17-04-2020 Como el tema de la revocación de mandato no funcionó, en realidad estaba agotado desde que en el senado el oficialismo no tuvo mayoría para sacarlo adelante hace ya varios meses atrás, ahora se filtra que el presidente de la República ordenó a distintas agencias comenzar a investigar los movimientos financieros del ex presidente Peña Nieto y de su grupo más cercanos de colaboradores (como si no lo hubieran hecho desde el día uno en el gobierno).
Si encuentran delitos por los que castigar a Peña Nieto o a su poco defendible ex secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, o quien sea, que se actúe, ese no es el problema. Sí lo es que el presidente López Obrador en muchas ocasiones dijo que no lo haría (por lo menos no contra Peña Nieto) y peor aún que lo vaya a hacer ahora, en plena pandemia y cuando la gestión gubernamental ha sido muy criticada por su accionar ante ella. Nadie pensará que es justicia, sino un simple distractor.
El Presidente sigue en campaña, incluso ante la emergencia sanitaria global y un día sí y otro también insiste, tanto él como sus propagandistas, en polarizar el país y la sociedad. Es verdad que muchos lo acompañan en el mismo intento desde posiciones antagónicas, pero el Presidente de la República no es uno más, y el aparato de comunicación del gobierno federal no es un medio de comunicación privado.
Lo que se reclama con mayor insistencia es un acuerdo, un pacto, con distintos sectores, políticos y sociales para canalizar los recursos que sean necesarios al sistema de salud, restablecer la economía, salvar fuentes de empleo y habría que agregar (porque todo mundo parece haberlo olvidado en esta coyuntura) restablecer la seguridad pública, más abandonada que nunca durante la pandemia. Eso obligaría a dialogar, a llegar a acuerdos, a conceder para recibir también concesiones y gobernar para todos.
Pero esa no es la vía elegida: aún en esta coyuntura se prefiere la confrontación, e incluso en el discurso se pone más atención y tiempo en ella que en la propia situación sanitaria y económica del país. Si bien nos va, tendremos una caída económica de cerca del seis por ciento del PIB. Con base en las cifras de finales de marzo, a esta altura sin duda se han perdido más de medio millón de empleos. Si nos basamos en lo dicho por el subsecretario López Gatell, la cifra real de contagiados por Covid 19 debe multiplicarse por lo menos por diez, lo mismo que la de víctimas. Ayer mismo se anunció que las medidas de sana distancia durarán hasta fin de mayo y por ende hasta esa fecha la economía estará paralizada.
Desde el comercio hasta la industria, desde el turismo hasta la aviación, casi todos los sectores productivos son zona de desastre. La gente oscila entre quienes prefieren ignorar las advertencias epidemiológicas para simplemente salir a trabajar y los que están aterrados por una situación donde la información ha sido poco clara, confusa y para muchos sospechosamente benigna. La relación del gobierno federal con los gobernadores o con los empresarios pasa por el peor momento desde que comenzó esta administración y parece que nadie quiere detener esa dinámica. La lista podría continuar casi indefinidamente, pero lo cierto es que no se ha presentado, para ninguno de esos desafíos, una respuesta específica, clara, incluyente, de parte del Estado.
Si se tiene que actuar judicialmente contra Peña Nieto, Miranda o quien sea, que se haga, pero no tiene sentido filtrarlo y tratar de generar un debate en el vacío que intente ocultar la verdadera conversación nacional que gira en torno a la sanidad y la economía. Para eso se requieren respuestas y soluciones. Si no fue urgente debatir hasta mitad de marzo pasado sobre la revocación de mandato, sobre investigar a Peña, sobre la maldad intrínseca de los conservadores o sobre la creciente simpatía y cariño de Trump hacia México, eso demuestra que son temas que se pueden aparcar hasta que termine, esperemos que en junio, la emergencia.
Hoy la gente quiere que se les garantice la atención hospitalaria, los médicos y enfermeras quien tener los equipos suficientes y adecuados para trabajar, los empresarios y los trabajadores quieren conservar sus empresas y empleos. Y la enorme mayoría de los mexicanos no olvidamos que nada de eso se podrá conseguir plenamente si no se garantizan la seguridad pública y la jurídica.
Es urgente un pacto, un acuerdo. Pero el gobierno federal (y muchos de sus opositores) parece que ya descontaron la crisis y ya están embarcados en la campaña electoral del 2021. La sociedad es la que pagará las consecuencias.
Por cierto ¿a nadie le parece extraño que poco más del 9 por ciento de todos los infectados por Covid 19 sean médicos?. ¿De verdad alguien cree que cuentan con el equipo y la protección que su labor requiere?