15-04-2020 El presidente López Obrador piensa en términos electorales, incluso en plena pandemia y con una crisis económica en puerta con repercusiones imposibles de dimensionar plenamente. Su estrategia siempre ha sido redoblar las apuestas, con la enorme diferencia es que una cosa es hacerlo cuando se es candidato y otra cuando se detenta la Presidencia de la república. Nunca ha dejado de verse y sentirse como un candidato, nunca ha dejado de estar en campaña. Dicen que la psicología personal es destino sexenal y en el caso de López Obrador es evidente.
Ayer, el Presidente regresó a una idea que no abandona porque tiene relación directa con su destino político y electoral: realizar una consulta de revocación de mandato para el año próximo en coincidencia con los comicios de medio término. Una propuesta que ya ha sido rechazada en el congreso y trasladada, si el Presidente insiste en realizarla, hasta el 2022. Pero aprovechando las críticas que ha recibido por el manejo de la emergencia sanitaria y la crisis económica, ayer le ofreció “a los conservadores” (o sea a todos sus críticos, quienes sean) adelantar esa consulta para el 2021.
Algún incauto podrá pensar que el Presidente en realidad quiere poner su cargo sobre la mesa, pero en realidad la propuesta es un frío cálculo electoral. Para 2021, las encuestas muestran que Morena, el partido en el gobierno, apenas alcanza un 18 por ciento de preferencias electorales, prácticamente lo mismo que el PRI y el PAN. La popularidad del presidente López Obrador ha decaído en los dos últimos meses, pero sigue estando en alrededor del 45 por ciento.
No es algo nuevo: en el 2018, el candidato López Obrador ganó con el 53 por ciento de los votos, pero Morena apenas consiguió un 40 por ciento. Tiene amplia mayoría en el congreso por sus aliados y por los mecanismos de sobre representación existentes en la legislación electoral. Lo que está en riesgo para el oficialismo en 2021 es esa mayoría en la cámara de diputados, además de los estados, municipios y congresos locales que estarán en disputa. Morena, como partido, es un desastre: ni siquiera ha podido sacar adelante su proceso interno de cambio de dirigencia. Hoy la única carta de Morena para tratar de refrendar su mayoría en la cámara de diputados es la participación electoral del presidente López Obrador, de lo que estaría impedido legalmente, salvo que pueda ligar la consulta de revocación a la elección legislativa y estatal.
Eso es lo que está, nuevamente, sobre la mesa. Por eso es importante insistir en que, en este momento, lo que se plantea no es la revocación de mandato sino que el primer mandatario establezca los pactos y acuerdos necesarios para encaminar los esfuerzos nacionales en torno a la emergencia sanitaria y la recuperación económica.
Pero las apuestas no sólo se realizan en un ámbito interno. El gobierno federal ha decidido jugar a la alianza con Donald Trump con evidentes implicaciones electorales, la misma apuesta que hizo en su momento, Enrique Peña Nieto. Todo lo ocurrido en torno al acuerdo de la OPEP lo pone de manifiesto. Que se diga que no se negoció nada con Trump para que apoyara ese acuerdo es por lo menos una ingenuidad.
La pregunta es evidente: ¿qué pasará si Joe Biden gana la elección?. Se podrá argumentar que Marcelo Ebrard, cada día más (para bien) en papel de primer ministro del gabinete federal, participó, aunque sea marginalmente en la campaña de Hillary Clinton y tiene buenas relaciones con algunos demócratas, pero eso fue hace cuatro años. Hoy, la administración López Obrador ha apostado y muy fuerte por Trump. Y la agenda demócrata, en muchos puntos, entra en conflicto con la que se ha negociado con la Casa Blanca, desde capítulos centrales del TMEC hasta la migración. Por cierto, el promedio de encuestas que publicó ayer Real Clear Politics muestra que Biden tiene un 59 por ciento de apoyo contra un 53 por ciento de Trump.
El regreso
El acuerdo alcanzado por el gobierno federal con los hospitales privados es positivo en dos sentidos: por una parte, por las obvias implicaciones sanitarias ante el desafío del covid 19. Segundo, porque demuestra que la iniciativa privada y el gobierno federal pueden llegar a acuerdos ventajosos para las dos partes y para la sociedad. Y por más que en el entorno oficialista no se deje de festinar este acuerdo como algo “único”, “que nunca había ocurrido”, habrá que recordar que, básicamente, lo que el mismo establece es lo que ya existía con el seguro popular: la subrogación privada de servicios de salud al sistema público. Un seguro popular que deslegitimaron para reemplazarlo por un INSABI que cada día que pasa deja ver más sus carencias. Y no hablemos del IMSS. Ya en su momento el ex director y hoy senador Germán Martínez, dejó en claro el desastre que sobrevendría.