24-09-2019 Las expresiones del renunciado director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones, Pedro Salmerón sobre el asesinato de Eugenio Garza Sada, no fueron un simple exabrupto de un funcionario cegado por el ideologicismo.
La propia secretaría de Cultura, de la que ahora depende ese Instituto, otorgó el domingo en lo que fuera la residencia oficial de Los Pinos, el premio nacional Carlos Montemayor a los sobrevivientes del ataque guerrillero al cuartel militar de Madera, Chihuahua, en donde murieron seos soldados. En el lugar está el mensaje.
El premio le fue otorgado “a Florencio Lugo Hernández y Francisco Ornelas, ambos sobrevivientes del asalto al cuartel de Ciudad Madera, en la Sierra de Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, evento histórico que marca el inicio de la etapa de lucha guerrillera en México”, dice el comunicado y agrega que “aunque es un hecho casi desconocido por el grueso de la población, el movimiento armado iniciado en 1965 cundió por todo el país, involucró a miles de personas e impactó profundamente en la realidad nacional, logrando imponer un viraje en el rumbo de la nación”, explicó el Comité, avalado por la secretaría de Cultura y encabezado por David Cilia Olmos, un ex integrante de diversos grupos armados. El sábado, en un evento con los premiados, Cilia Olmos declaró que el asesinato de Garza Sada se debía a que era el representante de la oligarquía en México y que en aquellos años el país estaba en guerra.
México no estaba en guerra ni el país vivía bajo una dictadura (quien lo asegure jamás ha vivido bajo una), existía un régimen con fuertes rasgos autoritarios pero también se gozaba de muchas libertades, la guerrilla de aquellos años no cambió, para bien, ni remotamente el rumbo histórico del país, Garza Sada no era el representante de ninguna oligarquía sino uno de los empresarios más emprendedores de México.
Como lo demostramos documentalmente en el libro Nadie supo Nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada (Grijalbo, 2006), esa célula guerrillera(como la que atacó Madera), sin relación con los grandes movimientos sociales, incluso con el grueso de la izquierda mexicana, estaba infiltrada por el gobierno de Luis Echeverría, que supo desde un año y medio antes cómo se organizaba el intento de secuestro y otras operaciones de esa organización, y no hizo nada por evitarlo porque quería sacar partido político del mismo. Más allá de las intenciones que tuvieran sus participantes, está comprobado que fueron manipulados todo el tiempo desde el poder. Llama profundamente la atención de que jamás se acepta esa realidad, ni se asume que la transformación de un país y de una sociedad se da desde la lucha política, como lo hicieron miles y miles de militantes de izquierda en el país, hasta lograr, paradójicamente, el triunfo de Morena.
Comenzar de cero
La investigación del caso Iguala no puede comenzar de cero por la sencilla razón de que ya existe una amplia investigación realizada desde hace cinco años, con personas detenidas, órdenes de aprehensión y más de 800 tomos de indagatoria.
Sobre lo sucedido el 26 de septiembre del 2019 en Iguala hay cosas que evidentemente aún no sabemos, pero sí sabemos lo principal, y en eso coinciden la PGR, la CNDH, e incluso cuando se dejan de hipótesis sin fundamento y van a los hechos los miembros del GIEI: el punto central es que los estudiantes fueron detenidos por policías municipales de Iguala por órdenes de los líderes de Guerreros Unidos suponiendo, quizás con fundamento, que entre ellos venían miembros del cártel rival de Los Rojos. Los jóvenes fueron entregados por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco a los sicarios. Aproximadamente 19 de ellos fueron muertos e incinerados en el basurero de Cocula, de ellosfueorn identificados dos, uno plenamente y otro parcialmente, en el laboratorio austríaco de Instbruck, de los demás no se sabe su destino. No hubo ninguna participación militar en los hechos y en torno a la policía federal la única fue que dos patrulleros se acercaron a los policías municipales cuando estaban deteniendo a los jóvenes y los municipales les dijeron que los llevaban detenidos a la cabecera municipal. Los federales no hicieron más por la simple razón de que no tenían porqué hacerlo: era un delito del ámbito local y los jóvenes estaban siendo detenidos por la policía local. Nadie podía saber que luego los entregarían a los sicarios.
Porque esto sí se sabe, indigna la liberación de sicarios y otros involucrados. Si no se comienza de esa realidad, de lo que se sabe y está comprobado, el crimen de Iguala estará condenado a ser un nuevo 2 de octubre del 68, una historia simbólica más donde no se ha hecho justicia.