27-04-2020 El decálogo que presentó el sábado el presidente López Obrador para “proteger” a los que llamó las “clases medias, medias altas y grupos corporativos”, o sea lo que él mismo considera “el 30 por ciento de la población” que está fuera de sus programas de apoyo, llama la atención porque no consta de una sola medida que pueda ser calificada como especial o incluso que no sea legalmente obligatoria para cualquier gobierno.
En el primer punto, el Presidente garantizó “cero corrupción e impunidad”, lo que implica, dijo, “piso parejo, que no haya influyentismo para el que quiera hacer un negocio, [que] tenga igual trato que cualquier otro, que no haya preferencia, que se garanticen condiciones de igualdad”. Eso, hoy, es una expresión de deseos que ojalá se cumpla. Por lo pronto lo que está ocurriendo en las aduanas, por ejemplo, es una buena demostración de que estamos muy lejos de esos deseos. Que la mayor parte de los contratos, sobre todo ahora con la pandemia, se otorgen por adjudicación directa tampoco ayuda a la cero corrupción.
Prometió que habrá una reducción al gasto del gobierno para liberar fondos al desarrollo, pero en realidad lo que se necesita no es más austeridad, sino mayor capacidad de gasto del gobierno en programas contracíclicos, hoy inexistentes. Dice el Presidente, como parte de este decálogo, que “se asegurarán las libertades y habrá un verdadero Estado de derecho”. Qué bueno, pero esa simplemente es su responsabilidad constitucional, es lo que debe garantizar el gobierno federal, éste o cualquier otro.
El primer mandatario ofreció “paz con justicia”, porque “imagínense, si tenemos bienes, pero nos secuestran, nos quitan nuestra liberad, sufrimos, padecemos, eso no. Estamos buscando garantizar a todo el pueblo de México la tranquilidad, la paz y esto se logra con justicia social”. Pues al día de hoy nos secuestran, nos roban, nos asesinan. Marzo ha sido el mes más violento del año y el tercero desde que se miden los homicidios dolosos: dos mil 616, incluyendo 76 feminicidios, el doble de asesinados que el número de muertos por covid 19 desde que inició la pandemia en México.
Prometió que no habrá aumento ni nuevos impuestos, que no aumentarán los precios de los combustibles. Qué bien, pero lo que se reclamaba era apoyos fiscales para pasar la pandemia, para preservar trabajos. Aparentemente el SAT permitió que las declaraciones fiscales anuales de personas físicas se presenten hasta junio: si es así está muy bien. Pero la gasolina está más barata porque se derrumbaron los precios del crudo. De todas formas la gasolina sigue siendo mucho más cara en México que, por ejemplo, en Estados Unidos y muchos otros países, por el impuesto que le aplica el gobierno.
Las tasas de interés están bajando, están a seis por ciento según la tasa de referencia del Banco de México, porque necesitamos que no huyan las inversiones financieras. En Estados Unidos está en torno al 2 por ciento. Indica el decálogo que habrá más inversión en obras públicas, porque se están construyendo proyectos como el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, para el que se compra cemento y acero a empresas privadas. Por cierto, esas industrias sólo trabajan para esos proyectos, por lo demás han sido consideradas no esenciales y están en parte paralizadas.
Recordó que ya se entregó el primer contrato de la construcción del tramo inicial del Tren Maya, a una empresa mexicana asociada con una firma china. Fue para la empresa de origen portugués Mota Engil que, arrastra denuncias de corrupción tipo Odebrecht y que fue inhabilitada por la Función Pública y por Pemex en su momento. La empresa china es la misma que había obtenido el contrato para la construcción del tren México-Querétaro, que fue cancelado luego de que se denunció que había habido malos manejos en el otorgamiento de aquella obra. Esa misma empresa china fue inhablitada por el Banco Mundial para cualquiera de sus obras por sus malos manejos en la construcción de carreteras en Filipinas.
El décimo punto es la entrada en vigor, el próximo 1 de julio, del TMEC. Sin duda es muy importante por innumerables razones pero, simplemente para precisar una, porque obligará desde esa fecha, si no es antes, a reactivar las cadenas de producción de los tres países, muy integradas sobre todo en industrias como la automotriz. Cuanto antes comiencen a trabajar y se las considere esenciales, hoy no es así, menor será el daño a la economía. Sin duda el TMEC es clave para el futuro del país, pero no puede ser considerado como parte de un programa de ayuda a la clase media. En realidad, la clase media es un sector que ha quedado desprotegido ante la crisis.