07-01-2020 Más allá de la seguridad, este año será decisivo para la administración López Obrador en términos económicos. Si el Presidente pidió un año para brindar resultados en el ámbito de la seguridad, en la economía y las finanzas no tiene mucho más tiempo, en realidad podría ser incluso menos.
Con mayoría legislativa propia, con la mayor parte de su agenda de cambio aprobada, el gobierno federal debe comenzar a dar buenos resultados económicos para que su discurso social tenga sentido. El tema central sigue siendo la confianza de los inversionistas, sobre todo en un año de fuertes incertidumbres internacionales, comenzando con la elección estadounidense y siguiendo con la creciente polarización en Medio Oriente, que puede detonar no sólo la violencia sino la muy temida recesión económica.
Distintos funcionarios en el gobierno federal asumen que el punto nodal pasa por las inversiones y ninguna es más importante que las relacionadas con la energía y particularmente con el gas. Santa Lucía o el tren maya, son del interés presidencial, pero no detonarán las inversiones en el país, no harán crecer la economía ni generarán los recursos fiscales que el país necesita para mantener los costosos programas sociales del gobierno. El populismo, para llamarlo de alguna forma, sólo se puede mantener, paradójicamente, con una economía abierta y con fuertes inversiones privadas. Cuando se combina con nacionalismo económico y políticas estatistas, las políticas sociales terminan condenadas al fracaso. El ajuste realizado por el gobierno en el gasto público ya afecta las finanzas públicas y la calidad de vida. No puede ajustarse más el cinturón. Ahora debe aumentar sus ingresos vía la inversión privada y el crecimiento.
Los inversionistas están más que atentos a lo que sucederá con las políticas energéticas, sobre todo en el sector del gas y en las rondas petroleras. El gobierno no puede permitirse regresar a una política monopólica en el sector porque simplemente no tendrá energía suficiente para sustentar el desarrollo, ni las inversiones necesarias para apuntalarlo. Cuando se anunció el año pasado el acuerdo de infraestructura, se dijo que en este enero se definiría todo lo relacionado a energía. El Presidente en su última reunión con algunos de los principales empresarios del país, poco antes de la navidad, también se comprometió a avanzar en ese tema. Pero los mensajes son contradictorios. Y lo que los inversionistas están esperando es que haya compromisos públicos claros y se puedan concretar las enormes posibilidades que ofrece el sector.
La aprobación del TMEC ofrece aún más en ese sentido. El objetivo de un enorme mercado común energético está en la mira del acuerdo y crece ante la inestabilidad que se vive en Medio Oriente y que no cambiará sustancialmente ni a corto plazo, se quedé Trumpen la Casa Blanca o gane un candidato demócrata la elección presidencial en Estados Unidos. Si esa crisis crece y repercute en la producción petrolera o en el tránsito por el estrecho de Ormuz, las inversiones energéticas en México serán vistas con mayor importancia aún. La definición está en manos del presidente López Obrador. De él tienen que provenir los mensajes y las señales para que se pueda generar la confianza en el sector. Y eso debe ocurrir este mismo mes.
La Corte
La llegada, ayer, de Margarita Ríos Farjat a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sólo abre una nueva etapa por la presencia, por primera, de tres mujeres en el pleno, sino también por el cambio de los equilibrios internos en el poder judicial. Un poder y una Suprema Corte que no puede ser juzgada por un tuit, controvertido o no, sino por la forma en que se resuelven los asuntos pendientes en ella.
Hace casi un año, poco después de asumir la presidencia de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar nos dio una entrevista en la que aseguraba que “a la Suprema Corte no le toca ser la oposición al gobierno, nos toca ser un poder equilibrador, que cuando alguna autoridad se exceda de sus funciones, lo corrijamos a través de nuestras sentencias, pero también nos toca generar gobernabilidad y un Poder Judicial que estuviera de manera consistente oponiéndose a decisiones de un gobierno, generaría inseguridad jurídica, generaría falta de gobernabilidad, afectaría el Estado de derecho… Tenemos que ser autónomos, pero ser autónomos no quiere decir que entremos a responder declaraciones del Presidente… La Corte tiene que ser neutral, tiene que ser el poder equilibrador, el gran árbitro de los conflictos constitucionales y el defensor de los derechos humanos de todas las personas“. Exactamente eso es lo que se le reclamará a la SCJN en esta etapa que ayer se abrió con nuevos equilibrios internos.