05-02-2020 Ayer en la madrugada intentó ser tomada por unos 30 jóvenes embozados la facultad de derecho de la UNAM. La semana pasada había sido tomada Ciencias Políticas y Filosofía y Letras lleva ya tres meses ocupada. La toma de Derecho fue impedida por un grupo de profesores, encabezados por el director de la facultad, Raúl Contreras. Poco después fue tomada la preparatoria 8 de la misma Universidad Nacional. Al día de hoy hay unas ocho escuelas y facultades ocupadas por jóvenes no identificados que ni siquiera se sabe si son o no estudiantes universitarios.
La demanda original, en contra del acoso sexual que denunciaban algunas jóvenes de preparatoria, prácticamente ha quedado arrumbada, se utiliza como un leit motiv alejado de la acción real de los y las ocupantes. Una causa justa, como tantas otras veces, se utiliza para esconder un movimiento que tiene los más oscuros intereses.
No nos engañemos, el actual movimiento en la UNAM, alejado de cualquier representatividad real entre la mayoría de estudiantes, académicos y trabajadores, tiene como objetivo paralizar la Universidad Nacional. Y todo ocurre con un accionar más que cauto de buena parte de las propias autoridades universitarias y con el estruendoso silencio del gobierno federal.
La administración López Obrador, a pesar de su discurso, no quiere ni a la UNAM ni a la mayoría de las universidades públicas del país, salvo las que él mismo ha impulsado, que están muy lejos de ser verdaderas universidades. No las quiere porque desconfía de la autonomía, sea la de la Universidad como la de muchos otros organismos públicos. En los primeros días de gobierno intentaron borrar de un plumazo la autonomía universitaria en una reforma de ley. Ante la reacción que se suscitó dijeron que había sido un simple olvido, un error. En el presupuesto le redujeron dramáticamente los recursos, y luego de muchas gestiones con los diputados se logró de alguna forma equilibrarlo.
Pero lo cierto es que la Universidad Nacional y las demás universidades públicas vieron reducido sus recursos al tiempo que el gobierno federal destinó más de milmillones de pesos a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, la red de cien universidades que prometió el presidente López Obrador desde su campaña que, por supuesto carecen no sólo de autonomía, sino también en ocasiones hasta de un domicilio conocido. No se conocen sus programas, los docentes son elegidos discrecionamente, la mayoría de las carreras no tienen aún siquiera el reconocimiento de la SEP. Pero todo sus estudiantes, que tampoco se sabe bien a bien quiénes son o cómo se evalúan, reciben mensualmente dos mil 400 pesos de apoyo desde el gobierno federal.
Al pedido de mayor presupuesto de la ANUIES para las universidades públicas, asumiendo además que el gobierno federal impulsó la gratuidad de los estudios universitarios, el propio presidente respondió en octubre pasado que aceptaría “chantajes”.
Mientras tanto, en prácticamente todos los estados de la república se han presentado, por legisladores locales de Morena, iniciativas para abolir o restringir la autonomía en las universidades públicas locales.
En este contexto, lo que sucede en la UNAM resulta, por lo menos, sospechoso. Paso a paso esas ocupaciones parecen dirigirse a una paralización de la Universidad que recuerda al movimeinto que en 1999 terminó en una huelga de casi un año que le costó el cargo al rector Francisco Barnés. En aquella ocasión, el paro fue impuesto por un pequeño grupo de activistas y tuvo como coartada el posible aumento de las cuotas universitarias. Ahora no existe ni siquiera una agenda clara, más allá de las denuncias de acoso sexual, sin un destinario siquiera definido.
El silencio oficial sobre lo que está ocurriendo en la UNAM es escandaloso, pero la actitud de la autoridades universitarias es, por lo menos, temerosa. El mensaje del rector Enrique Graue en días pasados pidiendo mesura ante las ocupaciones, es desconcertante, porque la denuncia contra los ocupantes y las acciones para impedir más ocupaciones tendrían que ser contundentes, tanto como la operación para que el plan desestabilizador contra la Universidad y su rector no siga avanzando impunemente.
Pareciera que no se termina de comprender que lo que está en reisgo no es un semestre de clases sino la autonomía universitaria: la base que le otorga una razón de ser a la propia UNAM y a la educación superior en el país.