01-11-2019 Cuando decimos que la estrategia de seguridad del gobierno federal no funciona o por lo menos es notoriamente insuficiente, no nos referimos solamente a la detención o no de líderes del narcotráfico, ni siquiera al número de muertes en constante ascenso. El problema principal es que no existe una estrategia integral, para los distintos ámbitos y para todo el país.
Tres ejemplos. Primero, el espacio local. Sin policías locales, estatales y municipales que realmente funcionen no se avanzará en las condiciones de seguridad. Se ha dicho hasta el cansancio, se viene planteando en forma ininterrumpida desde el gobierno de Calderón y más allá de las declaraciones nunca se ha podido avanzar. La ley de seguridad interior daba un margen importante para ello pero terminó siendo derogada por razones más políticas que jurídicas, pero lo cierto es que hoy no hay nada que literalmente obligue a la Federación y a los estados a establecer un verdadero sistema policial homologado para todo el país. Y se llega a soluciones ridículas.
Por ejemplo, el subsecretario de gobernación, Ricardo Peralta anunció que se llegó a un acuerdo con los taxistas del aeropuerto capitalino para que allí no puedan recoger pasaje vehículos de plataformas digitales, como Uber u otros. La medida es por lo menos controvertida pero más allá de eso, para garantizar ese acuerdo, anunció que será la Guardia Nacional la que vigilará que los taxistas conserven el monopolio del pasaje.
La Guardia Nacional no está para eso. Se ha formado para tratar de garantizar la seguridad territorial, se supone que es un cuerpo especializado. Como si no estuviera lo suficientemente adelgazada teniendo 27 mil elementos instalados en las fronteras para controlar la migración, ahora quieren que se ocupe de problemas de tránsito (porque de eso estamos hablando) que tendrían que garantizar las policías locales. En esa lógica la Guardia Nacional siempre será insuficiente, con el agravante de que, además, será a esa institución a la que se responsabilizará del fracaso de la seguridad pública y hasta de los problemas de tránsito y movilidad.
Otro caso. La justicia. Los jueces siguen liberando alegremente a los detenidos relacionados con el crimen organizado. Un ejemplo: el juez Delgadillo Padierna, inflexible contra personajes como Rosario Robles, se torna dócil frente a los criminales: ya liberó a 30 de los 32 detenidos en La Fortaleza de Tepito, antes había liberado a los del cártel de Tláhuac. Por cierto, los Padierna (como otros “halcones” del actual gobierno, diría el general Gaytán) se opusieron al nombramiento de Omar García Harfuch en la secretaría de seguridad capitalina, por su trabajo, por cierto impecable, en la Policía Federal en el pasado. Las decisiones del juez representan la respuesta de esos grupos a cualquier intento de ser estrictos en la aplicación de la ley en la capital del país.
El caso se repite en todo el país de una u otra forma. Continuamente nos encontramos con delincuentes que al ser detenidos nos enteramos que ya han estado varias veces tras las rejas por delitos graves y nadie sabe cómo obtuvieron la libertad. No se trata sólo de que se haga cumplir a rajatabla el nuevo sistema de justicia penal, se trata de que se lo está aplicando mal, con mal criterio, y eso abre espacios para decisiones que se adoptan por miedo o por corrupción.
Tres. Las armas. Hay unas 14 millones de armas ilegales en México que se alimentan constantemente de las que llegan de Estados Unidos y también de Centroamérica (cerca de un tercio del total entran por la frontera sur). El operativo Frozen que se anuncia con la Unión Americana es lo mismo que se ha hecho en infinidad de otras ocasiones. No va a funcionar porque la oferta de armas no disminuirá en absoluto y porque la política de pacificación cómo está contemplada no sirve.
Para desarmar hay que destruir las estructuras delictivas, si éstas no se tocan, los criminales (lo acabamos de ver en Culiacán) se siguen armando y fortalecen. En Estados Unidos no hay estímulo alguno para establecer un control de venta de armas largas y mucho menos para controlar su ingreso a México. Desde 2004 se habla de ello y nunca ha funcionado. No tiene porqué funcionar ahora, con Donald Trump, un ferviente defensor de la Asociación del Rifle que ni siquiera impulsa el control de armas ante las masacres internas, en la Casa Blanca. Y menos en época electoral cuando la ANR financia a muchísimos candidatos al Capitolio.
Instituciones, justicia, desarme, eso es algo de lo necesario para una estrategia de seguridad integral.
Si hacia falta alguna prueba de q el gobierno federal no entiende ni comprende los temas básicos de seguridad y q tampoco entienden al enemigo al q se enfrentan es la orden q dio el presidente López Obrador para divulgar el nombre del jefe de las fuerzas especiales antidrogas. Sin palabras.