25-05-2020 Son ocurrencias, buscapiés políticos, amenazas, distractores. Algunas quedan en el limbo legislativo y político, pero otras se convierten en leyes.
Este fin de semana tras una iniciativa del gobernador Miguel Barbosa, el congreso de Puebla decidió, en formato fast track, que el gobierno del estado tomara el control de la educación privada en todos los niveles: desde ahora el estado de Puebla fiscalizará, regulará cuotas y en un artículo de ley que nadie terminó de interpretar dice que “todos los bienes de las escuelas privadas pasan a formar parte del sistema educativo estatal”. El gobernador dijo que quedaron atrás los tiempos en los que la educación era un negocio: “no es un negocio, insistió, no debe ser un negocio y nunca ser utilizada para lo que se utilizó en otros tiempos: las estafas maestras”.
¿Qué tiene que ver la llamada estafa maestra con esta decisión? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que si la ley se aplica en toda su extensión y como está redactada así podría ocurrir, el gobierno del estado podría estar expropiando todos los bienes de la educación privada e interviniendo en sus contenidos y administración. Porque, más allá de lo que diga Barbosa y del interés social que pueden tener muchas instituciones privadas, claro que son un negocio, en México y en todo el mundo, e incluso las que operan con la intención sólo de obtener ganancias para reinvertirlas en la propia institución, tienen que hacerlas funcionar como un negocio. Es una actividad privada que se sostiene por sus propias inversiones y recursos y que debe tener, por ende, ingresos y beneficios, independientemente de que se desempeñe, como un hospital o un asilo, en el sector social.
El daño que esto le puede hacer al estado de Puebla es enorme. Puebla tiene uno de los mejores sistemas educativos privados, sobre todo a nivel superior, del país. Es un centro al que acuden jóvenes de muchos estados y del exterior a estudiar en alguna de las 25 universidades privadas que operan en el estado, muchas de ellas de un muy alto nivel educativo y con altos niveles de especialización. A nivel básico y medio en el estado hay dos mil 775 escuelas privadas. En muchos sectores, especialmente entre los rectores y directores de este amplísimo sistema de educación privada del estado, existe lisa y llanamente indignación por una legislación sobre la que fueron ni siquiera consultados.
No sé qué pensará el presidente López Obrador de esta ocurrencia que hoy ya es ley en Puebla, pero me queda claro que jamás escuché al secretario de Educación, Esteban Moctezuma ni remotamente hablando de ello. Pero incluso el propio López Obrador dijo en la conferencia mañanera del 29 de agosto pasado que “se tenía que garantizar el derecho a la educación, lo que implicaba, también, que los padres de familia que tengan posibilidad de pagar una escuela particular lo puedan hacer”. Reiteró que “existe una normatividad vigente con la que nunca ha habido problemas, por lo que continuará la educación mixta, pública y privada, con la obligación del Estado de garantizar la educación gratuita y de calidad en todos los niveles escolares”.
Por cierto el gobernador Barbosa, el mismo que decía que “la vacuna que ya se descubrió en contra del coronavirus es un plato de mole de guajolote”, ahora dio un giro de 180 grados y denuncia que el gobierno federal subestima el numero de muertos en su estado y decidió unilateralmete que las grandes fábricas de automóviles como Volkswagen y Audi, con sus cientos de abastecedores, no abrirán el primero de junio.
No soy de los que creen que el destino ineludible de la administración López Obrador sea el camino bolivariano, aunque muchos epígonos del entorno presidencial estarían encantados con ello, pero acciones como la tomada en Puebla sobre la educación privada, son las que generan ese temor y desconfianza.
Y en ese camino se encuentran las decisiones de Rocío Nahle y Manuel Bartlett en el terreno energético; las propuestas de Dolores Padierna para que el gobierno se apropie de todos los fideicomisos, desde el Fonden para desastres naturales hasta el del Fidecine; las iniciativas para desaparecer las afores y concentrar todos sus recursos en el banco del Bienestar; la propuesta del líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar de transformar el INEGI en una suerte de Gestapo; y muchas otras iniciativas que se presentan y que a veces son desmentidas, o se dice que son malinterpretadas, incluso como parte de la permanente conspiración que el gobierno federal hace flotar sobre el escenario nacional. Y todo eso lo que hace es dañar la certidumbre y la confianza, alimentar un ambiente de confrontación y ruptura que no le conviene ni al gobierno ni a la sociedad.