24-03-2020 No “se avizora” una crisis económica, la crisis ya está entre nosotros, los costos son evidentes y el gobierno federal sigue en una extraña atonía, quizás pensando que las emergencias, económica y sanitaria, nos castigarán pero finalmente pasarán y seguiremos adelante.
Hoy entramos en el día uno del aislamiento social y la economía sigue en caída libre: empresas y plantas industriales comienzan a cerrar, como lo han hecho ya restaurantes, comercios y hoteles, las líneas aéreas están a punto del colapso al igual que el turismo. Las remesas caerán drásticamente porque los latinos serán de los más afectados por las medidas de aislamiento en los Estados Unidos, mientras que el precio del petróleo apenas cubre el costo de producción.
Ante esto, el fin de semana el gobierno federal insistió vía redes en explicar que “El @GobiernoMX afronta la contingencia de salud, cuidando la economía popular: No aumentarán los precios de las gasolinas, la luz o el gas. No aumentaremos impuestos. La pensión para adultos mayores se adelanta un bimestre y mantendremos todos los programas sociales”. O sea que seguirán como si nada sucediera, cuando el mundo está tomando medidas de todo tipo, sobre todo fiscales y de protección a sus empresas y empleos, para paliar en lo posible una crisis que se prevé más profunda que la del 2008 en sus consecuencias inmediatas.
Pero, además, se cometen errores que serían inadmisibles en cualquier momento pero que son incalificables en medio de una crisis. A través de una consulta popular ilegítima, sin viso alguno de legalidad, se cancela la construcción de una planta cervecera en Mexicali concluida ya en un 70 por ciento, con una inversión de mil 400 millones de dólares, de los cuales 900 millones ya habían sido ejercidos y que generaría miles de empleos. Es como una repetición de lo del aeropuerto de Texcoco, de menor dimensión económica, pero de mayor impacto en los inversionistas: si lo de Texcoco fue una insensatez respecto a una obra construida con recursos públicos, aquí se está violando la seguridad jurídica de una empresa privada que tenía todos los permisos y que ya había invertido sus propios recursos en la construcción de una planta.
El presidente López Obrador utilizó como argumento para respaldar la consulta que él mismo impulsó, que esa era la opinión de la gente y había que respetarla, pero además que esas eran decisiones tomadas por el gobierno anterior, como si eso fuera excusa para violar la seguridad jurídica básica que debe tener cualquier inversionista: pueden cambiar los gobiernos, pero su inversión está garantizada por las leyes del Estado mexicano, independientemente de quien gobierne. Nadie se atreverá a invertir millones, menos aún en un escenario de crisis, en un país donde por una ocurrencia se puede cancelar una inversión ya realizada y una obra en curso de ser terminada.
Se podrá argumentar que el gobierno puede indemnizar a la empresa. Pero ese es un sinsentido mayor: terminaremos pagando con recursos públicos (como en Texcoco) por no hacer la obra mucho más que por concluirla. Con el agravante de que la empresa afectada muy probablemente recurrirá ante los tribunales del nuevo TMEC y tendrá una indemnización aumentada por una evidente violación a las normas del tratado. El daño para la empresa es enorme: ésta era una inversión estrategia que estaba destinada a surtir de cerveza nacional a todo el mercado del sur de California. No sirve de nada que el propio Presidente diga que “vamos a buscar la forma de que tengan facilidades, si así lo desean, de poder poner la planta en otro sitio”, como si una planta de esa dimensión fuera un lego que se puede desarmar y montar en otro sitio.
Ya el 18 de marzo el Presidente había que no habría nuevas licitaciones o farmouts en energía, insistió en que se construirá Dos Bocas y se invertirá en las plantas de refinación existentes, que con recursos públicos se construirá el Tren Maya, que no habrá cambios en su política económica. Se asegura que en estos días se presentará el plan de infraestructura energética con obras en las que el capital privado invertirá apoyado en el sector público. No alcanzará ni remotamente para darle vuelta a una crisis que ya está entre nosotros y que sólo se podría paliar con el Estado cumpliendo su papel: protegiendo empresas, fuentes de empleo y a la ciudadanía, generando confianza y facilitando la inversión privada que es la única que genera empleos y riqueza. Hoy vamos en sentido opuesto.
DN III y hospitales
Todo indica que a sus crecientes tareas las fuerzas armadas tendrán que sumar ahora un papel protagónico en la crisis sanitaria: a un plan DN III adaptado a las circunstancias de la emergencia médica, se sumará la administración y la operación de diez hospitales especializados.