28-06-2019 La ruta que ha emprendido el gobierno federal en el terreno económico, y sobre todo energético, es difícil de entender. Apenas ayer el presidente López Obrador se reunió con un grupo de los principales creedores de Pemex para darle la luz verde a un plan de refinanciamiento de la deuda de la empresa petrolera de ocho mil millones de dólares. No se conocieron en detalles los términos el acuerdo, firmado con 20 bancos nacionales e internacionales, pero el mandatario subrayó que es una demostración de la confianza que tiene el sector financiero con Pemex y el gobierno federal.
Quizás es así, quizás lo que sucede es que todos, acreedores y deudores, son conscientes de que una empresa que debe más de 120 mil millones de dólares es muy grande para caer sin que todos paguen consecuencias difíciles de asumir. Pero no deja de ser loable que el gobierno federal asuma este tipo de compromisos y renegociaciones.
Por eso mismo es tan desconcertante todo lo demás que se decide en estos mismos ámbitos. Las controversias que ha iniciado la CFE con IEnova y la canadiense TC Energía por una parte, y con las empresas de Carlos Slim por la otra, por los gasoductos construidos por ellas resulta irracional si lo que se quiere es buscar la confianza de los inversionistas.
El ducto submarino que une Texas con Tuxpan es vital para proveer de gas natural a buena parte del sureste del país, el mismo que está sufriendo apagones porque no hay energía suficiente como para garantizar el abasto de esa región, vital para la economía nacional: no entiendo como se puede decir que el sargazo no es un problema grave (hoy representantes de trece naciones del continente están reunidas en Cancún tratando de encontrar una solución global para ese tema), pero mucho menos se puede entender que esa región, turística por excelencia, sufra de desabasto eléctrico. Y el mismo depende en buena medida del acceso al gas natural.
Protestó el gobierno canadiense a través de su embajador y la empresa IEnova (que jamás ha sido acusada de malos manejos) perdió en dos días 14 mil millones de pesos. No sé quién puede imaginarse, como se dijo en la mañanera del jueves, que ello no ocasionará ningún problema a la hora de aprobar el TMEC en el congreso canadiense, como si romper contratos internacionales no fuera algo trascendente. Estamos hablando de una obra que costó dos mil 500 millones de dóalares, que podría surtir de gas a todo el sureste del país y que está, por decisión de la CFE, como la de Guanajuato del grupo Slim, paralizada.
No se puede generar confianza en los inversionistas si el mismo día en que se anuncian compromisos de inversión de 32 mil millones de dólares enfocados sobre todo en la energía, se cancelan las licitaciones de contratos petroleros para asociarse con Pemex o cuando se otorga un permiso para un yacimiento no tradicional en Humapa, que deberá ser explotado con las nuevas técnicas de fracking, y al día siguiente se lo cancela. Por cierto, están pensando en el fracking con tecnologías de hace más de una década. Las nuevas tecnologías son infinitamente más límpias utilizian mucha menos agua y son la única forma de acceder a yacimientos de crudo y gas que no serían explotables de otra manera. Es la forma, por cierto, mediante la cual Estados Unidos logró la autosuficiencia energética. Pero nosotros, como en muchos otros temas, estamos mirando al pasado, ignorando nuevas tecnologías y métodos de explotación de nuestros recursos naturales.
Las consecuencias de la cancelación de Texcoco se siguen sumando día tras día. Apenas esta semana se supo que el TUA, el impuesto de uso aeroportuario que pagamos todos los viajeros, se utilizará durante los próximos 19 años para pagar los bonos de los inversionistas por no construir el aeropuerto de Texcoco. Es una de las decisiones políticas y de negocios más irracionales que se han tomado en la historia contemporánea del país. Ayer Excélsior publicaba en su primera plana que las aerolíneas internacionales ya han comenzado a sacar a México de sus rutas futuras, porque el actual aeropuerto está saturado y no hay certidumbre sobre qué sucederá en el futuro. El costo económico de esta decisión, de esa pérdida de conectividad, será enorme, sobre todo en término de inversiones.
Es difícil de entender. El gobierno federal asegura en todas las instancias que está interesado en la inversión privada, nacional y extranjera, pero, al mismo tiempo, parece tomar todas las medidas posibles para cerrarle los cauces que ella necesita. Porque te quiero, te aporreo.