mayor, que incluyen, como debe ser, equipos de avanzada, de comunicaciones y de control en sus desplazamientos, además de quienes permanecen en los eventos en los que participa.
El presidente ha tenido desde alguna amenaza pública de muerte, con una narcomanta en Salamanca, Guanajuato (al tiempo que junto a la refinería de esa ciudad aparecía un coche bomba) hasta un accidente de una de sus camionetas de avanzada en sus traslados en ruta, algunos de ellos por carreteras secundarias difíciles de controlar, en la huasteca potosina. Esos desplazamientos son además en Suburbans en ocasiones blindadas. También se han modificado sus viajes en vuelos comerciales: ya no se informa cómo volará, en qué vuelo, de qué aerolínea y no se lo ve en las salas de última espera. Y en más de una ocasión ha usado aviones civiles o helicópteros para trasladarse a algunas zonas. Con el paso de los meses ese tipo de traslados tendrían que reemplazar a los realizados por tierra, mucho más complejos y peligrosos para un mandatario. Incluso con mayores riesgos y dificultades para la población cuando se realizan esos traslados.
La cercanía que ha logrado el presidente López Obrador con los titulares de Defensa y la Marina, ha ayudado también a esa paulatina toma de conciencia y confianza del mandatario para reforzar su seguridad.
Todo esto viene a cuento por el absurdo debate que se ha generado por la seguridad que se le ha brindado al ex presidente Fox y antes al ex presidente Felipe Calderón. Más allá de que un comando armado haya querido ingresar o no en el rancho de San Cristóbal del ex mandatario, o que todo haya sido una confusión con una pareja de custodias que querían llegar a una boda en un restaurante del propio Fox, lo cierto es que los ex presidentes, todos, deben tener seguridad. El costo de que no la tengan es altísimo en un país con grados de violencia tan altos como el nuestro. El mismo día que ocurrió el incidente en el rancho de Fox, fueron asesinadas 18 personas en Guanajuato, en Apaseo El Grande ocho de ellas; hubo una explosión no explicada en un ducto de Pemex, y los secuestros en la zona han sido una norma, incluyendo el de la ex nuera del propio presidente. En la semana, un comando se robó en el Aeropuerto de Internacional de Guanajuato, en plena zona estéril y de máxima seguridad del mismo, 46 millones de pesos.
Hace bien López Obrador en comenzar a cuidar mucho más seriamente su propia seguridad y la de los ex mandatarios. Hay todavía medidas poco explicables como que un moderno avión presidencial esté estacionado en una base estadounidense a miles de kilómetros de México, sin utilizar y mientras se lo sigue pagando. Es un error no asumir públicamente que se requiere y se tiene seguridad (porque ello genera un efecto disuasivo ante cualquier amenaza), pero parece ser evidente que el presidente ha comenzado a aceptar que “el pueblo bueno” no alcanza para cuidar la seguridad de un mandatario.
Acción legal
Me dice Fabián Medina, jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrard, que actuará civil y penalmente contra quienes han impulsado la campaña de difamación que, asegura, se realiza en su contra con un solo objetivo: golpear al propio canciller.