16-04-2020 Para Raquelita, fantástica en sus nueve años ¡felicidades!
Hace casi un año hablábamos aquí de la necesidad de combatir la inseguridad en los puertos y aduanas del país, al mismo tiempo que se garantizaba la viabilidad comercial de esos espacios. A esas exigencias se debe agregar, ahora, la de combatir una corrupción que resulta cada día más evidente.
En abril del año pasado entrevisté al Almirante Rosendo Escalante Ilizaliturri, jefe del estado mayor general de la Marina. Fue una larga plática en la que, entre otros temas, hablamos de cómo garantizar la seguridad en los puertos del país, uno de los puntos más vulnerables en la lucha contra los grupos criminales. Decía el Almirante que la participación de los marinos en esos esquemas de seguridad eran imprescindibles y que incluían no sólo los controles en los puertos sino también en los litorales y el mar territorial.
Algo similar expresan los mandos militares respecto a la seguridad de las entradas terrestres del país, que son las que registran mayor movimiento de personas y mercancías. Existen 44 puntos de entrada en todo el país y el movimiento de todos ellos es intenso y no exento de riesgos, no sólo por las vertientes del crimen organizado, sino también, por los crecientes conflictos migratorios.
Las aduanas obedecen a principios de política fiscal y comercial: tienen como función la facilitación y armonización del comercio, estableciendo controles a través de un análisis de riesgo y utilizando cada vez más instrumentos tecnológicos para ello. Son entes comerciales y fiscales que deben facilitar el comercio, no frenarlo. Eso no es contradictorio con la existencia de mecanismos de seguridad en los espacios aduanales que pueden y deberían ser llevados adelante por instancias militares y navales.
Pero si el comercio y la seguridad son vertientes inevitables en el comercio aduanero, la corrupción que se detecta en muchas instancias se torna más peligrosa aún porque detona otros desafíos. La mayor resistencia al cambio estriba en los altos mandos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y tiene relación con los intereses económicos que ahí se manejan. La Secretaría de Marina debe de asumir el control de los Puertos y de la Marina Mercante, y así comenzar con la renovación de las Administraciones Portuarias (APIs) que siguen manteniendo en los hechos las peores estructuras que heredaron de los gobiernos anteriores.
Apenas ayer se frenó una licitación amañada en las APIs y la Marina Mercante de Veracruz, que, con un sobrecosto de 20 por ciento, se buscaba otorgar a GNP, del despacho regio Yturria y el broker de reaseguro Reinsurance Consulting. El contrato buscaba amparar los bienes y operación de estos puertos. Ante una serie de denuncias ante la Función Pública, los beneficiarios todavía intentaron fraguar una segunda opción, buscando una alianza con el despacho de Pablo Crain y AXA para una adjudicación directa, intentando declarar desierto el proceso, con el mismo sobrecosto pero cambiando la compañía aseguradora de GNP a AXA.
Ayer el proceso fue cancelado, pero debe ser definido en las próximas horas e involucra millones de dólares. Son los negocios, las complicidades que hacen que los puertos, las aduanas, las APIS, terminen siendo en Veracruz, como en Lázaro Cárdenas o Manzanillo, instrumentos de la delincuencia, organizada o no. La Marina debe jugar un papel clave para romper esa cadena de corrupciones e inseguridad que termina afectando inevitablemente el comercio internacional.
Código antiético
Se dio a conocer un código bioético de atención a los pacientes para una situación de catástrofe sanitaria, que ha generado rupturas en la propia secretaría de Salud, deslindes de funcionarios y hasta de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque a pesar de que el documento está firmado por el Consejo General de Salubridad, sus integrantes no fueron consultados al respecto. La atención y la utilización de los equipos como respiradores, dice el código, se determinará por la edad y si fuera necesario por un volado, por el azar.
Oficialmente hay ya dos millones de personas contagiadas de covid 19 en el mundo, aunque los especialistas, ante la falta de pruebas en muchos países, estiman que la cifra real podría ser hasta 10 veces mayor, como ocurre en nuestro país. Todo, mientras nos aproximamos a decretar en el país la fase tres y se pierde el tiempo discutiendo sobre la revocación de mandato o se debate con artistas y futbolistas, como si éstos no tuvieran derecho a opinar. Pero la difusión del Código y la forma tan pedreste con que fue redactado, ha sido interpretado como una muestra más de una crítica falta de empatía con la gente.