01-05-2019 El asesinato de una joven estudiante de 18 años en el salón de clases del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente, es sólo un capítulo más de la creciente violencia que se ejerce contra niños, niñas, jóvenes y mujeres en nuestro país, pero es también una demostración de que más temprano que tarde se tendrán que revisar los esquemas de seguridad en los territorios universitarios, otorgándole a la autonomía universitaria su verdadero papel, que es el de garantizar el gobierno pleno de la comunidad universitaria, la garantía de sus derechos a una educación libre, pública y laica y la libertad de cátedra pero no de territorios en los cuales no puede ingresar ningún tipo de fuerza de seguridad. Ese vacío de autoridad es el huevo de la serpiente de muchas formas de violencia.
La violencia y la inseguridad en los territorios universitarios, sean de la UNAM o de cualquier otra casa de altos estudios del país, está a la orden del día, más aún en los CCH o las preparatorias, que es donde más actúan tanto los grupos criminales o el narcomenudeo y también las organizaciones radicales. En el CCH Oriente, no ha sido Aydeé la primera joven asesinada. Hace unas pocas semanas, dos jovencitas fueron secuestradas al momento de abandonar el plantel y sus cuerpos agraviados, mutilados, aparecieron días después. La presencia de vendedores de droga es pública en todos los planteles, así como los hechos de violencia cotidiana.
En Chilpancingo, semanas atrás fue descubierta una red de trata especializada en secuestro de estudiantes universitarias y de bachillerato que operó con la colaboración de un funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero. Este personaje, revisando fotos y expedientes universitarios de las jovencitas, era el encargado de señalar a las posibles víctimas para secuestrarlas y explotarlas sexualmente. De esa forma, por lo menos seis estudiantes, tres de ellas menores de edad, fueron secuestradas y esclavizadas sexualmente. Fueron rescatadas porque una de ellas logró escapar y se informó a miembros del ejército, que tomaron el domicilio donde estaban retenidas. No se sabe cuántas, antes de que fuera descubierta esta red, tuvieron el mismo destino.
No son casos aisladas, durante 2018, hubo mil 238 casos de menores de edad asesinados, un 9.4 por ciento más que en 2017, y ese año hubo un 28.81 por ciento de menores asesinados más que en 2016. Durante el primer trimestre de este año, 285 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados, o sea que este año, cada día son asesinados tres niños, niñas y adolescentes en promedio.
Hay unos siete mil niños y niñas oficialmente (o sea con denuncia) desaparecidos y en los últimos cuatro años, 254 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio, o sea que uno de cada diez feminicidios registrados en el país lo sufrieron niñas y adolescentes.
Ahí está el germen de un deterioro que se extiende cotidianamente y se ceba con los más débiles: las niñas, los niños, los jóvenes y las mujeres, sobre todo adolescentes. Decir que es exageración o amarillismo, es tender un manto de impunidad sobre esos crímenes.
La hora final en Caracas
Al momento de escribir estas líneas nada estaba definido en Venezuela, luego del levantamiento popular de la madrugada que comenzó con la liberación del líder opositor Leopoldo Gómez, en una acción encabezada por el presidente interino Juan Guaidó acompañado por un grupo de militares opositores al régimen de Nicolás Maduro.
Lo que hemos visto después son tanquetas atropellando manifestantes, actos de represión de grupos civiles armados del régimen y una multitud que está convencida de que no hay posibilidades de dar un paso atrás. Pero nada esta asegurado para los opositores.
Desconcierta que la cancillería mexicana, siga insistiendo en la neutralidad, en las salidas pacíficas y negociadas, en no tomar partido en una situación que hace mucho tiempo que no admite salidas de ese tipo. Salvo los gobiernos socios de Maduro (Cuba, Nicaragua, Bolivia) las naciones latinoamericanas han desconocido a su gobierno y respaldado a Guadió, con dos excepciones: Uruguay (se asegura en aquel país que por los negocios que mantiene el hijo del presidente Tabaré Vázquez con el régimen de Maduro) y México.
Nuestro país no dudó en desconocer la dictadura de Pinochet en Chile, a la de los años 70 en Argentina, Uruguay y otros países, a la de Anastacio Somoza en Nicaragua y fue, junto con Francia, clave al reconocer al FMLN en El Salvador para llegar a los acuerdos de paz. No se entiende que ante la dictadura de Maduro se actúe de forma diferente.