03-10-2019 Hace un año, con motivo del 50 aniversario de la masacre de Tlatelolco, recordábamos en este espacio a Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad: “las épocas viejas nunca desaparecen completamente y todas las heridas, aun las más antiguas, manan sangre todavía”. Algo así sucede con el 2 de octubre del 68. La represión estudiantil de ese año, sigue siendo una herida abierta, en buena medida porque es también una bandera a utilizar en las más diversas circunstancias por víctimas y victimarios. La herida social “mana sangre todavía” aunque en realidad, el 68 y la matanza de Tlatelolco hace tiempo que han dejado de ser memoria viva para convertirse en una máscara detrás de la cual muchos se pueden esconder.
Tras esa máscara se ocultó, por ejemplo, la responsabilidad real del batallón Olimpia (un grupo de seguridad destinado a garantizarla durante las olimpiadas y que estaba conformado por elementos provenientes de distintas áreas policiales y militares) y de los funcionarios que lo comandaban y que ordenaron la represión del 2 de octubre en Tlatelolco, con el doble objetivo de disolver de una vez por todas las movilizaciones, atrapar al comité de huelga y acabar con la posibilidad de demostraciones que opacaran las olimpiadas.
Tras esa máscara se dejó en entredicho el papel del ejército, que también fue sorprendido y engañado, cuando fueron tiroteados sus elementos por los miembros del Batallón, lo que sirvió para tratar de responsabilizar a la Defensa y a los militares de una represión que fue ordenada por los mandos civiles que controlaban el Olimpia. Con ese ataque contra elementos militares que custodiaban la plaza de las Tres Culturas, se trató de colocar en la opinión pública la idea de los manifestantes como instigadores de la violencia, una imagen que se disolvió también porque convenía mucho más que el ejército cargara las culpas que le correspondían al Olimpia, la fuerza especial creada para la seguridad de la justa deportiva y que era manejada desde la presidencia y la secretaría de gobernación. Una la ocupaba el presidente en funciones, la otra su sucesor.
Algo similar sucede hoy con el caso Ayotzinapa. No existe voluntad de resolverlo. Si fuera así se estaría trabajando seriamente sobre la información que ya se tiene y que termina dejando ese acto brutal no como una masacre de Estado, sino en algo más prosaico, más real, más cotidiano y quizás hasta más terrible: el secuestro y muerte de 43 jóvenes por una disputa entre dos cárteles del narcotráfico que tenían, cada uno de ellos control sobre autoridades municipales, incluso estatales y sobre distintos grupos de poder local. Una lucha en la que se involucraron, como feroces enemigos, las distintas corrientes de la izquierda guerrerense.
Es mejor que todo quede en el mito, que no se resuelva, que se insista en que “fue el Estado“, en que, como Tlatelolco 51 años después, pese a que se tiene la información necesaria para deslindar responsabildiades y saber qué fue lo que realmente sucedió, todo quede en esa bruma histórica de la que se forman los mitos. La administración López Obrador quiere reescribir la historia y crear su propia mitología, para eso sirven desde los jóvenes de la Liga 23 de septiembre hasta los de Ayotzinapa, para contar una historia de lucha que culmina precisamente el primero de diciembre del 2018, cuando asume el poder Morena. Es el mito de la lucha contra una “dictadura conservadora“ donde se ignora, concientemente, un proceso de transición democrática pacífica que se desarrolló durante más de 30 años, que construyó instituciones, garantizó libertades y permitió alternancias políticas, olvidando que esa transición, esas instituciones, esas normas se crearon a partir de la reforma política de Jesús Reyes Heroles, en 1977. Y es que los mitos se venden mejor que la realidad.
Condonaciones especiales
La presidenta de Morena, Yedckol Polenvsky no recuerda con exactitud, dice, que le condonaron en 2013 nada menos que 16 millones 400 mil pesos de adeudos fiscales. Dice que el suyo fue un caso “especial” porque fue por un error de su contador, como si las cuentas fiscales de todos los demáscondonados las llevaran ellos mismos y no sus respectivos contadores. Por ese error “especial“, si se aprueba en Diputados la ley que están impulsando ella y su partido para convertir los delitos fiscales en delincuencia organizada, Yeidckol iría el día de la mañana a la cárcel, se le cancelarían las cuentas, se le expropiarían sus propiedades por la ley de extinción de dominio y, luego, se le iniciaría un proceso para ver si es o no culpable.